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Judicial

Bajo estrictas medidas de seguridad en el complejo judicial de Paloquemao se adelantaron las audiencias de legalización de captura de imputación de cargos y de medida aseguramiento que finalmente un juez aprobó a petición de la Fiscalía.

Rafael Antonio Botero Restrepo, alias Iván, Gonzalo o Tista, integrante de la Dirección Nacional del ELN. Se encontraba en el centro de Bogotá y en la calle lo identificaron los agentes del CTI que desde hace meses le hacían seguimiento. Tista resultó ser el primer capturado de una lista de procesados que incluyó a los miembros del Comando Central – COCE de esa guerrilla, todos por el reclutamiento ilegal de al menos 100 menores de edad.

La investigación vincula a Botero en hechos ocurridos en 12 departamentos y donde supuestamente recibió órdenes de cabecillas del ELN como alias Pablito y alias Antonio García. 

 

El ganadero Jesús Bohórquez de 70 años y su hijo Leonardo de 32, fueron interceptados por hombres armados quienes se los llevaron con rumbo desconocido cuando se movilizaban en una camioneta tipo estaca hacia una finca de su propiedad, en la vía que de Ocaña Norte de Santander conduce hacia Rio de Oro, en el sur del Cesar.

Según sus familiares estas personas debe mantener una estricta medicación, debido a sus problemas en su salud.

El comandante operativo de la Policía en el Cesar, coronel Luis Dajiver  Pérez, indicó que los familiares de estas personas no han recibido llamadas extorsivas o que les indiquen su paradero.

Detalló que la camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada en el sur del Cesar, y que dentro de esta habían $8 millones de pesos.  “Es una investigación liderada por los efectivos del Gaula de la Policía de Ocaña”. Dijo el oficial.

El senador por el partido Liberal, Álvaro Ashton fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando llegaba procedente de su natal Barranquilla.

La información fue confirmada por su abogado, Isnardo Gómez, quien explicó que la Corte Suprema de Justicia ordenó capturar al congresista por el delito de concierto para delinquir agravado.

“La Corte Suprema libró una orden de captura por el proceso 39768 por parapolítica, que viene por allá desde el 2012”, explicó el profesional del derecho.

En las próximas horas, según fuentes del Alto Tribunal, el congresista será llevado a indagatoria. Una vez realizada la diligencia la Corte tiene 5 días para definir su situación jurídica.

Este es solo uno de los procesos que se adelantan contra el congresista porque tiene cuatro más: uno por irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes; otro por el Cartel de la Toga, otro por Odebrecht y el más reciente por presunto abuso sexual.

La pesquisa por ‘parapolítica’ contra Ashton se inició en 2012, luego de que el excomandante del Frente ‘José Pablo Díaz’, que delinquía en el Atlántico y parte del Magdalena,  Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio y el segundo de sus cabecillas, Mario Rafael Marenco Egea, alias El Gordo, lo señalaran de tener nexos con el frente.

Marenco, en versiones libres, dijo que el parlamentario barranquillero recibió respaldo de las AUC por el denominado ‘Plan Caribe’, liderado por el excomandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que consistía en que el exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, apoyaría a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los grupos paramilitares.

Se acordaría en dicho pacto que Hoenisgberg –a quien también las AUC habrían apoyado en su campaña como burgomaestre- les garantizaría a los congresistas una participación burocrática en la Alcaldía de Barranquilla a cambio de un porcentaje de la contratación de la ciudad para las autodefensas.

Alias El Gordo aseguró que Ashton había tenido una participación importante en contratos y cuotas burocráticas del sector salud en el Atlántico y en el Hospital Materno Infantil de Soledad. 

En este centro médico, narró Marenco, Ashton “le recomendó a las AUC el nombre de Luis Francisco Romero como nuevo gerente del hospital”.

‘Cartel de la toga’

Ashton también es señalado en el denominado ‘Cartel de la toga’, por precisamente haber pagado -según el exfiscal anticorrupción barranquillero, Luis Gustavo Moreno- 600 millones de pesos para intentar desviar el caso por ‘parapolítica’.

Este expediente estuvo primero en el despacho del magistrado cartagenero Gustavo Malo, quien no tomó decisiones al respecto y es uno de los investigados en la corruptela de las altas esferas judiciales. Y desde agosto de 2014, el proceso lo  tiene el magistrado Eugenio Fernández.

 

 

La Juez Primera de Garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento contra Karen Lizeth Arregocés, quien tenía orden de captura por el caso de mortalidad infantil en Albania (La Guajira), proceso que tiene con detención domiciliaria a Oneida Pinto, exgobernadora de esa región, y a otras dos personas con detención en centro carcelario.

Los investigadores del caso encontraron que Karen Lizeth Arregocés era la contadora de los dineros del Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil, por orden de Oneida Pinto, pero no tenía contrato con el municipio, sino que lo hacía de forma particular.

La mujer fue llevada ante la juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó los delitos de peculado, en un cuantía de seis mil setecientos millones de pesos ($6.700.000.000) por recursos del Programa de Mortalidad Infantil, y por falsedad en documento público.

Inicialmente la juez le impuso a la indiciada medida de aseguramiento intramural, pero teniendo en cuenta que tiene una niña de cuatro meses de nacida, le fue concedido el beneficio de la detención domiciliaria.

La imputada se venía desempeñando como Subgerente Administrativa y Financiera del Hospital San Rafael de Albania.

Por el caso de mortalidad infantil en Albania, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tiene detención domiciliaria y es investigada como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Así mismo, fueron enviados a la cárcel dos funcionarios de la Alcaldía de Albania, quienes tendrían una relación cercana con la exgobernadora y, sin tener relación con el programa, habrían cobrado cheques por once mil quinientos millones de pesos ($11.500.000.000). 

Este domingo fue encontrada muerta en su apartamento en Bogotá, Ana Lucía Fuentes Arzuaga, de 20 años de edad, hija del secretario de Hacienda de Valledupar, Eudes Fuentes Mejía.

La joven era estudiante de la Universidad de Los Andes, egresada del colegio Santafé de Valledupar.

El hecho causó conmoción en la comunidad vallenata, y se espera que luego de los protocolos en el Instituto de Medicina Legal de la capital del país, se puedan conocer las causas de la muerte y su cuerpo sea trasladado a la capital cesarense.