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Un juez de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien es investigado dentro del caso Odebrecht.

El juzgado negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de enviar al funcionario a una cárcel, al considerar que este no recibió dineros ilícitos, se presentó a todas las citaciones de la Fiscalía y no representa un peligro para el proceso ni para la sociedad.

Durante la diligencia, el juzgado también aseguró que no hay inferencia razonable de que Andrade incurriera en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso del contrato Ocaña–Gamarra.

Por otra parte, dijo la juez que en el caso de Navelena, el ex presidente de la ANI sí incurrió en delito.

Es preciso recordar que la Fiscalía investiga a Andrade por los delitos de falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento de material probatorio, al indagarlo por la forma como se firmaron los contratos para la Ruta del Sol Fase II, así como los otrosí que se adicionaron a la misma obra en el tramo Ocaña–Gamarra.

Según indicó la Fiscalía a través de un comunicado, los funcionarios serían responsables de homicidio culposo, entre otras conductas, por desatender la posición de garante que los obliga a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo, quienes posteriormente fueron arrastradas por la terrible avalancha que sepultó Mocoa entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

Las imputaciones se realizarán en contra de Soy Sorrel Aroca Rodríguez, actual gobernandora de Putumayo, por el delito de homicidio culposo en condición de garante.

Además, contra José Antonio Castro Meléndez, alcalde de Mocoa, y Elver Porfidio Cerón Chincuque, alcalde entre 2012 y 2015 de ese municipio, por los delitos de homicidio culposo en condición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Según señala la Fiscalía, los funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas en la tragedia, pues ésta era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de gran magnitud.

 

El contralor general de la República, Edgardo Malla Villazón, denunció este martes irregularidades en los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y se evidencio que durante el año 2016, más de $32 millones de raciones se dejaron de entregar a los niños, por demoras en la contratación y en la ejecución de los recursos.

Denunció que el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, contrató de manera indirecta $23.472 millones en una situación abiertamente irregular y contraria a las normas legales.

“En los contratos se encontraron pechugas de pollo a $40.000 que no consigue este sobre costo en ningún mercado en Colombia”, dijo el contralor en su rendición de cuentas.

También se encontró la compra de 2.800 kilos de canela por $39 millones, que nunca llegaron a las escuelas.

“Aún más compraron 2.600.000 panes a $400 cada pan de los cuales solo se entregaron 1.500.000 panes y se pregunta el contralor que se hicieron el otro millón de panes que se robaron?

Agregó que en el departamento del Magdalena, bajo la administración de la actual Gobernadora se presentaron también irregularidades que generaron un presunto daño patrimonial o detrimento por más de $3.000 millones.

El contralor general también evidenció que el Amazonas se encontraron gastos escandalosos como un huevo a $900, lo que hizo que se abriera un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador, por $297 millones.

Durante su visita a los Emiratos Árabes, el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó que se reunió con representantes del fondo Mubadala, principal accionista del proyecto minero Minesa, que pretende duplicar la extracción de oro "debajo de la línea del páramo de Santurbán".

Arce dijo que la Agencia Nacional de Minería ya aprobó el plan de trabajo y que están a la espera de la aprobación de la licencia ambiental de la Anla para instalar la mina en el páramo, con una inversión de 1000 millones de pesos. "Y evidentemente están atentos cómo evoluciona ese proceso", puntualizó.

"Este proyecto podría multiplicar por dos la producción de oro legal en Colombia en los próximos años. Estamos hablando de 1000 millones de USD en inversión en solo el montaje de la infraestructura de la mina, casi 1000 empleos directos y 4 mil indirectos.

"Mubadala tiene dos inversiones en Colombia: una en la compañía Sepsa que produce más o menos 19 barriles promedio diarios. Tienen exploración y producción. Ahí está la prospectividad de ampliación de áreas de inversión continental", agregó.

El Ejército señaló que el pasado 23 de octubre el exfiscal Moreno autorizó el ingreso del abogado y oficial retirado José Ignacio Mira, señalado de amenazarlo de muerte.

“Mira Peña ingresó al Centro de Reclusión Militar el pasado 23 de octubre luego de verificar que su nombre aparecía en el listado autorizado por la Fiscalía, además de contar con el consentimiento y previa autorización del recluso Gustavo Moreno quien fue enterado de la visita”, señaló el Ejército.

La institución también indicó que José Ignacio Mira hace parte del grupo de 41 personas que fueron autorizadas para visitar a Moreno durante su reclusión en este establecimiento.

“Dentro de mencionado protocolo están relacionadas una serie de órdenes y restricciones respecto a la detención del recluso Gustavo Moreno, dentro de las que se encuentra un listado de 41 personas autorizadas por el señor moreno y la Fiscalía General de La Nación para realizar visitas al recluso, entre los que se encuentra el señor Jose Ignacio Mira Peña, abogado de profesión”, añadió el Ejército.