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Nacionales

La Corte Suprema pidió celeridad a la Comisión de Acusación del Congreso en el caso de Gustavo Malo mediante un comunicado en el que manifiestan que es “urgente salvaguardar la integridad del Poder Judicial”.

Lo que pide el alto tribunal es que se priorice el estudio de su caso más cuando los representantes investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya pidieron que se le acuse formalmente por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o a reserva.

La Corte señala que no ha sido posible definir su suspensión al interior del alto tribunal y que, “esta Corporación reitera su profunda preocupación por los serios cuestionamientos que pesan sobre él”.

Mientras tanto, la Sala Plena citó nuevamente al magistrado, que ha presentado reiteradas excusas médicas, el próximo 3 de abril para establecer si lo puede suspender.

Foto de Referencia 

De acuerdo con la Contraloría, “en solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó $2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad, lo que puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo”.

Señala la Contraloría que esta situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, en que se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago.

“Antes la USPEC sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista”, explica la Contraloría.

“A pesar de las reuniones entre representantes de la USPEC y el INPEC para la definición de los requerimientos para el servicio de vigilancia electrónica, una vez adjudicada la nueva negociación, se efectuaron cambios a las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa, en detrimento de la transparencia de la convocatoria pública, pues se pasó de un valor de prestación del servicio diario de $17.556,10 a $20.093,8, equiparando incluso el valor que se venía pagando bajo el contrato anterior”, explica un informe del organismo de control.

 

 

 

El buen momento y los logros históricos de los ciclistas colombianos, como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Fernando Gaviria, ha causado que aumente la fabricación y comercialización de bicicletas y elementos de protección para ciclistas falsificados.

La revelación la hizo el CEO de la marca norteamericana Specialized Bicycle, Andrew Love, quien participa como experto del Taller de identificación e investigación de crímenes de derechos de propiedad intelectual, que adelantan el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, en conjunto con el Gobierno Colombiano en Cartagena.

Specialized Bicycle es la marca de bicicletas que más sufre con la falsificación en Colombia, y la preocupación de esta firma es que la utilización de elementos falsificados puede afectar la vida de los ciclistas.

“Nosotros trabajamos de la mano con el Gobierno de Estados Unidos, en pro de la protección de los ciclistas y fomentando la seguridad de los amantes de la bicicletas. Mucha gente está quedando lastimada seriamente, muriendo en accidentes en bicicletas, y se dan cuenta de que compraron sus elementos de protección sin tener en cuenta que podían ser falsificados, y ahí están sus consecuencias”, señaló Love a Caracol Radio.

Son las bicicletas de los pedalistas profesionales las que más se ven expuestas a la violación de marca y la piratería, debido al gran momento ciclístico en Colombia, “Es similar a lo que pasó con Lance Amstrong hace veinte años en Estados Unidos”, sostiene Love.

“Cuando ciclistas colombianos ganan una carrera, los criminales falsifican con mayor intensidad bicicletas y elementos de protección, que ponen en riesgo y no dan ninguna seguridad a los compradores. Eliminamos decenas de miles de artículos listados en plataformas en línea y trabajamos en estrategias de aplicación de la ley, y trabajamos de la mano con Gobiernos de países como China, Taiwán, Colombia, España, donde hemos hecho numerosas incautaciones”, afirmó el experto norteamericano.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecen este taller a funcionarios de aduanas, policías y fiscales de Colombia y de la región, sobre crímenes de derechos de propiedad intelectual.

El taller se enfoca en identificar e investigar crímenes de propiedad intelectual (productos farmacéuticos, ropa falsificada, teléfonos celulares, artículos deportivos, música, películas, libros y otros productos de consumo) y aumentar la capacidad de los socios regionales para hacer cumplir las leyes de derechos de autor.

Tomado de Caracol Radio.

La Delegación del Gobierno colombiano encabezada por el ex vicepresidente Gustavo Bell, viajará hoy a Quito para reactivar la mesa de dialogo que se encuentra suspendida desde enero.

“El objetivo es avanzar en la discusión y acuerdos sobre los dos puntos que se estaban debatiendo simultáneamente: el de la participación ciudadana, y el de las acciones y gestos humanitarios que se deben dar para ayudar a construir la paz”, dijo Santos.

El jefe de Estado se defendió de los ataques y señalamientos que ha recibido por la decisión de seguir abierto a dialogar con esta guerrilla frente a la escalada de violencia que ha venido desarrollando el Eln en los últimos meses.

“El diálogo -como algunos sostienen- no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario: es un acto de responsabilidad, de valor, es una acción de compromiso con el presente pero sobretodo con el futuro de los colombianos.

El mandatario señaló que en esta nueva fase se pretende alcanzar un nuevo acuerdo de cese al fuego y de hostilidades que sea “amplio y verificable”.

La Misión de Observación Electoral desplegará 3.398 observadores a nivel nacional, 57,2% (1.942) mujeres y el 42,8% (1.456) hombres que pertenecen a 330 organizaciones de la sociedad civil y quienes harán presencia en las urnas de 571 municipios de los 32 departamentos del país para las elecciones del 11 de marzo.

Los observadores desplegados harán presencia especial en 131 municipios de posconflicto (80,5% de los municipios PDETs), cubrirá el 69% de los municipios con algún nivel de riesgo y el 67% de los municipios declarados en riesgo extremo en los mapas de riesgo electoral.

Además, 177 ciudadanos extranjeros voluntarios de 24 nacionalidades estarán en los puestos de votación de 17 departamentos. Los observadores internacionales en Colombia cubrirán los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.C, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Vaupés y Meta.

En el ámbito internacional la Misión de Observación Electoral desplegará 32 observadores en el exterior y cubrirán puestos de votación de los siguientes países: Antillas Neerlandesas, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Suiza, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Todos estos observadores han sido capacitados previamente en sistema electoral colombiano, delitos e irregularidades electorales y técnicas de observación. Las capacitaciones principales se llevaron a cabo durante los meses de febrero y marzo en las 34 regionales pertenecientes a la plataforma de la MOE, en las cuales asistieron 1.506 observadores de los cuales el 53% fueron mujeres y 47% hombres (1% indígena; 3% afrodescendientes y 33% jóvenes). El resto de los observadores fueron capacitados por las respectivas coordinaciones regionales en los distintos municipios del país.

Durante la jornada electoral del 11 de marzo en las instalaciones de la Misión de Observación Electoral en Bogotá se habilitará una sala de crisis donde se recibirá y entregará información a medios, autoridades y ciudadanía sobre lo que acontece durante el proceso electoral, además contará con una oficina de prensa que atenderá en jornada continua de 8am a 5pm a todos los periodistas.