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Judicial

El Departamento de Policía Cesar, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con el Ejército Nacional, obtiene importantes resultados en la lucha anti-contrabando, previo a la celebración de la quincuagésima versión del Festival de la Leyenda Vallenata, es así que en las últimas horas fueron aprehendidos más de 800 millones de pesos en mercancía de contrabando

Los operativos fueron adelantados en los municipios de Valledupar, San Diego, La Paz y los corregimientos de Varas Blancas y Corazones con la instalación de cinco puntos de control y grupos de patrullas recorredoras, donde se logra los siguientes resultados en materia de aprehensión de mercancías de contrabando representadas en:

* 28.670 cajetillas de cigarrillo de diferentes marcas.

* 2.520 botellas de licor de diferentes marcas y tamaños de contrabando.

* 90 botellas de licor nacional adulterado.

* 390 botellas de whisky vacíos que pretendían ser reenvasados.

* 390 unidades de capuchones para botellas de whisky

* 3.907 unidades confecciones

* 19 unidades de celulares

* 1.074 pares de calzado

* 1.300 unidades de colonias

* 117 teléfonos celulares

La mercancía que se encuentra con la medida cautelar de aprehensión está avaluada comercialmente en 800 millones de pesos.

Así mismo se realizó el control aduanero a más de 30 estancos y licoreras, cinco allanamientos, control del terminal terrestre y aéreo, todo lo anterior a través de un trabajo interinstitucional con Migración Colombia. Producto de los controles, se da la suspensión de actividad comercial de un establecimiento por cinco días, en aplicación al Código de Policía y Convivencia.

Estos resultados son un trabajo en conjunto de la Policía Nacional, Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN), Ejército Nacional, Gobernación del Cesar y Rentas Departamentales, en la lucha contra el contrabando en la región. Con estas aprehensiones se busca incrementar el recaudo de recursos que el Departamento destina para la salud, el deporte y la educación.

Un fuerte llamado de atención hizo el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Alfonso Valdivieso sobre las conductas que el fiscal Rodrigo Aldana aceptó al recibir un apartamento avaluado en 200 millones de pesos a cambio de beneficiar al exsenador Otto Bula en un proceso de extinción de dominio. Bula tiene una investigación en su contra por el escándalo de Odebrecht.

El magistrado advirtió que el fiscal si sería un peligro para la sociedad en el sentido de que "si no se impone una medida de aseguramiento, sería un mal ejemplo para los otros funcionarios públicos. La medida de aseguramiento es prevenir la conducta a futuro".

Para el magistrado el fiscal ocurrió en "una falta gravísima" que debe ser castigada "sobre todo cuando se trata de un funcionario público que administra justicia pues la sociedad encuentra en un fiscal y un juez como una figura de honestidad".

Sobre la relación del proceso con el caso Odebrecht, dijo que "es probable que exista una vinculación con organizaciones criminales que afectan al país" a sabiendas que el proceso vincula a la firma que "ha invadido de corrupción a la sociedad"

El proceso contra el Fiscal

En junio de 2014 cuando el fiscal Rodrigo Aldana hacía parte de la Dirección de Extinción de Dominio, habría convenido con su expareja recibir el apartamento 1117 ubicado en el edificio pentagrama al norte de Bogotá, como parte de pago por supuestamente favorecer al exsenador Otto Bula en un proceso de extinción de dominio a los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. El inmueble está avaluado en aproximadamente 200 millones de pesos y al parecer lo recibió a través de su expareja.

Según la Fiscalía el favorecimiento se presentó cuando Aldana dejó su cargo como fiscal especializado y pasó a ser delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, él debía entregar el expediente de inmediato, pero tarde 8 meses en hacerlo.

Entre la lista de bienes a extinguir de los hermanos Álvarez estaba la empresa agropecuaria central de la cual Otto Bula, procesado por el escándalo de Odebrecht, aparece como representante legal.

 

La Operación Demoledor, que es la segunda acción contundente que se adelanta en respuesta a la iniciativa del Fiscal General, se logró con un trabajo conjunto entre fiscales Gaula, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Policía, Gaula Militar y la policía judicial del Inpec; en total, participaron 1.883 funcionarios.

Este operativo dejó como resultado 10 cárceles allanadas y 201 personas identificadas, 34 que al parecer delinquían desde los centros penitenciarios y 167 que se presume hacían parte de las redes que operaban en el exterior de las mismas, quienes estaban encargadas de reclamar los giros, producto de las extorsiones.

El objetivo de la operación fue combatir, de manera paralela, la extorsión carcelaria con la corrupción, razón por la cual se cambió la intervención a las cárceles por allanamientos, y se adelantaron los procedimientos en las penitenciarías de La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), Guaduas (Cundinamarca), San Sebastián La Ternera (Cartagena – Bolívar), Las Mercedes (Montería – Córdoba), Doña Juana (La Dorada – Caldas), Pedregal (Medellín – Antioquia), Palo Gordo (Girón – Santander), San Isidro (Popayán – Cauca), y La Vega (Sincelejo – Sucre).

En los allanamientos fueron incautados 246 celulares, 205 Sim card, 25 USB y micro SD, 4 módems, 53 cargadores y baterías, 29 agendas con información de posibles víctimas y 160 armas blancas.

El material electrónico incautado será sometido a un riguroso análisis forense que le permitirá a la Fiscalía General de la Nación establecer quienes eran las víctimas y reunir evidencia digital relacionada con correos electrónicos, accesos a páginas web, videos, fotografías y vínculos con otras personas dedicadas a esta actividad criminal.

Los afectados eran ciudadanos, en su mayoría, comerciantes, ganaderos y vendedores.

Según la investigación, los delincuentes tenían varias formas de extorsionar, por ejemplo, identificarse como cabecillas de grupos ilegales y hacerse pasar por autoridades para evitar ser vinculados a procesos judiciales.

La Fiscalía aplicará la acción de extinción de dominio sobre los bienes de quienes resulten vinculados a estas conductas y a quienes, siendo funcionarios públicos, facilitaron el accionar de los delincuentes.

Asimismo, los funcionarios públicos que estén asociados con este delito serán vinculados a procesos penales.

Este trabajo mancomunado entre la Fiscalía, a través de su policía judicial CTI; la Policía Nacional, el Ejército y el Inpec, reflejado en la Operación Demoledor, evitó el pago de más de 5.000 millones de pesos mensuales en extorsiones.

 

 

La policía en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte, en operativos adelantados de registro, control y solicitud de antecedentes en la vía que comunica a San Alberto con La Mata a la altura del kilómetro 40, fue capturado Luis Antonio Rodríguez Pinzón, de 27 años, alias Robocop, natural del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Esta persona está señalada de participar en el asesinato de Tito Rafael Suarez Suarez, hechos registrados en el año 2014 en municipio de Gamarra.

La orden fue emitida por la Fiscalía 21 Seccional Aguachica fecha de proceso 28-agosto del 2014.

El capturado fue dejado a disposición autoridad solicitante.

Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, está dispuesto a contar todo lo relacionado con los personas que se beneficiaron de las AUC en los departamentos del Caribe

Así se desprende de la determinación del excomandante paramilitar, en el sentido de solicitar a la Fiscalía General que lo escuche en versión libre.

En dicha diligencia entregaría información sobre el apoyo que le entregaron los paramilitares a dirigentes políticos, miembros de la Policía y el Ejército en diferentes regiones del país, especialmente en los departamentos del Cesar, Guajira, Magdalena, Atlántico y Sucre, donde ejerció influencia y mando a sangre y plomo.

El extraditado comandante paramilitar está dispuesto a entregar nombres de candidatos al Congreso de la República, alcaldías y a otros cargos de elección popular que  pactaron un apoyo político y electoral, principalmente en la costa Caribe.

Igualmente daría detalles sobre la forma en la cual dicho grupo armado ilegal habría recibido fondos públicos que permitieron su financiación y expansión por varios departamentos, así como la forma en como permearon empresas públicas y organismos estatales.

Sin embargo, al considerar que ha incumplido los compromisos adquiridos como la reparación a sus víctimas y la construcción de la verdad histórica, la Fiscalía General solicitará el próximo 13 de mayo ante un magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla que sea excluido de los beneficios de la ley de Justicia y Paz.

‘Jorge 40’, quien se encuentra privado de su libertad en una cárcel de Texas (Estados Unidos) enfrenta actualmente un proceso por el delito de narcotráfico y en los próximos días se conocerá la condena en su contra. El pasado 7 de abril la Fiscalía de Estados Unidos solicitó que se emita una condena de 30 años de prisión y el pago de una multa de un millón de dólares.