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Judicial

Integrantes de la Estación de Policía Aguachica llegan hasta la calle 5 con carrera 40, donde requieren a un hombre, el cual expresa ser ciudadano panameño de paso por Colombia; ante este hecho y la falta de documentos que acreditaran la versión de esta persona, los uniformados trasladan al ciudadano a la Estación de Policía para su plena identificación, por parte de funcionarios de la SIJIN.

El proceso de identificación determinó que esta persona es Harlis Alexis Murillo Moreno, 34 años de edad, natural de Pizarro -Choco, el cual está solicitado en por orden de captura, emanada por el Juzgado Catorce Penal Municipal con funciones de garantías de Cali, por feminicidio con circunstancias de agravación, en hechos ocurridos en la ciudad de Cali, el día 04 de junio del presente año, donde perdió la vida Estefany Ramírez Narváez.

“Con estos resultados operativos mandamos un mensaje claro a la criminalidad, mostrando que en el Cesar no tienen lugar para venir esconderse, de igual manera revalidamos el compromiso de trabajar por consolidar comunidades seguras y en paz” expresó el Comandante del Departamento der Policía Cesar, Coronel Mauricio Pedraza Rocha.

 

Como Pedro Elías Gavilanes Gálea fue identificado el ecuatoriano que murió ahogado en el río Guatapurí, en Valledupar.

Buzos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar realizaron las labores de búsqueda del cuerpo en las profundidades del río Guatapurí y sólo hasta después de las cuatro de la tarde fue localizado.

La Policía informó que “una persona masculina de 29 años, nacionalidad ecuatoriana se lanzó desde una roca, más arriba del Pozo de los Caballos. Al parecer esta persona se encontraba en estado de embriaguez”. La misma fuente policial indicó que Pedro Elías Gavilanes “residía en la Ciudad de Valledupar y se dedicaba como acróbata y malabarista informal en la calles y los semáforos de la ciudad”.

El juzgado noveno especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, por su participación en los hechos que rodearon el crimen del concejal del municipio de Barrancas, Luis López Peralta, ocurrido en febrero de 1997. Esta es la segunda condena que recibe Kiko Gómez este año, luego de también ser hallado responsable por ordenar el crimen de la exalcaldesa de ese municipio, Yandra Brito, su esposo y su escolta, en hechos registrados el 28 de agosto de 2012.

El funcionario judicial acogió los argumentos que durante el juicio presentó la Fiscalía, quien manifestó que existieron pruebas suficientes para inferir la participación del exgobernador en la planeación y posterior ejecución del crimen del concejal. López Peralta, quien aspiraba a la Alcaldía de Barrancas, fue asesinado por dos sicarios quienes ingresaron a su habitación en el Hotel Iparú de ese municipio. Desde un principio, las investigaciones se centraron en Gómez Cerchar debido al ambiente político y social que se vivía en ese entonces en esa parte del país.

Gómez Cerchar fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, teniendo en cuenta que, en el proceso judicial, la Fiscalía señaló que el exmandatario departamental tenía nexos con la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, y el Bloque Norte de las AUC. En el juicio, varios testigos hicieron referencia a la peligrosidad de la banda criminal de Marquitos Figueroa y su fuerte relación con Gómez Cerchar.

La oficina de Anticorrupción de la Fiscalía General, irrumpieron un grupo de agentes del CTI que entraron a adelantar un allanamiento y a capturar al director nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien se dio a conocer en el país por haber liderado la lucha contra los corruptos en regiones como Meta y Córdoba.

Contra Moreno había una orden de captura internacional librada por interpol y un requerimiento de extradición por parte de las autoridades americanas, quienes lo acusan de haber ofrecido un salvavidas al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, implicado escándalos de corrupción, a cambio de gruesas sumas de dinero.

Según fuentes de la Fiscalía a Gustavo Moreno, Lyons le entregó un sobre con 10 mil dolares en un baño del centro comercial Dolphin Mall de Miami, el dinero estaba ya marcado por el FBI que al hacer el rastreo lo encontró en manos de Moreno y sus familiares.

De acuerdo con las mismas​ fuentes existen grabaciones de estas entregas de dinero por parte del mismo exgobernador de Córdoba.

Lo que se intuye es que Lyons se acercó a las autoridades estadounidenses en busca de protección y asilo, y a cambio de estos beneficios les entregará información sobre funcionarios del ente acusador, de la administración actual y pasada, que le han intentado arreglar procesos dentro de la entidad.

Lyons estaría buscando quedarse en ese país y evadir a la justicia colombiana que lo imputará por 20 delitos por el robo de las regalías de Córdoba y que lo investiga por la muerte de Jairo Zapa.

Lo cierto es que el fiscal General, Néstor Humberto Martinez, ha advertido que de no venir a la próxima audiencia de imputación de cargos pedirán la contumacia y posteriormente una orden de captura internacional.

Por otro lado, la versión del fiscal Moreno es que el día que viajó a Estados Unidos fue por misma petición de sus superiores, quienes se suponía viajarían a Miami con el a un foro sobre lavado de activos y lucha contra el narcotráfico, pero a última hora sus jefes se retiraron del viaje y le ordenaron ir solo.

Según el funcionario durante ese viaje estuvo 24 horas en reuniones y foros con las autoridades americanas mientras en Colombia se ordenaron las capturas de Carlos Eduardo Correa y del alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, sin que él o la fiscal del caso tuviera conocimiento de dichas solicitudes, a pesar de haber adelantado las investigaciones.

Moreno, quien será extraditado a Estados Unidos, va a ser trasladado en minutos a la cárcel La Picota de Bogotá, penal a donde el mismo envió a varios corruptos.

 

Para Andrea Herrera Barrios, madre de la menor Aminis Seleth Zambrano Herrera, quien fue encontrada ahogada en el rio Cesar, en el sector de la mina Las Garzas, la muerte de su hija no está clara al considerar que la niña de 13 años de edad, estaba siendo prostituida.

“A mi hija siempre la llamaba por celular una mujer con características del interior del país y ella la atendía el llamado y se perdía varios días de la casa, e inclusive hasta mi residencia localizada en el barrio Los Mayales fue a sonsacarla para llevársela para el barrio Populandia, pero me enteré que se la entregaba a alguien y llegaba a esa vivienda al día siguiente. Me dijeron que esa mujer de nombre Maritza al parecer tiene ese negocio, de recoger a las muchachitas para prostituirlas”, denunció la angustiada madre, al momento de recibir el cadáver de su hija en las instalaciones de medicina legal.

La adolescente cursaba el bachillerato por ciclos, los fines de semana en la Institución Educativa Francisco Molina Sánchez, en el suroriente de Valledupar, muy cerca dónde ella residía con sus padres Fray Zambrano y Andrea Herrera.

Según su progenitora, ella había salido de su casa el pasado 10 de junio a las 8:40 de la noche con el argumento de comprar una bolsa de hielo en la tienda y no regreso más.

Hay algo turbio, algo que no está claro, y es por eso que les solicito a las autoridades para que me ayuden a investigar qué fue lo que realmente pasó. Los muchachos con quien ella andaba el día que supuestamente se ahogó, ellos subían a Facebook fotografías de ella con hombres, pero ellos no salían. Precisó.

La denuncia del caso ya fue instaurada por sus padres ante la Fiscalía para que se inicien las respectivas investigaciones de los verdaderos hechos que rodearon la muerte de la menor.