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Nacionales

El Gobierno Nacional incrementó el presupuesto de la Registraduría Nacional a $1.9 billones para el año 2018, cuando en el país se realizarán elecciones legislativas y presidenciales, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que con ese presupuesto se tiene que cubrir el costo de las elecciones, incluyendo el proceso de inscripción por firmas de los candidatos, que en este proceso ha sido muy elevado. A través del sistema de firmas se generan costos adicionales de grafólogos, sistematización de planchas, pero el presupuesto designado debe cubrir estos costos de revisión de las firmas, señaló.

PRESUPUESTO PARA LA JEP

El ministro reveló, de otra parte, que el viernes pasado hubo una reunión para analizar el presupuesto de la Justicia Especial de Paz. Ha sido desde el primer día un factor muy importante como elemento del postconflicto, señaló.

Cárdenas dijo que para la JEP este año tendrá $40.000 millones y para el año entrante aún se tiene la cifra porque depende de lo que se apruebe en la ley estatutaria.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

El ministro Cárdenas dijo que la economía de Colombia se está recuperando, recordó que en el primer semestre el crecimiento fue 1.3%, estima que en el tercer trimestre (julio a septiembre) subió levemente por encima de 2% y confía en que al finalizar el año estará sobre el 2%.

Dijo que las señales son el repunte de las ventas, más consumo de los hogares, buen comportamiento de café y petróleo, y se esperan mejores resultados con las obras civiles.

 

Avianca radicó éste lunes, 25 de septiembre, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades adelantado por los pilotos de la compañía pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC. 

De acuerdo con la Compañía la huelga ha generado serias y graves afectaciones a la conectividad y a los viajeros, así como a la economía y la competitividad nacional. 

En una comunicación Avianca explicó las razones presentadas por la compañía que parten de la Ley 336 de 1996 que en sus artículos 5 y 68 establece claramente que el transporte aéreo es un servicio público esencial, que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país, siendo la huelga un acto de incumplimiento que da prelación al interés particular sobre el interés general. 

También la Aerolínea anunció que se anexan pruebas que demuestran los vicios de procedimiento en la convocatoria de ACDAC, como el no haber indicado expresamente en la citación de la Asamblea que la votación era para la convocatoria a huelga, no haber invitado a dicha Asamblea a todos los trabajadores de la compañía, y ejecutar el cese de actividades con una votación claramente minoritaria, en la que solo participaron algunos de los afiliados de ACDAC, desconociendo con ello que la huelga en términos legales y constitucionales exige la votación a favor de ésta, de la mitad más uno de todos los trabajadores de Avianca S.A. 

Según Avianca, como consta en los registros oficiales, entre el 20 y el 24 de septiembre, y como producto del paro de los pilotos de ACDAC, Avianca se ha visto en la obligación de cancelar un total de 1.088 vuelos, que equivalen al 49% del itinerario programado para esas fechas, afectando con ello 97.768 pasajeros y otros 12.877 pasajeros que han debido ser reacomodados en otras aerolíneas. 

De igual manera se ha venido afectando de manera sensible el traslado de medicamentos, vacunas, órganos humanos y alimentos a zonas alejadas del país, como quiera que Avianca constituye en muchos casos la principal transportadora de víveres y fuente de abastecimiento de ciudades fronterizas y distantes de la capital de Colombia. 

En el comunicado la compañía está a la espera de las determinaciones que deba tomar el Ministerio de Trabajo en torno a la convocatoria del tribunal de arbitramento, que para el caso de los servicios públicos esenciales en el único medio que prevé la ley para resolver los conflictos colectivos. 

De declararse la ilegalidad del cese de actividades se darían consecuencias en materia laboral, civil y penal, a todos aquellos que, excediendo la Ley, convocaron y secundaron el cese de actividades que se viene adelantando, y que está generando graves daños y perjuicios, todos ellos irreparables a los viajeros, a la empresa y al país.

Miércoles, 20 Septiembre 2017 18:41

Francisco Ricaurte será juzgado por la justicia ordinaria

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La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, no cuenta con la condición de aforado constitucional, en el proceso que se lleva en su contra por el escándalo de corrupción a la justicia; por esta razón compulsó copias a la Fiscalía para que sea juzgado por la justicia ordinaria.

“La Comisión ha decidido hacer ruptura procesal con ocasión del proceso del senador Musa Besaile y compulsar copias para que sea investigado y juzgado por la justicia ordinaria”, señaló el representante Edward Rodríguez.

Ricaurte fue capturado esta tarde por el CTI de la Fiscalía y será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías.

“Colombia seguirá combatiendo con toda decisión” el flagelo de las drogas ilícitas, porque “para nosotros ha sido y sigue siendo un problema de seguridad nacional”. Así lo dijo el Presidente Juan Manuel Santos al intervenir hoy ante la Asamblea General de la ONU.

El Mandatario reiteró que “la guerra contra las drogas no se ha ganado ni se está ganando”, por lo cual –afirmó– “requerimos de nuevos enfoques y nuevas estrategias”.

Al destacar los avances a nivel global en este tema, como el llamado de la ONU a los Estados a proteger los derechos humanos en sus políticas de drogas, el Presidente consideró que “todavía nos falta mucho”.

Al respecto señaló que es necesario llegar a consensos en asuntos centrales, como el de “no criminalizar a los adictos y entender el consumo de drogas como un asunto de salud pública y no de política criminal”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, la llamada Guerra contra las Drogas “ha cobrado demasiadas vidas” y “lo que se está viendo es que el remedio ha sido peor que la enfermedad”.

Al respecto, recordó que Colombia “ha pagado un precio muy alto, tal vez el más alto de cualquier nación”.

Por esto, el Presidente Santos pidió a las naciones del mundo hacer un “serio y riguroso seguimiento” de las experiencias regulatorias que se han puesto en marcha en diversas latitudes, para aprender de sus éxitos y también de sus dificultades.

“Es hora de aceptar, con realismo, que mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar”, enfatizó.

Al respecto dijo que no se trata, de manera simplista, de señalar quién es el único responsable. “Todos lo somos, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida que asumimos hace ya varias décadas”, sostuvo.

Para el Mandatario colombiano, “es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados, de buscar caminos para quitarles oxígeno a las mafias y de afrontar el consumo con más recursos para la prevención, la atención y la reducción de daños a la salud y al tejido social”.

Así mismo, el Jefe de Estado se refirió a los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca que, acompañados de la erradicación forzosa y de las incautaciones de drogas, ha puesto en marcha su Gobierno y que están dando resultados más contundentes y duraderos.

“La paz ha permitido, por primera vez, iniciar procesos de sustitución voluntaria de los cultivos de coca. Esos procesos, acompañados de la erradicación forzosa que se vienen adelantando en Colombia, y de las incautaciones, que se han incrementado a niveles sin precedentes, permiten alcanzar resultados aún más contundentes y de largo plazo”, dijo.

Al finalizar su intervención sobre este tema, pidió a los países del mundo “avanzar en esta lucha con una mente más abierta”.

“Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, concluyó el Presidente de Colombia.

Entre enero y agosto del presente año se han registrado 7.106 casos de maltrato infantil en todo el país, es decir, un promedio de 29 casos por día, reveló la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Karen Abudinen Abuchaibe.  

“Estas son unas cifras vergonzosas y alarmantes que debemos rechazar y nos deben llevar a la acción. Quiero recordarles que la responsabilidad de cuidar a nuestros niños y de garantizar sus derechos, es de todos, no solamente del papá y de la mamá. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que todos estemos muy pendientes de nuestros niños”, dijo la funcionaria.  

Karen Abudinen Abuchaibe se refirió además a recientes casos como el ocurrido en Medellín, donde un niño murió al parecer producto del maltrato.  

“Los hechos ocurridos en los últimos días en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, reiteran la preocupación del ICBF por la necesidad urgente de proteger a nuestros niños y garantizar sus derechos. Estos casos son inaceptables”, señaló.  

La directora del ICBF sostuvo que en 2016, ingresaron a Bienestar Familiar 10.951 casos de maltrato, 30 casos diarios en promedio. De ellos, 7.699 corresponden a maltrato por negligencia, 2.615 a maltrato físico y 572 a maltrato psicológico.  

En cuanto a casos de violencia sexual, la cifra alcanzó el año pasado 10.715 casos. Este año 7.540 casos en toda Colombia, con un promedio de 31 casos diarios, según el ICBF.

 

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