Get Adobe Flash player

Actualidad

La Caja de Compensación Familiar del Cesar (COMFACESAR) recuerda a la comunidad y a los afiliados que para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda no se requiere  de  intermediarios,  así como  tampoco de pago económico para ser beneficiario del mismo.

En ese sentido, rechaza las acciones de personas inescrupulosas que se hacen pasar por tramitadores exigiendo dinero a las familias para acceder a los programas de la empresa u otros beneficios como subsidios.

La Caja ha recibido en los últimos días denuncias de la comunidad, respecto a un supuesto tramitador que ofrece subsidios para un proyecto denominado Altos de Comfacesar II, el cual no existe, ni está en trámite.

Exhortamos a los afiliados, comunidad general y beneficiarios de nuestros programas no dejarse engañar por personas que brinden información en la calle y que se acerquen directamente a las oficinas de la División de Vivienda de Comfacesar, ubicadas en la calle 14 # 14 – 46.

 

En control excepcional al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA, Contraloría General encontró hallazgos fiscales por $2 mil 506 millones

Hallazgos con presunta incidencia fiscal por $2.506 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República al terminar una Actuación Especial de Fiscalización, en la modalidad de control excepcional, al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA.

El organismo de control evaluó específicamente a la ejecución del contrato de obra pública No. 040 del 06 de agosto de 2014, por una cuantía inicial de $29.658 millones de pesos, suscrito por Katrizza Morelli Aroca, en su calidad de representante legal del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S. – SIVA S.A.S., y el Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte, integrado por las empresas KMA Construcciones S.A. y CICON S.A.S., y representado legalmente a su vez por Menzel Rafael Amín Avendaño.

El contrato tenía por objeto la construcción y rehabilitación de la malla vial, espacio público, optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, y construcción del colector de aguas lluvias de la avenida Simón Bolívar, entre las glorietas del Terminal y La Ceiba. También incluía la optimización del canal de aguas lluvias de la calle 44, también conocido como “Canal de Panamá”, desde la glorieta del Terminal, hasta el río Guatapurí, así como sus obras complementarias.

Además de los recursos aportados por el Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar mediante convenios de cofinanciación, el proyecto se financió con recursos de la Nación, que se dispusieron a favor del SIVA S.A.S. a través del Documento CONPES # 3656 del mes de abril de 2010, donde expresamente se había establecido que el proyecto disminuiría la emisión de gases y partículas contaminantes del Sistema, así como los tiempos de viaje de los usuarios de transporte público, debiéndose convertir en un proyecto central para la recuperación urbana de la ciudad de Valledupar, y de su centro histórico como atractivo turístico. 

Además, las obras debían generar 9.500 empleos para la región, así como las mejoras necesarias en materia de movilidad y aprovechamiento del espacio público.

Detrimento patrimonial por inconvenientes en la planeación.

ejecución del contrato y daños en las obras recién ejecutadas

El plazo inicial de ejecución del contrato de obra No. 040 de 2014 era de 16 meses, pero el mismo fue prorrogado en el tiempo y su valor adicionado en más de $12 mil millones, para una cuantía de $41 mil 756 millones de pesos. Sin embargo, se le sustrajeron $3 mil 352 millones, mediante acta modificatoria del 22 de marzo de 2017, para un valor final del contrato de $38 mil 403 millones, y un plazo de ejecución final en 36 meses y 10 días, de los cuales, más de un 80% ha sido cancelado al contratista, es decir $31 mil millones. El contrato se encuentra aún en ejecución.

La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Cesar, pudo verificar la totalidad de los comprobantes de egreso, cotejándolos contra cada una de las respectivas actas de obra, informes, el expediente contractual y acorde con las visitas efectuadas en obra, encontraron irregularidades por más de $2.506 millones de pesos generados a partir de los pliegos de condiciones, ejecución del contrato y daños en las obras.

En efecto, entre los hallazgos relacionados con daños en las obras se encuentran: en la estructura del canal de la calle 44 ($1.727 millones), en el boxculvert de la carrera 5 (más de $76 millones) y en la Avenida Simón Bolívar ($232 millones).

La Contraloría pudo igualmente establecer que algunos tramos de la construcción del canal en concreto presentan debilidades en calidad y estabilidad de la obra, así como en los  procedimientos constructivos, con presencia de diferentes patologías en la estructura que hacen inservible la obra y ponen en riesgo los recursos invertidos en lo que se ha ejecutado.

Los procedimientos constructivos y diseños utilizados resultaron irregulares o inadecuados y la supervisión de las obras fue ineficiente. Estos problemas de calidad no fueron advertidos ni corregidos oportunamente por parte de la interventoría y la supervisión técnica del SIVA.

Lista de hallazgos fiscales

-SOBRE ESTIMACIÓN DEL CONTRATO Y MAYOR PAGADO POR PERSONAL NO CONTRATADO

Con los recursos puestos disposición del Contratista, de acuerdo con la auditoría, se presentaron irregularidades con la planeación financiera del proyecto, que por debilidades en el proceso de control y supervisión no fueron advertidas oportunamente, propiciándose sobrestimación en el valor del contrato, al computarse cuestiones eminentemente precontractuales que debió soportar el proponente contratista y no trasladarlas en su propuesta a la entidad pública. 

De igual forma, existieron mayores valores pagados por personal administrativo y técnico que el contratista había propuesto en su oferta pero que no fue contratado para la ejecución de las obras, no obstante estar obligado a ello. En sólo sobrestimación del contrato y mayor valor pagado por el personal propuesto y no contratado se evidenciaron $470 millones pagados en exceso.

– CALIDAD DE LAS OBRAS DEL CANAL

El equipo de la Contraloría, a través de una visita al sitio donde se llevaba a cabo la construcción del canal en concreto, pudo establecer que unos tramos del mismo presentan debilidades en calidad y estabilidad de obra, así como de procedimientos constructivos con presencia de diferentes patologías en la estructura, lo que trae como consecuencia la inutilidad de la obra en algunos de sus tramos.

Todo lo anterior obedeció a procedimientos constructivos irregulares o inadecuados y de supervisión ineficiente, afectando de manera considerable la estabilidad y funcionalidad de lo allí construido.

Algunas losas en concreto hidráulico construidas sobre los taludes del canal, presentan daños tales como: separación de juntas, grietas transversales, grietas de esquina, desintegración y separación entre el talud del canal y la berma de la vía.

De igual forma, en el tramo 2 del canal se evidenciaron daños en toda su estructura, la cual presenta unos niveles de severidad altos y es evidente su nivel de deterioro absoluto y afectación en la funcionalidad del canal, que llevan a que el tramo a la fecha de la visita resulte inservible.

Las patologías observadas evidencian unos estudios y diseños inadecuados, la vulnerabilidad de la estructura construida, la mala calidad y ejecución inadecuada de la obra, debilidades de control por parte de la interventoría y la supervisión técnica del SIVA, que no advirtieron ni corrigieron oportunamente el problema, poniendo en riesgo los recursos invertidos.

– CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR

Las obras de pavimentación y adecuación del espacio público sobre la Avenida Simón Bolívar, entre la glorieta La Ceiba y la glorieta Cacique Upar – Terminal, presentaron igualmente un deterioro prematuro que no corresponde a las especificaciones de las obras contratadas, máxime el poco tiempo de haber sido construidas. 

Se evidenció que múltiples losas del pavimento presentan grietas transversales, así como desintegración y pérdida de material fino, que con el tiempo llevarán a una afectación considerable de la estructura del pavimento, en una obra recién ejecutada.

Con base en lo anterior, se estableció la existencia de un detrimento al patrimonio del Estado en cuantía adicional de $232 millones de pesos, por las patologías y daños presentados en las losas del pavimento, andenes, rampas y/o accesos a parqueaderos.

Un llamado a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, y a las prestadoras de Salud, que atienden a la población indígena del Cesar, hizo el Secretario de Salud Departamental, Nicolás Muhrez Muvdi para que como responsables de la atención en salud a las diferentes etnias, lleguen a las zonas de difícil acceso de forma continua y así poder identificar y diagnosticar los problemas en forma oportuna para darles el tratamiento adecuado.

Muhrez Muvdi indicó que “uno de los problemas que dificultan la atención de estas poblaciones por parte de las IPS, es la falta de identificación, por lo que estamos haciendo un trabajo articulado con la Registraduría Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la EPS Dusakawi para que tanto menores como adultos sean incluidos en el Sistema de Seguridad Social en Salud y se garantice la atención”.

El secretario manifestó que la misión interinstitucional constituida para atender a las familias Wiwas que resultaron afectadas por una avalancha en lo alto de la Sierra Nevada, trabaja de manera articulada haciendo seguimiento a la atención en salud especialmente a los menores con problemas de desnutrición e infecciones respiratorias.

Jeanette Esmeral Ariza, Coordinadora de la Dimensión Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, dijo que una de las principales problemáticas que aquejan a los indígenas del Cesar en la Sierra Nevada y en la Serranía de Perijá es la desnutrición, por eso es importante el trabajo conjunto de las entidades del Estado para garantizar el derecho a la salud de estas poblaciones.

En este sentido, la funcionaria señaló que con la asistencia del Ministerio de Protección Social, se trabaja en la elaboración de un diagnóstico nutricional en el resguardo Iroka con el fin de desarrollar un plan integral de nutrición que responda a las necesidades alimentarias del pueblo Yukpa.

“Hemos fortalecido el proceso de vigilancia y control por eso necesitamos del trabajo decidido de las IPS que prestan los servicios en esas jurisdicciones para que podamos atender a estas comunidades en forma adecuada” puntualizó el Secretario de Salud.

La policía nacional ordenó reforzar los esquemas de protección al director de cárcel de alta y mediana seguridad Valledupar,  Mayor Luis Francisco Perdomo Claros, luego del fallido atentado registrado en su contra la semana que concluye, al noroccidente de la ciudad.

El hecho se presentó a las 6:40 de la noche de este viernes en la vía que conduce al corregimiento de La Mesa, en el tramo del Batallón La Popa, a la penitenciaría, donde el oficial fue atacado a tiros por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

La camioneta Chevrolet doble cabina, de placas OIL-665, en la que se desplazaba el oficial con su conductor y un escolta, todos armados, quienes reaccionaron y se enfrentaron a tiros con los sicarios, según las información oficiales

La camioneta donde se movilizaba el funcionario, registra varios impactos producidos con arma de fuego en la parte delantera, sobre el parabrisas.

“No hubo heridos, la versión que nos entrega el mayor en que los sujetos los abordaron y él con su esquema de seguridad reacciona y hace que huyan. No conocemos si hay amenazas, este caso tiene los actos urgentes a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía”, precisó el subcomandante de la Policía Cesar, teniente coronel Mauricio Bonilla.

Confirmó que hay un vasto dispositivo en la ciudad y en sus alrededores, para tratar de dar con los autores de la acción criminal y si hay responsables  intelectuales detrás del intento de asesinato.

 

En la Mesa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que lideró la Oficina de Gestión Soial,  se dio la posibilidad de reunir a las diferentes sectoriales e instituciones como Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Sistema Nacional de Bienestar, Personería de Valledupar, entre otras, para darle forma al “Comité Cívico Municipal de Prevención y Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas”.

“El objetivo es tener una hoja de ruta clara frente a la atención, prevención, mitigación y a la implementación de la política nacional en el municipio de Valledupar, del consumo de sustancias psicoactivas”, afirmó el jefe de la Oficina de Gestión Social, Jaider Rincones.

Estrategias como “Libre Soy” que se viene trabajando desde el 2017 y “Valledupar Construye Ciudadanía Social” 2018, se dieron a conocer por la Oficina de Gestión Social a las diferentes instituciones y hacen parte de las acciones que van a impactar a los jóvenes del Municipio en la mitigación del consumo de sustancias.

El año pasado se logró impactar zonas como La Nevada, Casimiro; zonas corregimentales como Mariangola, Patillal, Las Raíces, Los Venados, y agrupaciones ciudadanas como las “Barras sociales”. Este año por directriz del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, se creó un trabajo intersectorial en alianza con la Oficina de Gestión Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y Secretaría Local de Salud. Ésta última es pieza clave para el manejo del componente de salud mental.

En conclusión, Jaider Rincones explicó que las acciones no sólo serán de manera individual con los jóvenes, si no a nivel grupal y con las familias que es lo más importante en éste proceso, se hará un fortalecimiento del núcleo familiar interesante y así vincular a los padres como corresponsables sociales a ésta acción de prevención del consumo de sustancias.