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Con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

En la sesión celebrada este martes, los magistrados avalaron los argumentos de la ponencia del togado Alfonso Vargas Rincón que indicaba que la Procuraduría General tenía las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.

Igualmente se indicó que no se pudo evidenciar que se le vulnerara el derecho a los accionantes a elegir y ser elegidos. En esta decisión se tumbaron las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente los alcances del fallo sancionatorio. Además se suspende la fecha de la revocatoria del mandatario distrital que estaba fijada para el próximo 6 de abril.

En la primera sesión celebrada en la mañana de este martes, el alto tribunal anuló las pretensiones de ocho acciones de tutela al considerar que se presentó una falta de legitimidad en las mismas, ya que no se pudo demostrar la vulneración de sus derechos como electores.

En este punto se estableció que los accionantes no habían ejercido su derecho al voto en las elecciones celebradas en septiembre de 2011, entre los casos se destaca el de un joven que para esa fecha no tenía ni cedula de ciudadanía por lo que no podía participar en los comicios.
Ante esto, la Procuraduría General le notificará en los próximos días el fallo al presidente de la República, Juan Manuel Santos quien tiene diez días hábiles para ejecutar la sanción disciplinaria.

“Le queda el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho”
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso determinó que el alcalde de Bogotá todavía está en tiempo de radicar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión tomada por el Ministerio Público.

En la Sala celebrada este martes, se analizaron dos grupos de tutelas. “En un caso se fallaron ocho acciones interpuestas por ciudadanos cuya legitimidad en la causa no fue reconocida porque muchos de ellos habían radicado su cedula fuera de Bogotá o mediante certificación de la Registraduría se comprobó que no habían votado para las elecciones para alcalde”.

Para los magistrados, el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto y “no se pueden cercenar” las facultades que tienen los organismos disciplinarios de vigilar e investigar el actuar de los funcionarios públicos.

Sin embargo hasta que los 24 magistrados que conforman la Sala Plena firmen el fallo y se realicen los salvamentos de voto no se podrá hacer la notificación al Procurador General y al presidente de la República para que la hagan efectiva. Esto podría presentarse en un máximo de dos semanas hasta que se cumplan con todos los requisitos.

En contra de esta decisión no existe recurso alguno, sin embargo puede existir la revisión por parte de la Corte Constitucional que, como lo manifestó su presidente, si es el escogida y el ponente lo considera necesario podrían emitirse medidas cautelares.
Para la presidenta del tribunal de lo contencioso administrativo hubo un desgaste para la administración de justicia, “ya que se dejaron otros temas importantes y la toma de decisiones de fondo, ya que eran conscientes de la complejidad y urgencia de responder este caso”.

 

 

 

Un soldado, al parecer bajo los efectos de sustancias psicoactivas, mató a dos compañeros e hirió a dos más en una guarnición militar en el municipio de Acandí, departamento colombiano de Chocó, informaron el sábado fuentes castrenses.

Según el informe del ejército, el soldado, identificado como Jesús Usuga, perteneciente al Batallón de Infantería Vélez de la Brigada 17, disparó contra un grupo de sus compañeros.

En el hecho murieron los soldados Antonio Carrascal y Luis Segura Morales, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a la clínica Panamericana de la localidad de Apartadó (Chocó).

El ejército indicó que el agresor, que aparentemente había consumido sustancias psicoactivas, permanece detenido y será retirado del servicio activo para que el caso sea abordado por la Fiscalía.

El comandante de la Séptima División del Ejército, general Leonardo Pinto, dijo a la prensa que el militar “accionó su arma contra la unidad que estaba organizándose para pasar a la comida, y en esos disparos tuvimos dos muertos y dos más heridos”.

 

 

Un rechazo total a las políticas que califican como ‘insuficientes' expresan cientos de campesinos que definen la posibilidad de convocar un nuevo paro nacional agrario, el cual no tiene relación alguna con la movilización de 30 mil personas que harán este lunes 17 de marzo.

Francisco Aro, campesino de Tibú en Norte de Santander, dice estar en desacuerdo con la explotación petrolera que se hace en la región y que está afectado el municipio, “no tenemos carreteras, no tenemos agua, no tenemos luz; las palmeras (empresas palmicultoras) están acabando con el agua, haya se no está perdiendo el ganado, nosotros no encontramos dónde bañarnos porque no hay agua”, relató frente a la situación de la región.

Los más de cinco mil campesinos, indígenas, y dirigentes de comunidades negras coinciden en señalar que lo más importante debe ser el campo y el futuro de los campesinos que son quienes ‘cosechan y brindan el sustento a las grandes ciudades.

 

 

El ministro de Minas, Amylkar Acosta Medina, manifestó que el próximo 24 de marzo es la fecha establecida para que la multinacional Drummond reactive las exportaciones de carbón.

“La capacidad de embarque se va aumentar en 3 millones de toneladas en el puerto con la facilidad de cargue directo” anoto, Acosta Medina,
la producción de la Drummond está entre 80.000 y 90.000 toneladas diarias que se van a reactivar a partir del próximo 24 de marzo cuando arranque el cargue directo.

El ministro de Minas dijo que la compañía espera aumentar su producción para recuperar los días que no pudo laborar porque el puerto no estaba listo.
La multinacional fue sancionada por el Gobierno nacional por efectuar el cargue de carbón a través de barcazas en la había de Santa Marta.

 

El procurador General, Alejandro Ordóñez, explicó que no asistirá al organismo internacional afirmando que el citado es el Estado y no los organismos de control.

Sin embargo para darle cumplimiento a la cita  dijo que designará un funcionario para que represente al órgano de control.

“El Gobierno como tal es el convocado, la cancillería está gestionando a las diferentes entidades que tendrán que hacer las explicaciones correspondientes, muy seguramente la Procuraduría estará presente, pero irá otro funcionario de la Procuraduría”, precisó.

La cita está programada para el próximo 24 de marzo y allí se tratará el tema de los derechos políticos de  los colombianos.
Esta audiencia se realizará por solicitud del Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo.