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Actualidad

Con la construcción de la Plaza Central de Guacoche, la pavimentación de la vía de acceso y el reconocimiento en atención a las víctimas, los habitantes de este corregimiento ubicado al norte de Valledupar reciben atención y reparación integral de parte del Gobierno de Francisco Ovalle Angarita.

La Plaza Central de la localidad, que registra avances en un 40% consistentes en el afirmado del terreno en un área de seis mil metros, permitirá pasar una página de dolor que vivió la comunidad y enfrentar un desarrollo sostenible a través de actividades que les generan ingresos, como las caravanas turísticas hacia la localidad, los encuentros deportivos y la venta de las artesanías y productos agrícolas comercializados por sus habitantes.

El Mandatario Departamental, quien hizo inspección a la obra la cual espera poner al servicio de la comunidad a mediados del mes de septiembre, manifestó que avanzan a buen ritmo los trabajos de instalación de losetas, la culminación de la tarima, lo mismo que la instalación de la malla en la cancha multifuncional, los juegos infantiles y biosaludables. La próxima semana se demarcaran las áreas de oficinas, baños y bodegas que se construirán  debajo de la tarima.  

El gobierno Ovalle Angarita entregó hace unos meses los 7.6 kilómetros de la vía Guacoche – Guacochito, con los que se activó el turismo deportivo hacia esta localidad y mejoró la movilidad facilitando el acceso a los visitantes. Igualmente en atención individual, grupal, familiar y comunitaria con víctimas del conflicto armado y comunidades afrodescendientes de manera diferencial, se atendieron 1.800 personas a través del Programa de Atención Psicosocial a Víctimas, PAPSIVI en este corregimiento, consolidando así procesos de Paz.

Por exigencia del Gobernador fueron contratados para la construcción de la Plaza Central, más de 40 trabajadores en mano de obra calificada y no calificada de Guacoche, generando ingreso a los hogares en la población.

Garantizar el orden público y prevenir lesionados y muertos en accidentes de tránsito, antes y después del partido de Colombia ante el seleccionado de Inglaterra, son los propósitos por los que la Administración Municipal modifica por segunda vez el Decreto 000558 de mayo del 2018, fijando el 3 de julio de 2018 como ‘Día sin Moto’.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a los resultados que arroje el partido, es posible que conductores de motocicletas quebranten la norma y generen alteraciones a la movilidad, la Secretaría de Tránsito y Transporte tomó la decisión de cambiar la fecha de esta medida que hace más de seis meses se efectúa semanalmente en la capital cesarense.

“El gobierno Valledupar Avanza a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte en consenso con las autoridades municipales, han expedido este decreto que traslada una vez más el ‘Día sin Moto’. Esto quiere decir que el 4 de julio  habrá circulación normal de motocicletas”. Esperamos que este martes sea un día en total tranquilidad, evitando accidentes de tránsito y hechos delictivos”, expresó el secretario de Tránsito y Transporte Víctor Arismendy Arias. 

Esta medida exime a miembros de la fuerza pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, organismos de socorro, escoltas de funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, escoltas o guardias de empresa de vigilancia, mensajeros, periodistas debidamente carnetizados y acreditados por la empresa, cuya motocicleta esté identificada con el logo de la casa periodística.

También cobija al personal dedicado a la reparación y mantenimiento de servicios públicos domiciliarios. A su vez, precisa que las motocicletas que presten el servicio de mensajería deben ser de propiedad de la empresa, así como aquellas a las que se le han efectuado adaptaciones para el servicio de una persona discapacitada y que se utilizado por ellos, siempre y cuando porte su licencia de conducción y ésta sea de la categoría necesaria y contenga la restricción del conductor respectiva.

El gobierno del alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, invita a la comunidad valduparense a desplazarse en el transporte público o en bicicleta durante la restricción.

Por una queja elevada ante la Procuraduría Provincial de Valledupar, el Ministerio Público investiga la conducta disciplinaria de la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez. En contra de la mandataria ya se elevó una investigación por no dar respuesta a un derecho de petición.

Este proceso viene desde agosto de 2017, por lo que la Procuraduría determinó que era necesario una actuación preventiva, en la que le ordenó a Toloza Pérez allegar a la Provincial la respuesta al derecho de petición presentado.

Este caso se suma al que ya en mayo fue abierto por la misma Procuraduría contra la alcaldesa, ante una denuncia elevada por el personero, Pedro Miguel Peinado, bajo acusaciones de irregularidades en el desempeño de sus funciones.

 

Con cantos, décimas y un poco de historia, los habitantes de Patillal se reunieron por última vez en la Plaza de Patillal, lugar hasta donde llegó el Alcalde Augusto Ramírez Uhía para poner la primera piedra de la intervención de este lugar icónico de este corregimiento al norte de la capital del Cesar.

Cuatro mil millones de pesos será la inversión para que este sitio se convierta en una de las mejores plazas, a la altura del talento que ahí se promueve a través de encuentros como el festival 'Tierra de Compositores', y acorde a las exigencias de propios y turistas que llegan a esta tierra para conocer más de la vida de grandes personajes inspiradores de famosas letras de la música vallenata, con pinceladas de poesía y tradición que han llegado tan lejos como los encantos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

"Estamos poniendo la primera piedra de una obra que será detonante del turismo, la cultura y el desarrollo económico de este territorio. Estamos aquí diciéndole a Patillal diciéndoles que aquí está un gobierno que valora el aporte que le han hecho a la cultura durante mucho tiempo, y teníamos una deuda con este territorio, emporio de Cultura. Y esta obra pondrá en un sitial preferencia, un posicionamiento de Patillal en el concierto nacional e internacional", indicó el mandatario local.

El proyecto diseñado por la Universidad Nacional de Colombia, gracias a un convenio entre la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar; contempla la renovación del parque de la Plaza y su espacio público, incluyendo cambio total de la pavimentación, el mobiliario urbano, iluminación, mejoramiento de la arborización existente, diseños de pérgolas en la alameda principal, consolidación de espacios de deportes y juegos infantiles, construcción de monumentos denominados estelas, y otros detalles que promoverán los valores culturales y el turismo en este corregimiento.

"Esto es algo muy grande porque realmente necesitamos tener menor acondicionamiento de esta plaza. Una intervención acorde como está proyectada para que nosotros podamos desarrollar ahí nuestro festival y actos culturales, porque Patillal es una melodía y es cultura", expresó el compositor Julio César Daza.

Las obras serán ejecutadas por la Unión Temporal Plaza de Patillal, la cual tiene la responsabilidad de ejecutarlas en un rápido tiempo para que sean inauguradas en la próxima versión del Festival 'Tierra de Compositores'.

En Sincelejo (Sucre), Mocoa (Putumayo) y Valledupar (César) el Ministerio Público ha identificado prácticas irregulares en las que participarían jueces y abogados.

La Procuraduría General de la Nación denunció el embargo irregular a los recursos de la salud, y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles.

Aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.

Un informe del Ministerio Público encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.

Para el caso de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos.

En total al Hospital Universitario de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones de pesos. En el departamento de Sucre los embargos a la salud superan los $30.000 millones de pesos.

En comunicación al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Sanabria, la Procuraduría remitió copia del informe preventivo sobre la vigilancia a los procesos de embargos aplicados a los recursos del sistema de salud, que sirvió de base a la entidad para iniciar acciones disciplinarias.

Como parte de las medidas para hacer frente a estos carteles, el ente de control emitió una circular en la que ordena a los procuradores judiciales del país intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la salud, para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

La Procuraduría recordó que el fin último de estos recursos es su circulación en el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de esas acrecencias.