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Judicial

Una adolescente identificada como Danyelly Chadid Rocha, recibió 6 puñaladas en una riña entre barras bravas en la urbanización Leandro Díaz de Valledupar. De acuerdo al relato de su compañero sentimental identificado como John Fredy Maestre, ellos salieron de su residencia la noche anterior a tomar un bus rumbo a Barranquilla, cuando se le acercó otra joven y le produjo las heridas superficiales en la espalda el tórax e intercostal derecha, por lo que fue remitida hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibe atención médica. La joven se encuentra en estado de embarazo y podría perder su bebé en gestación a causa de la lesiones recibidas. Las autoridades iniciaron la correspondiente investigación y buscan a una joven identificada como Vanesa Cotes, quien sería la responsable de agresión.

Una discusión con su compañera sentimental seria las causas que desencadenó la tragedia donde un reconocido comerciante del municipio de Codazzi, Cesar, tomó la fatal decisión de incinerar la habitación de la vivienda donde residía, para luego propinarse un disparo en la cabeza.

Se trata de Germán Mendoza Molina, de 49 años, quien murió inmediatamente en el lugar de los hechos registrados la noche del pasado sábado en el barrio Trujillo de Codazzi.

El comandante operativo de la policía en el departamento del Cesar, coronel Fredy Delgado, dijo que las autoridades fueron informadas de la discusión que se generó entre la pareja, la patrulla del cuadrante interviene y minutos más tardes se registró el suicidio del comerciante.     

El cadáver de Germán Mendoza Molina fue inspeccionado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, quienes lo trasladaron a la morgue de Valledupar.

Se conoció que el comerciante era propietario de la librería ‘La Nueva’ ubicada en zona céntrica de Codazzi, padre de un joven de 20 años y una menor de 17 años.

Al parecer su esposa no quería seguir conviviendo con él y esa noche se lo manifestó en medio de la discusión.

 

Se trata de 10 personas identificadas como responsables de ofrecer servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.

Yamile de Jesús Pérez Domínguez, sicóloga, integrante de la junta, fue la primera en aceptar cargos después de adelantada la audiencia de imputación de cargos y recibió el beneficio de la detención domiciliaria.


Carlos Arturo Montero Araújo, Eduardo urbano Marugo Castrellón, Gian Carlos miranda Isaza, Teresa de Jesús de la Hoz Solano, Gilmar Silvero Linero, Emili Said Baines Ferrer, José Miguel Meléndez Vega y Mariano de Jesús Amarís Consuegra, fueron enviados a la Cárcel.

La imputación de cargos contra el médico psiquiátrica Manuel de Jesús Altamar Colón, se encuentra temporalmente suspendida por encontrarse hospitalizado en una de las clínicas de Valledupar al presentar quebrantos de salud en el segundo día de la audiencia concentrada.

Según la entidad estas personas ofrecían la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de llegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades. 

Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían  pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con  enfermedades varias. Además de estos, hoy hay 150 personas adicionales que estarían  tratando de obtener la pensión por este sistema. La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233  millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90  mil millones de pesos, sólo en Valledupar (Cesar).  El objetivo de la defraudación no iba dirigido sólo contra los fondos pensionales sino que  alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que  tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de  problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos  por altos montos. Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los  créditos.

Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las empresas Drummond, Prodeco y Cerrejón.

 

Delincuentes ingresaron a la institución educativa Milciades Cantillo Costa, de Valledupar, ubicado en la calle 44, de donde se llevaron 36 computadores portátiles del programa Computadores para Educar.

Hasta el momento se desconocen detalles de la acción delincuencial, puesto que la rectora Gloria Rois está junto con la Policía, realizando el inventario de los equipos y las respectivas investigaciones del caso presentado.

El secretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute, comentó que está a la espera del reporte que entregue la rectora de la institución educativa para conocer lo que sucedió.

 

Tomado de Radio Gautapurí 

A pesar de las múltiples denuncias que a través de las instancias judiciales respectivas y de los medios de comunicación han realizado, los ganaderos de la región consideran que la Policía Nacional va perdiendo la batalla frente a los casos de hurto de ganado, delito que ha tenido un aumento exponencial en la región, en particular en Valledupar, La Paz, San Diego y Codazzi.

En efecto, cabe recordar que según estadísticas obtenida en la Rama Judicial, durante 2016 y 2017 ha sido denunciado el hurto de más de 500 reses en fincas pertenecientes a estos tres municipios, sin que la Policía o el CTI de la Fiscalía entregue algún resultado concreto de judicialización de los responsables.

Las reses hurtadas son sacrificadas en forma antihigiénica y su carne es vendida en forma ilegal en varios puntos de Valledupar, ciudad que se ha convertido en el principal punto de acopio del ganado hurtado.

Tan solo en el mes de marzo de este año fueron sacrificadas, o como se dice en lenguaje del hampa “pelados” 17 semovientes en la región de Guacoche, pertenecientes a las siguientes personas:

 -     2 vacas de Ricardo Castro

-      2 vacas de Gonzalo Aroca Mindiola

-      2 mulas del Monito Dangond.

-      2 vacas del señor Osorio

-      4 terneros de José Luis Carvajal

-      2 vacas de José Ramón Vanegas

-      3 vacas de la familia Molina Araújo

Los ganaderos de la zona, en diálogo con Radio Guatapurí, han indicado que se trata de una banda de cuatreros bien organizada, que opera con gente de la región, en complicidad con habitantes de la margen derecha del río Guatapurí, en particular de los sectores denominados como “9 de marzo”, “Pescaito” y “Villa Castro”, sitios a donde es traído el ganado hurtado y en donde operan mataderos clandestinos y expendios ilegales de venta y distribución de carne, a otra zonas de la ciudad, incluyendo a algunos matarifes y carniceros de la Galería Popular, quienes compran sin ningún control fitosanitario, la carne producto del abigeato.

Entre los miembros de esta banda habrían sido identificados por los ganaderos de la región las siguientes personas por sus alias delincuenciales: Alias Geiner, Alias Eduardo, Alias Tomita, Alias José, Alias Jesús, Alias Negro Alejandro (también llamado Boca Roja) y Alias Fredy, éste último que oficia como jefe de la banda y es el encargado de seleccionar el ganado para ser robado y luego de hurtado, comercializarlo en los expendios clandestinos ubicados en la margen derecha del río Guatapurí. Según un ganadero de la región que pidió mantenerse en el anonimato, Alias Fredy tendría contacto con algunos miembros de la Policía, quienes le suministran la información de los movimientos de la fuerza pública para eludir las operativos policiales de registro, control y movilización de ganado, lo que explicaría porque a pesar de ser vox populi en la zona quien es este delincuente, no ha sido aún capturado.

 

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