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Nacionales

Domingo, 10 Diciembre 2017 07:34

Fiscalía pide revocar libertad para alias Popeye

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El fiscal general Néstor Humberto Martínez ordenó investigar si quienes acompañaban al narco alias Tom en su fiesta de cumpleaños “estaban en una reunión ilícita o en una “piñata”. 

Un fiscal le pidió a un juez de Tunja, en Boyacá, el mismo que otorgó la libertad de Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye, revocar los beneficios por incumplir los compromisos de la sustitución de la detención preventiva. 

El fiscal explicó que a alias Popeye lo encontraron entre los invitados a una reunión con personas que pagaron penas en los Estados Unidos por narcotráfico y en la que estaba el considerado narco más buscado en el país, alias Tom. 

“En razón de ello se solicita se sirva estudiar la viabilidad de Revocar dicho beneficio y proceda a expedir orden de captura para el cumplimento eficaz de la pena”, señala el documento que radicó la Fiscalía. 

De darle la razón a la Fiscalía y teniendo en cuenta otros acontecimientos que enredan a alias Popeye con situaciones, que en criterio de algunos expertos penalistas son violaciones a sus compromisos de resocialización, el juez podría ordenar la recaptura del llamado jefe de sicarios del Cartel de Medellín.

 

La guerrilla del Eln reconoció los hechos, que según la Defensoría del Pueblo, llevaron a la muerte de 13 personas en Magüí Payán. 

A través de una comunicación aseguran que se trató de un enfrentamiento armado con una banda criminal, que está operando en la zona con mafias del narcotráfico e incluso con la colaboración de la Fuerza Pública. 

En la misiva afirman que desde hace un año en el litoral pacífico caucano y nariñense, “se posicionaron los grupos autodenominados GUP, Guerrillas Unidas del Pacífico”, quienes vienen cometiendo atropellos contra la comunidad, incluyendo el asesinato a nueve pobladores y líderes de la región en los últimos meses. 

“Ante estos atropellos y asesinatos a la población, unidades del Eln, el día 27 de noviembre llegaron a la vereda Pueblo Nuevo, del municipio Magüi Payán, Nariño, para entablar conversación con las GUP… ante nuestro requerimiento, la reacción de ellos fue la de abrir fuego contra nuestras unidades guerrilleras obligándolas a responder”, explican. 

Aseguran que durante el enfrentamiento armado, “dimos de baja a 10 integrantes de las GUP, entre ellos se encuentran sus jefes: Álvaro, Samuel, Marcos y Tigre. También detuvimos otros 6, quienes luego de ser desarmados quedaron el libertad”, estos últimos porque eran de la comunidad pero al servicio de la banda criminal según el Eln. 

Señala además a la banda criminal de ser la responsable de la muerte de dos civiles de la comunidad, al igual que de causar heridas a 3 más, entre ellas dos menores de edad. 

Estos hechos aún son materia de investigación por parte de la Fiscalía, mientras que el Gobierno se mantiene en que los muertos son seis personas, de acuerdo con los cuerpos que se han hallado hasta el momento.

 

Este martes se iniciará formalmente la negociación del aumento del salario mínimo legal que regirá a partir del 1 de enero de 2018. A la cita entre Gobierno, patronos y trabajadores irán representantes del Dane, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, y demás sectores, que fijarán sus puntos de vista y mostrarán las variables económicas que influyen en la decisión final.

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, recordó que la primera etapa de diálogo en busca de la concertación irá hasta el 15 de diciembre. De no lograrse, las conversaciones podrán extenderse a más tarde hasta el 30 de diciembre, que es la fecha estipulada para que el gobierno expida el decreto que ordene el respectivo incremento salarial.

La ministra expresó que su equipo está listo para iniciar las negociaciones e hizo un llamado para que se trabaje en procura de un acuerdo que permita que el decreto sea el producto de la concertación. “Llego con todo optimismo y haré un llamado alrededor del dialogo para proponer un acuerdo”, señaló.

Las centrales obreras ya anticiparon sus peticiones. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, dijo que solicitará un alza del 12 por ciento, una aspiración que consideró como justa.

La Confederación General de Trabajadores (CGT) también anticipó que su propuesta está entre el 10 y el 12%.

La Asociación Nacional de Instituciones financieras (ANIF) afirmó por su parte que este ajuste no debe ser mayor al 4,5%, mientras los empresarios harán su oferta el jueves, con una cifra que genera gran expectativa por las dificultades que este año han tenido varios sectores, entre ellos la industria.

Un juez de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien es investigado dentro del caso Odebrecht.

El juzgado negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de enviar al funcionario a una cárcel, al considerar que este no recibió dineros ilícitos, se presentó a todas las citaciones de la Fiscalía y no representa un peligro para el proceso ni para la sociedad.

Durante la diligencia, el juzgado también aseguró que no hay inferencia razonable de que Andrade incurriera en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso del contrato Ocaña–Gamarra.

Por otra parte, dijo la juez que en el caso de Navelena, el ex presidente de la ANI sí incurrió en delito.

Es preciso recordar que la Fiscalía investiga a Andrade por los delitos de falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento de material probatorio, al indagarlo por la forma como se firmaron los contratos para la Ruta del Sol Fase II, así como los otrosí que se adicionaron a la misma obra en el tramo Ocaña–Gamarra.

Según indicó la Fiscalía a través de un comunicado, los funcionarios serían responsables de homicidio culposo, entre otras conductas, por desatender la posición de garante que los obliga a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo, quienes posteriormente fueron arrastradas por la terrible avalancha que sepultó Mocoa entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

Las imputaciones se realizarán en contra de Soy Sorrel Aroca Rodríguez, actual gobernandora de Putumayo, por el delito de homicidio culposo en condición de garante.

Además, contra José Antonio Castro Meléndez, alcalde de Mocoa, y Elver Porfidio Cerón Chincuque, alcalde entre 2012 y 2015 de ese municipio, por los delitos de homicidio culposo en condición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Según señala la Fiscalía, los funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas en la tragedia, pues ésta era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de gran magnitud.