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Nacionales

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas, al encontrarlo culpable como autor del delito de concusión, del delito de tráfico de influencias y determinador de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la rehabilitación de la malla vial de Bogotá.

Dentro de la investigación, la Corte encontró que Moreno exigió al empresario Miguel Nule asignar, en favor de su esposa Lucy Luna, dos zonas destinadas a estaciones de gasolina en   Bogotá – Girardot bajo amenaza de dañarle sus relaciones contractuales con el distrito capital.
 

La Corte estableció el compromiso del excongresista en las irregularidades que durante la administración de su hermano, el exalcalde Samuel Moreno, rodearon el trámite de la licitación 06 de 2008 que condujo a la adjudicación de los contratos 071 y 072 por parte del IDU al grupo Nule.                              

De acuerdo con la Corte el senador ejercía poder burocrático en el IDU por ser una de sus cuotas políticas.

"Motivado por las propuestas económicas de contratistas particulares pertenecientes al grupo Nule, Moreno se comprometió a colaborarles en su objetivo de conseguir a su favor la asignación irregular de contratos, y por ello intervino contactando a funcionarios del IDU sobre quienes ejerció su poder como congresista del Polo Democrático", señala la Corte.

Dentro de esta decisión la Sala Penal le compulsa a la Sala de Juzgamiento de la misma Corte para que investigue a Moreno por el delito de concierto para delinquir con el fin de establecer, entre otros hechos, su presunto enriquecimiento ilícito como producto del dinero que habría recibido de los contratistas.

Por estos nuevos delitos el exparlamentario, quien se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá, podría pagar hasta 20 años de prisión. 

El  registrador Nacional del Estado Civil Carlos Ariel Sánchez, anunció que a partir del 25 de octubre, los colombianos podrán inscribir su cédula de ciudadanía para cambiar su puesto de votación o ingresar al censo electoral, en cualquiera de las 1.154 sedes de atención municipal, auxiliar o especial de la Registraduría Nacional-

La primera fase del período de inscripción de cédulas inicia este sábado 25 de octubre en todas las registradurías municipales, auxiliares y especiales del país de forma manual o en papel, con base en la que se ha venido realizando históricamente, aplicando novedades al formulario de inscripción- E-3.

Habrá una segunda fase, en la que las personas podrán acercarse a la Registraduría de su localidad o zona de residencia, presentar su cédula de ciudadanía y mediante la captura de su huella dactilar, realizar la inscripción de su cédula en el puesto de votación cercano a su domicilio o residencia.

El proceso se cumplirá hasta el 25 de agosto del año entrante en todos los municipios del país, sobre el cual se ejercerá un mayor control para evitar delitos electorales como la trashumancia.

Según el registrador Sánchez, con la automatización de la inscripción se puede agilizar el trámite en los puntos de mayor afluencia y disminuir el riesgo de fraude electoral.

El último periodo de inscripción de cédulas se realizó en Colombia del 9 de marzo de 2013 y se extendió hasta el 9 de enero de 2014 para participar en las elecciones de Congreso de la República, Parlamento Andino y Presidente y Vicepresidente de la República, donde se inscribieron un total de 2.082.448 ciudadanos en todo el país y en el exterior.

El Presidente Juan Manuel Santos destacó la cifra histórica de 5 billones de pesos aprobados en el Presupuesto General de la Nación para invertir en el campo colombiano. Así lo dijo durante un acto de entrega de tierras a campesinos víctimas del despojo, este sábado en zona rural de Cali.

“Ya hoy, en el Presupuesto General de la Nación que aprobó el Congreso de la República hace dos días, el rubro dedicado al campo colombiano, al desarrollo del campo colombiano, supera los 5 billones de pesos. Es una cifra que nunca antes se había visto”, indicó el Jefe de Estado.

El Mandatario recalcó que lo que se busca es ir abonando el terreno para convertir el campo colombiano en un polo de desarrollo que genere prosperidad, igualdad y progreso. Porque –explicó– actualmente el campo es el centro de muchos de los problemas del país, como la pobreza y la desigualdad, entre otros.

“En el campo está concentrada una buena parte de nuestros problemas, de nuestras inequidades. En el campo está concentrada la pobreza, en el campo está concentrado el conflicto, en el campo está concentrada la inequidad”, sostuvo.

Indicó que por esto hay que hacer un gran esfuerzo para dirigir la atención, la energía y los recursos hacia el campo colombiano. “Porque ahí es donde vamos a sembrar la paz que todos añoramos. Un campo equitativo donde los campesinos sean los protagonistas principales: su acceso a la tierra, su acceso a todos los servicios del Estado, su acceso a los bienes públicos. Eso es lo que vamos a poner en marcha y estamos poniendo en marcha”, concluyó el Presidente Santos.

El Presidente Juan Manuel Santos anunció este miércoles que de ahora en adelante más policías saldrán de las oficinas a las calles para fortalecer la seguridad ciudadana.

Así lo manifestó el Jefe de Estado en la capital del Atlántico, donde cumplió una serie de actividades.

“Le di instrucciones al Director de la Policía y a los comandantes de nuestras Fuerzas para que reduzcan al máximo el personal que están en las oficinas y que salgan a las calles a hacer presencia. La sola presencia de la Fuerza Pública genera dentro de la ciudadanía más confianza y más seguridad”, explicó.

El Mandatario dijo que éste será un gran esfuerzo, que busca tener más policías en las calles cuidando a los ciudadanos, además de desarticular delitos como el hurto de celulares entre otros.

“Lo que buscamos es desarticular organizaciones de crimen que tenemos identificadas muchas de ellas, porque se ha venido haciendo un labor de inteligencia desde hace algunos meses. Una de ellas es el hurto de celulares, que es unas mayores preocupaciones de los ciudadanos”, explicó el Mandatario en una declaración a la prensa.

Manifestó que esta acción es parte del plan de choque que se desarrollará durante tres meses en once ciudades capitales, en las que se concentra el 82 por ciento de la actividad delictiva en el país, en especial seis delitos de alta incidencia.

El Presidente Santos indicó que “en la Policía se va hacer un esfuerzo para tener mil policías más en las calles, que están, o bien en las oficinas, o bien cuidando ciertos edificios, que realmente no se justifica que estén cinco o seis policías en ciertos edificios por razones diferentes a la posible inseguridad de esos edificios”.

“Entonces ahí vamos a hacer un esfuerzo importante para tener más gente en las calles, más gente de la Policía en las calles cuidando a los ciudadanos”, puntualizó.

Fuentes del Alto Gobierno confirmaron que el máximo jefe de la guerrilla de las Farc, Timoleón Jimenez, alias Timochenko, si viajó a La Habana en Cuba, para reunirse con los representantes de la guerrilla en la mesa de diálogo, con autorización del Gobierno y con la facilitación de los países garantes en el proceso de paz.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, donde señaló que según la información de inteligencia, Timochenko había viajado a La Habana.

Afirman que los avances del proceso han implicado la consulta internas de las partes dentro del proceso, por lo que los países garantes, en este proceso, Venezuela y Cuba, han facilitado las visitas del líder de esta guerrilla a Cuba.

En ese contexto, el Gobierno Nacional, amparado en la ley 418 de 1997, autorizó los viajes para el proceso de consulta interno, sin que interviniera directamente en la mesa de diálogo, o estableciera contacto con los miembros del equipo negociador del Gobierno.

No se precisa desde qué país se originó el viaje del líder del grupo guerrillero.

Según la ley 418, en su artículo 8, en el parágrafo 2 señala que “una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz”.

Posteriormente señala que “se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos”.