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El presidente Iván Duque confirmó que el guerrillero Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", resultó herido en una operación de las Fuerzas Especiales en la mañana de este sábado.

"Nos informan que alias Guacho fue herido esta mañana y las Fuerzas Militares y de Policía están acordonando el área en la cual fue herido para poderlo encontrar", dijo Duque durante el taller Construyendo País, en el Quindío. .

Agregó que "en esas operaciones han participado los héroes de nuestro país, soldados y policías que están dando todo por Colombia. Espero que en las próximas horas tengamos una noticia sobre este trabajo impecable y que Colombia pueda decir que a Guacho se le acabó la guachafita". 

Según fuentes militares consultadas por La W, Guacho habría sido herido de bala por un francotirador, pero sus hombres respondieron por lo que se armó un combate y lograron sacarlo del lugar. Se desconoce su paradero.

Ha trascendido, además, que tras el combate que se dio producto de una operación especial conjunta, falleció un suboficial identificado como Luis Alfredo Oquendo.

La ministra del Trabajo, Alicia Arango, dijo desde Cartagena que los recursos faltantes en el presupuesto de la Nación, que en el gobierno de Iván Duque ha estimado en $25 billones, afectarán el aumento de salario mínimo y la disminución de impuestos.

Arango precisó que, aunque sí se dará un aumento, no será de lo que se había planteado desde el Gobierno antes de conocer la situación fiscal de la Nación. “Si no hay plata cómo hace uno para subir el salario mínimo”.

Detalló que “primero hay un tema de impacto fiscal muy grave y qué pasa: en las condiciones actuales si esa cantidad de dinero empieza a circular viene una cosa que se llama inflación y se traga el aumento”.

La Ministra señaló que se debe buscar la forma de que el aumento que se dé sea real y que no termine siendo arropado por la inflación. “Hay que entender que un impacto fiscal, ahora, a Colombia le queda muy difícil manejarlo porque hay un hueco de 25 billones”.

El tema, según Arango, ya ha sido tratado con las centrales obreras y espera que se llegue a un acuerdo entre sindicatos, empresas y gobierno ya que “el aumento al mínimo se viene tocando desde agosto y no se ha esperado hasta diciembre como en otros años”.

Empleo a venezolanos

Arango también tocó en su intervención durante la Asamblea de Confecámaras el problema de la migración y aclaró que, aunque está de acuerdo con la solidaridad para con los habitantes del país vecinos, rechazó la contratación masiva de venezolanos que desplaza la mano de obra colombiana.

“No puede ser posible que muchos empresarios estén desplazando la mano de obra formal colombiana para meter a venezolanos por una tercera parte del salario. Eso es una injusticia con el trabajador colombiano y con el venezolano”, precisó.

La participación del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza, se limitó a servir como intermediario entre los futuros  clientes y la oficina de chuzadas  ilegales en el departamento de Nariño, la Fiscalía le imputará cinco delitos como responsable de estas interceptaciones.

Guatibonza fue capturado en la mañana del miércoles 12 de septiembre y la Fiscalía lo presentará ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilicita de redes comunicación, acceso abusivo a sistemas informáticos, interceptación de datos informativos, uso de software malicioso y violaciones de datos personales.

Los investigadores recaudaron pruebas que lo comprometen con las interceptaciones  ilegales a personalidades, abogados y hasta una solicitud para chuzar al fiscal general Néstor Humberto Martínez, al parecer ordenada por el senador Armando Benedetti.

El oficial negó su participación en esta oficina de chuzadas, pero las declaraciones de quién ahora se convirtió en testigo de la Fiscalía, el coronel en retiro del Ejército Jorge Humberto  Salinas, comprometen al general en la investigación.

Humberto Guatibonza Carreño, oriundo de Boyacá con más de 30 años en la policía, donde ocupó altos cargos llegando a ser comandante de la Policía de Bogotá y director del Gaula, donde permaneció durante más de 10 años. Además fue una de las personas que integró los cuerpos elite que combatieron al extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar en los años 80 y 90.

Sin embargo y pese a ser uno de los oficiales con mayor reputación en la institución renunció en el año 2016, al parecer por desacuerdos internos.

Luego se dedicó a realizar asesorías en materia de seguridad a través de su empresa privada. Durante la reciente campaña  presidencial incluso el general Guatibonza estuvo en el sonajero para regresar a la Policía como director de esta institución, cargo que le faltó por ocupar.

Su nombre se puso en la picota pública, cuando en meses anteriores la Fiscalía reveló durante un fin de semana, que había descubierto una red para realizar interceptaciones  telefónicas en el país, incluso que había un catálogo donde se ofrecía los servicios y se manejaban las tarifas que cobrara para ‘chuzar’ a cualquier persona.

De la red hacían parte, según el ente acusador, dos coroneles  retirados del ejército, quienes fueron capturados, una funcionaria del Ministerio de las Tics, conocida como la hacker, personas que de acuerdo con la investigación estaban relacionadas con la empresa de seguridad del general Humberto Guatibonza y la cual, al parecer, fungía como fachada para realizar las interceptaciones  ilegales.

Hoy el general retirado Humberto Guatibonza fue capturado por este caso y tendrá que demostrar ante los jueces su inocencia, mientras que la Fiscalía buscará demostrar los contrario, su culpabilidad.

 

El próximo 19 de septiembre será presentado ante el país el nuevo Plan de Alimentación Escolar –PAE, con el que se busca subsanar graves problemas de transparencia y deficiencias en la nutrición de los niños del país. Así lo anunció el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante el desarrollo del sexto Taller Construyendo país, realizado en Amagá, Antioquia.
 
A su vez, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó que se aplicarán “medidas a corto, mediano y largo plazo para que el Plan de Alimentación Escolar ya no sea para unos días del año, sino que los niños que hacen parte del programa tengan sus alimentos los 180 días del año escolar”.

Agregó que en su ejecución el nuevo PAE contará con el apoyo de entidades como el Sena, acompañando los comedores escolares; el Ministerio de Agricultura, promoviendo el emprendimiento local; y con los organismos de control, vigilando la transparencia de los procesos.

“Un tema muy importante para el Gobierno del Presidente Duque son los menús que reciben los niños. Trabajaremos por una alimentación sana, balanceada y de calidad”, precisó la Ministra.

A propósito de otras áreas de su cartera, el Mandatario le solicitó a la Ministra Angulo evaluar rápidamente, pero con rigor, los programas de la futura Universidad Digital de Antioquia. “Es muy importante aumentar la base de estudiantes de zonas apartadas a través de la tecnología”, indicó.

Asimismo, el Presidente les dio una buena noticia a los actuales beneficiarios del programa Ser Pilo Paga: “A los estudiantes que ya están en el Programa les vamos a cumplir, para que terminen su ciclo académico. Debemos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad para beneficiar a los sectores más vulnerables”.

Finalmente,  el Jefe de Estado invitó a la Ministra a trabajar en la estrategia para fortalecer la educación media, con un enfoque que permita la doble certificación de bachilleres, técnica y académica, que facilite su incorporación laboral.

En este sentido el Ministerio desarrolla el programa de talentos T&T en Bogotá, Cali y Medellín, en un proyecto que involucra aportes del Gobierno Nacional, entidades territoriales y el sector privado.

Así lo hizo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, durante un debate de control político realizado en la Comisión Segunda del Senado colombiano.

En ese debate se discutió el uso de drones para la aspersión de cultivos ilícitos y la utilización del herbicida glifosato por parte de la Fuerza Pública para la lucha antidrogas.

Botero, según un comunicado de su despacho, expuso ante los congresistas las ventajas del uso de drones, que actualmente es una estrategia experimental de aspersión, en la destrucción de cultivos de coca en regiones como Nariño (suroeste), particularmente en Tumaco, el municipio colombiano con más hectáreas de coca sembradas.

El jefe de la cartera de Defensa recalcó que el daño ambiental causado por los precursores químicos utilizados en el procesamiento del clorhidrato de cocaína es mucho mayor al causado en las aspersiones.

Por otra parte, resaltó que los drones cumplen con los requisitos de ley y que su tecnología llegó para quedarse.

Agregó que a través de los batallones y otras unidades se están promoviendo proyectos productivos que permitan apoyar a las comunidades campesinas que sustituyan los cultivos ilícitos.

En julio pasado, el Gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció que el total de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos creció un 18,81 % en 2017 con respecto a la cifra registrada en 2016.

Estados Unidos consideró, en junio pasado, que es una "decisión soberana" de Colombia recuperar la aspersión aérea de los cultivos de coca y se mostró a favor de que el país suramericano use "todas las herramientas" a su disposición para frenar el aumento en la producción de cocaína.

El Gobierno colombiano dejó en 2015 de fumigar los cultivos ilícitos de coca con glifosato porque ese químico al esparcirse y ser arrastrado por el viento contaminaba cultivos legales y fuentes de agua, algo que incluso motivó un litigio con Ecuador.

Además, la Corte Constitucional colombiana emitió en 2014 un fallo en el que invocaba el denominado "principio de precaución" que decía que, "en caso de que existan indicios de consecuencias negativas por ese motivo, se deben suspender las campañas que utilizan tal método".

Ese cambio de táctica, no obstante, coincidió con un aumento en los cultivos ilícitos de coca, que crecen desde 2013, de acuerdo a los cálculos de la Casa Blanca.

Según un informe publicado por el Gobierno de Estados Unidos, los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 11 % en 2017 hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura también subió un 19 %, hasta las 921 toneladas métricas.