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Nacionales

El canciller Carlos Holmes Trujillo viajó a Nueva York, Estados Unidos, para exponer ante las Naciones Unidas los argumentos del presidente, Iván Duque, para objetar parcialmente la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.

Se reunirá inicialmente con el secretario general de la ONU, Antonio Guterre, para entregar los argumentos jurídicos y explicar las objeciones a los 6 puntos que radicó ante el Congreso el Gobierno Nacional.

“El miércoles tendré un diálogo con los miembros del Consejo de Seguridad de dicha organización. Voy a explicarles en detalle la decisión que tomó el señor Presidente Iván Duque con respecto a las objeciones a 6 artículos de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz", explicó el canciller Holmes Trujillo.

El Gobierno Duque considera fundamental el acompañamiento y la cooperación que ha mantenido hasta el momento y que espera que continúe a futuro la ONU, en el proceso de implementación de los acuerdos de paz.

 

El Presidente Iván Duque anunció este domingo, en una alocución televisada, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario.

Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”.

Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo- que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.

En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó- que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

“El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó.

Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”.

Las siguientes son las objeciones:

Artículo 7:

“Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”.

Inciso octavo del artículo 63:

“El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”.

“Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.

Inciso tercero del literal j del artículo 79:

“El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”.

Parágrafo 2 del artículo 19:

“Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”.

Artículo 150:

“El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”.

Artículo 153:

“Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados”.

Tras exponer las razones de las objeciones, el Presidente recalcó que la Corte Constitucional cumplió con su mandato y se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. “El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones”.

Reiteró que cada una de estas observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. Y subrayó: “No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar”.

 

En la Clínica Colombia en el occidente de Bogotá, un juez de control de garantías legalizó la captura del exsensdor Luis Alberto Gil, quien está salpicado en el presunto caso de corrupción en donde supuestamente se pagó una fuerte suma de dinero para frenar la extradición de Jesús Santrich.

La legalización se tuvo que hacer en el centro médico porque Gil fue internado por problemas cardiacos después de su captura.

Asimismo en la noche se este sábado se adelanta la legalización de captura en contra del funcionario de la Fiscalía Carlos Bemeo, de Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano quienes también fueron capturados.

Posteriormente se espera que la Fiscalía aporte todas las pruebas que tiene por este presunto caso de corrupción en el que se entregó una gran suma de dinero a Bermeo para frenar la extradición de Santrich.

 

La Sección de Revisión del Tribunal de Paz de la JEP decidió dar 20 días más para esperar la respuesta de Estados Unidos sobre las pruebas que relacionan al exjefe guerrillero con el delito de narcotráfico, al considerar que lo sucedido con la carta rogatoria fue “un hecho ajeno” y pide que se evalúe si es necesario que siga privado de la libertad.

Para la JEP, lo que pasó con la carta, “entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia”, pero no es “atribuible al destinatario de la solicitud de la asistencia judicial”.

La responsabilidad señala, fue de “quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes estados y a la empresa de mensajería que se utilizó para la remisión de la carta rogatoria”.

En consecuencia decidió dejar sin efecto el auto del 29 de enero con el que se dio por terminado el ciclo probatorio e iniciar con los alegatos para determinar si finalmente Santrich tiene derecho a la no extradición.

La JEP también decidió enviar copia de esta decisión a la Fiscalía y a la Presidencia de la República, para que dentro de sus competencias “se examine si hay lugar a realizar un juicio de ponderación, en relación con la prolongación de la privación de la libertad del 2 señor Seuxis Paucias Hernández Solarte”, porque no pueden decidir al respecto.

“Además, a raíz de las irregularidades con en el envío de la carta rogatoria, la Sección de Revisión compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación, para que evalúe si hubo faltas disciplinarias por parte de los funcionarios de la empresa pública 4-72 y el Ministerio de Justicia y el Derecho”, señaló.

 

En las últimas horas se confirmó el asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Jhonatan Smith Sierra Suaza, de 32 años de edad, oriundo de Bogotá quien fue bajado de un bus de transporte en el sector de la vereda Barrancones, zona rural del municipio de Saravena.

La mañana de este domingo, el comandante del departamento de policía Arauca, coronel Giovanny Buitrago Beltrán, pidió el respeto por la vida del uniformado Jhonatan Smith Sierra Suaza, secuestrado la noche del sábado en zona rural del municipio de Saravena en el departamento de Arauca.

Hacia las 10:20 minutos de la mañana, campesinos reportaron a las autoridades del hallazgo del cuerpo de un hombre en el sector de la vereda Caño Seco, zona rural del municipio de Fortul, muy cerca de donde se produjo el secuestro del uniformado reportado como secuestrado.

El llamado de respeto a la vida del uniformado la hizo el comandante del departamento de policía Arauca, coronel Giovanny Buitrago Beltrán, luego de confirmar a los medios de comunicación el secuestro del uniformado. “Lo que estamos pidiendo es que se respete la integridad de nuestro hombre policial y pueda retornar a su hogar sano y salvo. Estamos en proceso de indagación para establecer quién es el responsable del secuestro”, indicó el comandante de la institución.

El coronel Buitrago Beltrán, indicó que aún no se ha establecido el grupo al margen de la ley responsable de este secuestro en un área de dominio de la guerrilla del Eln y disidencias de la Farc.

Esta acción habría sido ejecutada por alias “Muelas”, integrante del Grupo Armado Organizado Residual del Frente Décimo de las Farc, al mando de Ferley Guevara Carrascal, alias “Fabián Guevara”.

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo se dio todo un despliegue de la capacidad operacional de la fuerza pública, en una actividad coordinada con fuerza aérea, ejército y los Gaulas militar y policial en la zona para tratar de establecer la ubicación del uniformado policial.

Este mismo personal se encargará en las próximas horas de asegurar el área para corroborar que la célula subversiva que adelantó esta acción no haya dejado la zona cargada con explosivos y así poder garantizar el ingreso del personal judicial que se encargará de realizar el levantamiento del cuerpo del uniformado.

Una vez cumplida esta diligencia, el cuerpo del patrullero Jhonatan Smith Sierra Suaza, será trasladado a la ciudad de Bogotá donde su familia le dará el último adiós. 

 

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