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Domingo, 15 Abril 2018 17:27

Enviados a la cárcel involucrados en defraudación de pensiones

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Se trata de 10 personas identificadas como responsables de ofrecer servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.

Yamile de Jesús Pérez Domínguez, sicóloga, integrante de la junta, fue la primera en aceptar cargos después de adelantada la audiencia de imputación de cargos y recibió el beneficio de la detención domiciliaria.


Carlos Arturo Montero Araújo, Eduardo urbano Marugo Castrellón, Gian Carlos miranda Isaza, Teresa de Jesús de la Hoz Solano, Gilmar Silvero Linero, Emili Said Baines Ferrer, José Miguel Meléndez Vega y Mariano de Jesús Amarís Consuegra, fueron enviados a la Cárcel.

La imputación de cargos contra el médico psiquiátrica Manuel de Jesús Altamar Colón, se encuentra temporalmente suspendida por encontrarse hospitalizado en una de las clínicas de Valledupar al presentar quebrantos de salud en el segundo día de la audiencia concentrada.

Según la entidad estas personas ofrecían la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de llegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades. 

Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían  pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con  enfermedades varias. Además de estos, hoy hay 150 personas adicionales que estarían  tratando de obtener la pensión por este sistema. La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233  millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90  mil millones de pesos, sólo en Valledupar (Cesar).  El objetivo de la defraudación no iba dirigido sólo contra los fondos pensionales sino que  alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que  tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de  problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos  por altos montos. Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los  créditos.

Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las empresas Drummond, Prodeco y Cerrejón.