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Judicial

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel al actual gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, señalado de presuntamente haber contactado a los votantes del Departamento para lograr su elección en 2016, otorgando mercados y elementos de construcción.

Para un magistrado de Control de Garantías el mandatario departamental debe ser recluido en un centro penitenciario, dado que los delitos que presuntamente cometió González son graves y corresponderían a una “clásica entrega de dadivas”, para lograr su elección.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el exmandatario departamental habría empleado una serie de maniobras que presuntamente afectaron la transparencia de la jornada de elecciones atípicas adelantadas en La Guajira, luego de la salida de Oneida Pinto, por determinación del Consejo de Estado.

Según lo expuesto por la Fiscalía, González Brito con la ayuda de varios concejales del Departamento indujo a los votantes a elegirlo como Gobernador de La Guajira entregando mercados y elementos de construcción, a las comunidades indígenas.

Para la Sala Penal del Tribunal, los hechos expuestos por la Fiscalía son acordes para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelanta el juicio al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado reprochó la forma en la que se están llevando a cabo las elecciones en esta región del país, e incluso aseguró que los mandatarios se creen “dueños” de los votantes a tal punto de querer manipularlos para lograr ser elegidos.  

“Lo que aquí se observa es lo que en el argot popular se conoce como una clásica compraventa de votos. Es como si cuando un ciudadano estuviera en unas votaciones se transformara en una especie de esclavo electoral, el elegido se siente dueño por todo el tiempo que permanecen en una corporación pública, como lo es el Consejo, una Asamblea, o el mismo Congreso de la República”, señaló el magistrado al tomar la determinación.

Anteriormente, el mandatario no aceptó los cargos de cohecho propio y corrupción al sufragante, que le imputó el jefe de la Unidad de Fiscales Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón.

 

Falleció  a  la una de la madrugada de este miércoles en la clínica Santa Isabel, Mauricio Alejandro Palacio González, de 20 años de edad,   conductor de un   automóvil Mazda,  que chocó contra un poste  el  martes  a la una de la tarde, al  perder el control, en el sector de la Feria Ganadera   en la vía Valledupar –La Paz.

Mauricio Alejandro,   sufrió  politraumatismos   que determinaron  su deceso  en el centro médico  a pesar del esfuerzo   de los galenos.    

En el incidente   también   resultaron  con politraumatismos Naida Zoraida González, de 38 años, quien está en gestación y Bryan Stiven Duque Montes,  de 26, también recluidos  en esa clínica.

La  Policía de carretera  practicó  la inspección   a cadáver  e inició   la correspondiente investigación, para determinar las reales causas   del   accidente.

Son 18 las personas capturadas en el operativo de la Fiscalía y Policía que afecta a líderes del paro camionero. Otras tres podrían ser detenidas en próximas horas.

Doce de las capturas son por el llamado “Cartel de la Chatarrización”, por falsificar, modificar y engañar al Estado a través de la fraudulenta inscripción de vehículos de carga, que pasaban al proceso de chatarrización y donde se calcula el detrimento superior a los 100.000 millones de pesos.

En este caso, dos exfuncionarios del Ministerio de Transporte y cinco policías están entre los capturados. A ellos y a Pedro Aguilar, presidente de las Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Fiscalía les imputará los delitos de perturbación al transporte público, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito, fraude procesal y concierto para delinquir.

Por los daños y bloqueos en las protestas del paro camionero en 2016 los implicados son 9, según la Fiscalía.

Todos serán trasladados a Bogotá para adelantar las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento por la presunta comisión de los delitos de perturbación al transporte público, obstrucción de vías, ataque a servidores y amenazas.

 

La persona asesinada la tarde del viernes en las afueras del conjunto residencial San Francisco de Asís, del barrio Candelaria Sur de Valledupar, fue identificada como Kenelquis Fabián Anillo Vela, conocido como alias ‘Milki’, quien era un desmovilizado de las Autodefensa Unidas de Colombia.

Según las autoridades el hombre de 35 años recibió una llamada a su teléfono celular donde le indicaban que lo esperaban a las afueras del complejo habitacional para sostener una conversación, lo que indica que podía existir alguna relación con La persona que le disparo.

Kenelquis Fabián tenía antecedentes penales, debido a que en el año 2010 había sido capturado bajo la sindicación del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Sin embargo, las investigaciones adelantadas por personal experto de la Sijín de la Policía Nacional no descartan que el homicidio podría relacionarse con un ajuste de cuentas o venganza personal.

 

Seis nuevas capturas realizó el CTI de la Fiscalía seccional Cesar, por la estafa de la inmobiliaria Alyesko S.A.S. Una de estas es la del abogado Walter Enrique Oñate Correa, exconcejal de Valledupar y actual docente de la Universidad Popular del Cesar.

Tres de las capturas se realizaron en esta ciudad  y el resto en Bogotá.  Los demás detenidos fueron: Yannelys Paola Córdoba Peña, Arlenis Luz Carrillo Jiménez, Ivón Katherine Piñeros Guerrero, Jhon Fredy Velandia Martínez, e Ildemaro Olivella Romero.  Todos están sindicados de los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, por el monto de $4.207.000.000.

Los capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía, a la espera de las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Es de recordar que por este caso fue condenada a 10 años y 20 días de prisión Yajaira Gutiérrez Monroy, quien era dueña y representante legal de dicha firma.

Los afectados en este proceso son más de 50 personas quienes le entregaron gran suma de dinero con el propósito de tener una casa propia, pero fueron estafados.

De otro lado se conoció que el abogado Walter Oñate Correa tenía antecedentes por el delito de peculado por apropiación. Donde realizó  el cobro de unas facturas por un mayor valor del que decían los títulos valores. Por este caso Oñate Correa aceptó su responsabilidad.