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Nacionales

 

El presidente candidato, Juan Manuel Santos Calderón, será denunciado ante organismos internacionales por la senadora de Alianza Verde, Claudia López, según lo anunció en Medellín.
 
La politóloga e investigadora argumentó que Santos abusó del poder al usar casi tres billones de pesos para facilitar la elección de senadores y representantes a la Cámara, según denuncias.

 
Señaló además que el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es uno de los ejemplos más vigentes de la antidemocracia por la que atraviesa el país. 


 “Hay que decirle al mundo que en Colombia se está concentrando el poder, se está violando la democracia eliminando competidores no en las urnas sino con triquiñuelas legales, yo voy a denunciar ante todos los organismos internacionales”, advirtió la senadora por Alianza Verde.

Como alcalde encargado de la ciudad, Rafael Pardo entregó detalles de lo que hará durante las primeras horas como mandatario capitalino.

“Voy a mirar los programas de las distintas entidades para saber cómo están andando, y por supuesto hablar con los secretarios, con los gerentes. Ya tengo previsto ir a la Policía de Bogotá, tengo previsto un consejo de gobierno con los secretario y después un consejo ampliado”, dijo el alcalde (e) Rafael Pardo.

Frente a cambios en el gabinete, Pardo señaló que es prematuro hablar de modificaciones en el gabinete debido a que ha tenido contacto con los funcionarios actuales.

“Primero quiero reunirme con las personas que están actualmente, porque me parece que sería correcto seguir con los funcionarios que conocen lo programas. (…) Quiero aclarar que un alcalde (e) no llega con un programa nuevo de gobierno, llega como lo dice la ley a concluir el que está actualmente”, agregó.

Indicó que entre sus prioridades estará la seguridad, la movilidad y la salud.

“Quien está y quiera seguir trabajando bienvenido, Bogotá tiene magníficos hombres y mujeres que están ahí y ojalá puedan seguir”, añadió.

Frente a la inconformidad de algunos ciudadanos por la destitución de Gustavo Petro y su nombramiento como alcalde encargado. El ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que entre todos se trabaje por el desarrollo y bienestar de Bogotá.

“Yo estoy aquí cumpliendo un encargo del presidente, que tiene la función de cumplir con la ley, de cumplir con el programa de gobierno y cumplir con todas las funciones que tiene un alcalde de Bogotá. Lo que necesita Bogotá es que se trabaje por los problemas de Bogotá, que se desarrollen los programas de Bogotá Humana, los planes de desarrollo, y  para eso se necesita a todos los bogotanos”, señaló.

 

Desde que el Procurador General de la Nación anunció la sanción de destitución del señor Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijimos clara y tajantemente que tanto el proceder del Presidente como el del Gobierno sería el de cumplir con la Constitución y las leyes, y defender las instituciones. Al mismo tiempo, solicitamos que al alcalde Petro se le respetaran sus derechos y se le permitiera usar todos los recursos legales a su disposición.

Así hemos procedido al pie de la letra y así ha sucedido. Fueron más de 300 tutelas que la Justicia tuvo que resolver, ante los jueces, en los tribunales y las altas cortes.

El Consejo de Estado ha señalado que el Alcalde Petro aún dispone de otras instancias y mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción colombiana.

En este caso es, entonces, evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna.

El Gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno.

Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer hacia las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares.

La Cancillería colombiana le dará respuesta detallada y oportuna a la Comisión.

He recibido comunicación oficial del Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes.

En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual Ministro del Trabajo, para que se encargue de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la adopción de medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, al considerar que el fallo de la Procuraduría que ordena su destitución e inhabilidad viola sus derechos políticos.
 
El organismo se pronuncia justo después de que en Colombia el Consejo de Estado revocara las 23 tutelas que mantenían suspendida la decisión de la Procuraduría, emitida desde el pasado 9 de diciembre.
 
La decisión de la CIDH, esta resumida en 20 puntos.

Con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

En la sesión celebrada este martes, los magistrados avalaron los argumentos de la ponencia del togado Alfonso Vargas Rincón que indicaba que la Procuraduría General tenía las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.

Igualmente se indicó que no se pudo evidenciar que se le vulnerara el derecho a los accionantes a elegir y ser elegidos. En esta decisión se tumbaron las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente los alcances del fallo sancionatorio. Además se suspende la fecha de la revocatoria del mandatario distrital que estaba fijada para el próximo 6 de abril.

En la primera sesión celebrada en la mañana de este martes, el alto tribunal anuló las pretensiones de ocho acciones de tutela al considerar que se presentó una falta de legitimidad en las mismas, ya que no se pudo demostrar la vulneración de sus derechos como electores.

En este punto se estableció que los accionantes no habían ejercido su derecho al voto en las elecciones celebradas en septiembre de 2011, entre los casos se destaca el de un joven que para esa fecha no tenía ni cedula de ciudadanía por lo que no podía participar en los comicios.
Ante esto, la Procuraduría General le notificará en los próximos días el fallo al presidente de la República, Juan Manuel Santos quien tiene diez días hábiles para ejecutar la sanción disciplinaria.

“Le queda el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho”
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso determinó que el alcalde de Bogotá todavía está en tiempo de radicar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión tomada por el Ministerio Público.

En la Sala celebrada este martes, se analizaron dos grupos de tutelas. “En un caso se fallaron ocho acciones interpuestas por ciudadanos cuya legitimidad en la causa no fue reconocida porque muchos de ellos habían radicado su cedula fuera de Bogotá o mediante certificación de la Registraduría se comprobó que no habían votado para las elecciones para alcalde”.

Para los magistrados, el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto y “no se pueden cercenar” las facultades que tienen los organismos disciplinarios de vigilar e investigar el actuar de los funcionarios públicos.

Sin embargo hasta que los 24 magistrados que conforman la Sala Plena firmen el fallo y se realicen los salvamentos de voto no se podrá hacer la notificación al Procurador General y al presidente de la República para que la hagan efectiva. Esto podría presentarse en un máximo de dos semanas hasta que se cumplan con todos los requisitos.

En contra de esta decisión no existe recurso alguno, sin embargo puede existir la revisión por parte de la Corte Constitucional que, como lo manifestó su presidente, si es el escogida y el ponente lo considera necesario podrían emitirse medidas cautelares.
Para la presidenta del tribunal de lo contencioso administrativo hubo un desgaste para la administración de justicia, “ya que se dejaron otros temas importantes y la toma de decisiones de fondo, ya que eran conscientes de la complejidad y urgencia de responder este caso”.