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Judicial

Después de meses de operaciones de inteligencia adelantadas en la zona de Llorente, departamento de Nariño, por la Policía Nacional el gobierno dio uno de los golpes más certeros a las disidencias de las Farc.

Comandos jungla de la Policía y fuerzas especiales del Ejército lograron abatir a alias 'Guacho' en zona rural de Tumaco.

"Podemos confirmar que alias 'Guacho' cayó en una operación, y que ha sido abatido por los héroes de Colombia", aseguró el presidente Iván Duque.

Empezó a tomar protagonismo en las noticias de orden público en Colombia y Ecuador a finales del año pasado, luego de ataques perpetrados en la zona de frontera y el posterior secuestro de tres periodistas ecuatorianos asesinados por su organización criminal. 

Sin embargo, antes de ser un criminal, era un comerciante en Ecuador, hasta el 2007 cuando fue reclutado en para formar parte de las columna Daniel Aldana de las Farc. 

En la guerrilla ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los mandos medios, un comandante que se movió siempre entre el Alto y el Bajo Mira, una zona que concentra la mayor cantidad de cultivos ilícitos del país, que registra además varias rutas del narcotráfico hacia el exterior, por lo que también aprendió rápidamente el negocio criminal. 

En el marco del acuerdo de paz con las Farc, alcanzó a participar del proceso de desarme y concentración de los excombatientes en las denominadas zonas veredales. 

Llegó a la zona de El Playón en Tumaco, Nariño, pero 4 meses después de que se iniciará el proceso, al igual que otros comandantes de la extinta guerrilla decidió renunciar a los beneficios y continuar con su actividad criminal, llevando consigo a varios de los hombres que en el pasado comandó. 

En el 2016, junto a unos 250 excombatientes de las Farc que lo acompañaron inició la disidencia del ‘frente Óliver Sinisterra’, nombre que tomó de uno de los guerrilleros con los que compartió armas en el pasado. 

El nombre de ‘Guacho’ cobró protagonismo luego de la masacre en El Tandil, en Tumaco, donde 7 campesinos fueron asesinados en octubre. 

A mediados de ese año el perfil de Guacho subió, llegando a controlar una extensa área del territorio del sur del país en la frontera con Ecuador y con acceso a las rutas del tráfico de drogas que nacen en el pacífico nariñense hacia el exterior. 

La información de inteligencia señala que su organización criminal cuenta con contactos con carteles del narcotráfico en el mundo, que incluyen operaciones del Cartel de Sinaloa en Colombia. 

 

Tres personas que aparentemente conformaban un grupo delincuencial dedicado al fleteo, fueron capturados por miembros de la Sijín en la capital del Cesar.

El operativo se llevó a cabo en un hotel de la avenida Simón Bolívar, a donde llegaron los uniformados mediante labores de inteligencia, que indicaron que los implicados Campo Elías García Martínez, Andry de Jesús Obredor Pérez y Nataly Del Carmen Romero Navas llegaron de las ciudades de Santa Marta y Barranquilla para quedarse en ese lugar mientras delinquían en la ciudad.

Según la investigación, los detenidos arribaron a la capital del Cesar para cometer hurtos a entidades bancarias, debido que son conocidos como los ‘Reyes del Fleteo’ en la costa Caribe.

Asimismo, a las tres personas, que tienen antecedentes judiciales, las autoridades les decomisaron arma de fuego y celulares. Además fueron dejados a disposición de la justicia por los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

 

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, admitió que cometió un error al señalar que la toalla de Jorge Pizano, tenía su sangre y que en ella no había cianuro.

“El error lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy, porque mi trabajo de ocho años en el instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un Instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos, es el director el que cometió el error”, dijo.

Valdés renunció después de que fuera revelado el informe pericial del laboratorio de Biología Forense de Medicina Legal, en el que se certificaba científicamente que daba como negativo el resultado de sangre humana.

“Soy el único responsable de haber informado a la opinión pública que la mancha de que trata ese informe era una mancha de sangre humana. Soy el único responsable”, insistió.

Señaló que el laboratorio no tiene nada que ver, que fue él, como director el que no preguntó y que el resultado del informe no pierde validez.

“Cometí el error de nunca preguntar el origen a los laboratorios de nunca preguntar y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro. El laboratorio solo respondió si había o no allí cianuro, el laboratorio solo respondió a lo que yo preguntaba”, dijo. 

Insistió, “El laboratorio no tenía por qué responder nada de lo que yo no le pregunte por que eso parte de su calidad”. 

 

Una niña de un año y cuatro meses de edad falleció al mediodía de este martes, al parecer, por inmersión en un balde con agua, en una vivienda del barrio Villa del Rosario, de Valledupar.

Las autoridades indicaron que “la madre de la víctima se encontraba en su casa, cuando siendo las 11:30 la niña se encuentra jugando con unos familiares, mientras ella hace el almuerzo, y le pasaba revista, al regresar a mirar a su hija no la observa con los niños, de inmediato sale en su búsqueda, y es cuando la encuentra al interior de un balde lleno de agua en el baño”, dice el informe de la Policía Nacional.

En medio de su desespero la madre la lleva enseguida a una clínica de la ciudad donde le confirman que había muerto, luego de que los médicos le realizaran procedimientos de reanimación.

Al centro asistencial llegaron miembros de la policía judicial para investigar lo sucedido y realizar el levantamiento del cuerpo de la menor que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de esta ciudad.

 

A través de la Operación Frenocomio – Fase IV, la Fiscalía General de la Nación continúa con el propósito de develar en entramado criminal que afectó los recursos públicos del sistema pensional en la Costa Atlántica y permitió que un grupo de trabajadores de empresas explotadoras de carbón se pensionara por invalidez sin tener limitaciones físicas ni cumplir los requisitos para alcanzar ese beneficio.

En las últimas horas el CTI de la Fiscalía, Seccional Cesar, adelantó 17 diligencias de allanamiento y registro en ese departamento que permitieron la captura de 15 personas, todas pensionadas de la multinacional Drummond, que reciben su mesada como extrabajadores, la cual habrían adquirido de manera irregular.

La Fiscalía de Administración Pública a cargo de la investigación evidenció que por medio de documentos espurios que registraban falsos porcentajes de calificación de invalidez, determinados por los médicos y psiquiatras adscritos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, lograron obtener el reconocimiento de la pensión, por un valor que asciende a los mil doscientos setenta y ocho millones de pesos ($1.278’000.000).

Los capturados fueron identificados como: Manuel de Jesús Calderón Quiroz, Ricardo Luis Gamez Coronado, Ronald Enrique Miranda Navarro, Oliver Miranda Mercado, Jaime Barreto Arias, Edilberto Castro Turizo, Estevinson Díaz Molina, Luis Rafael Jimenez Vásquez, Héctor Lea Montes, Edgar Emilio López Kammerer, Robinson Montesinos Guzman, Melki José Romero Rondón, Ricardo Sanmiguel Charrys, Tonny Orlando Bustamante y César Euclides Palacio Mena.

Este miércoles 12 de diciembre, ante un juez de control de garantías de Valledupar, el ente acusador presentará a los detenidos en audiencias preliminares para su respectiva judicialización, por los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y/o privado.

Cabe recordar que en las tres primeras fases de la Operación Frenocomio, por el denominado carrusel de pensiones por invalidez, otras 19 personas fueron procesadas entre abril y mayo de este año. Entre los investigados está una servidora del Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, abogados, médicos, sicólogos e intermediarios, que al parecer hacían parte de la red de corrupción.