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Nacionales

Luego de no lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios, el Gobierno, en cabeza de la ministra de Trabajo, Clara López, definió por decreto un incremento del 7.0% para el salario mínimo en 2017, lo que equivale a $48.263. Mientras que el subsidio de transporte quedó en $83.140.

Así las cosas, la remuneración total que recibirán dos millones de trabajadores a partir del primero de enero de 2017 será de $820.857. Un incremento mensual de $53.702.

En su cuenta de twitter, la ministra del Trabajo, explicó que el proceso de concertación del salario mínimo para 2017, ha sido una de las experiencias de concertación más integrales en los últimos años.

Inició en noviembre con talleres académicos, sesiones de grupo y concertación de la productividad y luego de 7 sesiones de concertación, si bien no se obtuvo el resultado, se "tiene la satisfacción del deber cumplido".

 

“El Gobierno será responsable de la problemática y la inequidad social cada vez más fuerte en el país”, dijo Luis Alejandro Pedraza el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, al retirar su silla de la mesa de dialogo con el Gobierno y los empresarios.

Aseguró que el pasado 21 de diciembre en la mesa de concertación del salario mínimo no hubo acuerdo, pero al contrario se logró la aprobación de la reforma tributaria, eso en su criterio deja un espacio muy reducido para dialogar.

“No amerita seguir haciendo un esfuerzo a un evento al que el Gobierno no le da la menor importancia, por eso la CUT decidió dar por terminada es participación”.

Dijo que ahora el balón y la responsabilidad de la “precariedad de los trabajadores” están en manos del Gobierno, de la ministra de trabajo, Clara López, aunque reconoce que será muy difícil volver a sentarse a concertar cuando todo está definido.

 

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó los avances y resultados de su segundo año al frente del organismo de control, señalando su preocupación  por la aparición de un fenómeno recurrente: estructuras mafiosas que buscan sacar tajada de losrecursos públicos, a como dé lugar.

Y que no les importa para ello apropiarse de dineros destinados a la alimentación escolar, a través de sobrecostos y apoderando de los contratos en varias regiones, o inventarse pacientes y falsificar firmas de médicos para obtener millonarios pagos por recobros, como ha sucedido, en el primer caso con el PAE en varias regiones del país, y se ha constatado con el llamado “Cartel de la Hemofilia” en Córdoba, al que le ha seguido recientemente el Cartel de enfermos mentales, en Sucre (2 casos que suman hallazgos fiscales por casi $50 mil millones).

Los descubrimientos de la Contraloría General de la República sobre millonarios y escandalosos recobros de salud en el departamento de Córdoba abarcaron además irregularidades relacionadas con el pago de $10 mil millones por terapias para niños con retraso mental moderado y profundo, así como con parálisis cerebral espástica y Síndrome de Down.

La CGR ha detectado en 24 departamentos que han manejado recursos del PAE irregularidades con incidencia fiscal que totalizan $62.488 millones de pesos y ponen de presente un desolador panorama manifestado en la existencia de alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados, falta de control sobre la entrega y calidad de las raciones.

Con los recursos de estos hallazgos fiscales se habría podido alimentar diariamente, durante dos años y medio –con desayuno y almuerzo- a más de 17 mil niños. La Guajira, Cesar, Santander y Huila son los departamentos más afectados

Se ha observado también una evidente concentración de la contratación alrededor de la ejecución de los recursos involucrados, que tienen como fuente el Sistema General de Participaciones –SGP y las transferencias por parte del Ministerio de Educación Nacional.

“No me cabe duda que estructuras mafiosas se han apoderado de la alimentación escolar en algunas regiones”, dijo en forma categórica Maya Villazón.

Casos emblemáticos

El proceso auditor en el segundo año de gestión del Contralor Maya Villazón permitió sacar a la luz otros casos emblemáticos, como el desangre de recursos de los Juegos Nacionales en Tolima, que pasó de los $66 mil millones, y el incumplimiento de Electricaribe en relación a la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para adelantar proyectos de normalización de redes eléctricas en la Costa Caribe, que debían beneficiar a 63.83 usuarios, y donde la CGR determinó hallazgos fiscales por $65.732 millones.

Otro informe crítico es el que reveló el caos administrativo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, donde se detectaron graves deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos contratos de obra celebrados en virtud de la emergencia carcelaria de 2013, generando hallazgos por más de $47.000 millones de pesos.

Hubo luego una Actuación Especial de Fiscalización en esta misma entidad donde se evidenciaron 12 hallazgos con presunto alcance fiscal, por valor de $18.920 millones de pesos, y 14 con posible connotación disciplinaria.

La Contraloría ha estado también pendiente de los resultados de la gestión del Fondo Adaptación en la atención de la ola invernal 2010-2011, con mesas de trabajo permanentes que han hecho seguimiento a los distintos macro proyectos  a su cargo (Canal del Dique, La Mojana y Gramolote, entre otros) y una auditoría que ha dejado conocer hallazgos fiscales por $7 mil millones, relacionados con incumplimiento contractual, deficiencias de obra, saldos por pagar y obras abandonadas.

Por el lado ambiental, durante las auditorías adelantadas en el primer semestre de 2016 se encontraronhallazgos fiscales por $10.022 millones en 16 Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible (CAR) que fueron evaluadas.

En las auditorías a las CAR de las vigencias 2014 y 2015 se ha detectado una baja capacidad técnica e ineficacia en la ejecución de los recursos de funcionamiento en las Corporaciones y demás autoridades del sector.

Y persisten deficiencias en las CAR y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en el trámite y seguimiento de las licencias ambientales.

En el sector agropecuario, en auditoría al INCODER (hoy en liquidación) se cuantificaron hallazgos con incidencia fiscal por $870 millones en el proyecto SIDRA (Subsidio Integral de Reforma Agraria).

Y en el sector infraestructura, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $171.621 millones de pesos constantes de 2014 como resultado de la Actuación Especial que adelantó en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) respecto del tamaño del mercado de la televisión por suscripción en Colombia.

Otro hallazgo fiscal importante, por la suma de $35.937 millones, se dio en el Fondo Nacional del Ahorro –FNA, por sobrecostos en la adquisición del  inmueble donde actualmente funciona esta entidad.

En cuanto al sector social, aparte del PAE y los Juegos Nacionales, está también la auditoría realizada aCafesalud, en la cual se establecieron hallazgos fiscales por $3 mil 182 millones de pesos, y adicionalmente  se evidenció una deficiente situación financiera sin que se observe ningún cambio positivo en las tendencias ni en los indicadores analizados en esta EPS.

Además, se realizó el pago de conceptos no autorizados con recursos de la Unidad de Pago por Captación, como es el caso de gastos de administración no relacionados con el servicio de salud como donaciones, sanciones y multas, y compra de activos fijos como equipos de cómputo.

Para el Contralor, el Gobierno tiene que salir de Cafesalud. “Los colombianos no podemos seguir soportando unas pérdidas semanales de casi $10 mil millones, por cuenta de los malos manejos en el pasado”, afirmó.

Es urgente recuperar el Control de Advertencia

Sin embargo, por su magnitud e impacto, la Actuación Especial al Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de Cartagena S.A. Reficar, reveló el que ya se califica como el mayor escándalo en el manejo de recursos públicos para el país y en toda la historia de la Contraloría General de la República.

En Reficar, se establecieron 36 hallazgos, de los cuales 35 tienen presunta connotación fiscal del orden de USD$2.942 millones de dólares ($8.5 billones de pesos).

La Contraloría Delegada de Minas y Energía ya dio traslado a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de 14 de estos hallazgos y la idea es imprimirle la mayor celeridad posible a este trámite para que, observando todas las garantías procesales y acudiendo a todos los recursos legales de que dispone la CGR, se inicien los Procesos de Responsabilidad Fiscal respectivos.

Para el Contralor Edgardo Maya Villazón el escándalo de Reficar muestra lo crucial que es para el país recuperar para la CGR la función del Control de Advertencia.

“No hay duda alguna que el despojo del Control de Advertencia por parte de la Corte fue un verdadero desacierto. Debemos transformar nuestras instituciones para hacer bien las cosas desde el principio, no para permitir que se cometan errores y desfalcos, para luego castigar buscando  enmendar las cosas”, dijo en forma categórica el Contralor al intervenir en la Audiencia de Rendición Públicas de Cuentas 2016, que tuvo lugar hoy en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Hallazgos y beneficios del proceso auditor

Durante lo corrido de 2016, hasta la fecha de corte de este informe de rendición de cuentas del Contralor, en las auditorías realizadas por la CGR se encontraron 9.819 hallazgos, de los cuales 1.201 presentan incidencia fiscal en cuantía de $9.9 billones de pesos (incluyendo los de Reficar).

Como resultado de las auditorías adelantadas, en el período comprendido entre el primero de enero al cinco de diciembre del presente año, se obtuvieron beneficios por $100.06 mil millones.

$466 mil millones de hallazgos fiscales en regalías

Los resultados de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República a los recursos de regalías en las entidades territoriales, durante el año 2016, arrojaron 363 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $242.068 millones.

De esta manera, se tiene un gran un total de $466.849 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal,en el tema de la inversión de regalías, durante los 2 años de la administración del Contralor Edgardo Maya Villazón.

Los principales problemas que dan origen al mayor número de hallazgos con incidencia fiscal son: baja calidad de las obras, deficiencias de interventoría, mayores valores pagados y obras inconclusas o inútiles. Estas últimas son los comúnmente llamados elefantes blancos, que se han encontrado especialmente en regiones como el departamento del Meta.

En las evaluaciones realizadas al Sistema General de Regalías por la Contraloría se ha observado que, pese a que la contratación por concurso es preponderante, en la mayoría de los procesos de contratación hay un solo oferente.

Este cálculo resulta del análisis de una muestra de 3.247 contratos, que representa el 78% del valor de la contratación por concurso y el 22% del número de contratos.

El resultado es que entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos se realizó con un único oferente. En ningún departamento este porcentaje baja del 50%; mientras que hay 20 departamentos que están por encima de ese 72%., como es el caso de La Guajira, (78,7%).

Otro problema de eficiencia del Sistema General de Regalías es la lentitud tanto en la aprobación de proyectos como en la ejecución de los mismos, que han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación, $6,5 billones a diciembre de 2015, una cifra que no cambiará significativamente a diciembre 31 de 2016. La CGR calcula que los excedentes en el nivel nacional se mantendrán en un valor similar, y/o superarán los $6 billones.

Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Patrimonio Público

*Durante la vigencia del 2016, la CGR tramitó 5.341 Procesos de Responsabilidad Fiscal. 4.634 de ellos por el procedimiento ordinario por $11 billones, y 707 por el procedimiento verbal por $942 mil 155 millones, con valor total de $12 billones.

*Se iniciaron, en esta vigencia, 942 Procesos de Responsabilidad Fiscal. 825 por el procedimiento ordinario por un valor de $ 616 mil 210 millones, y 117 por el procedimiento verbal por $ 49 mil millones, para un valor total de $ 665 mil 224 millones.

*Fueron proferidos 351 autos de imputación de responsabilidad fiscal, cuya cuantía del detrimento al patrimonio económico del estado asciende a $1 billón 622 mil millones de pesos.

*Durante la vigencia se emitieron 233 fallos, de los cuales 137 son fallos con responsabilidad fiscal por daño al patrimonio público equivalente a la suma de $ 214.7 mil millones.

*Adicionalmente, por resarcimiento o pago del valor del detrimento patrimonial investigado y/o reintegro de los bienes, fueron terminados 142 procesos de responsabilidad fiscal y 11 indagaciones preliminares con una cuantía de $23.388 millones.

*De igual forma, dentro de los procesos de impacto nacional que adelantó la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se resalta uno de los más recientes:

El fallo con responsabilidad fiscal por $174.996 millones de pesos contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, exdirectores y funcionarios del IDU, las firmas contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule, por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la Fase III de Transmilenio en la calle 26 (contrato 137 de 2007).

*En lo relacionado con la Jurisdicción Coactiva, se sigue la tendencia ascendente de los últimos años, ya que logró superar en un 100% el valor de los recursos recuperados en 2015 a favor del patrimonio estatal. En 2016 los recursos recuperados ascendieron a $134.506 millones, cifra que en la anterior vigencia fue de $68.832 millones.

Resultados en otros frentes

*Por el lado del control micro, un hecho relevante fue el pronunciamiento que hizo la CGR en su Informe de Auditoría del Balance General de la Nación 2015.

El órgano de control se abstuvo de expresar una opinión sobre los estados financieros de la Nación a 31 de diciembre de 2015.

 “No se pudo obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría”, especialmente por las incertidumbres acumuladas de los estados financieros de las entidades,  dictaminó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

En el análisis realizado se detectó que más de la mitad de las entidades públicas auditadas presentan problemas de fiabilidad en sus estados financieros, una situación que el Contralor General considera urgente reducir

“Es necesario efectuar un esfuerzo para que los responsables de los estados financieros de estas entidades gestionen información contable de mayor calidad, en aras de la transparencia en la gestión de los recursos públicos”, reclamó Maya Villazón.

*Los análisis sobre el comportamiento de las finanzas públicas realizados por la CGR indican que “En la actual situación de bajo crecimiento del país, y la necesidad de una reforma tributaria que con seguridad impactará negativamente el crecimiento económico del país en el corto plazo, se hace aún más relevante la coordinación entre la política monetaria y la fiscal, que permita garantizar la estabilidad macroeconómica y conservar la confianza de los inversionistas  nacionales e  internacionales".

*En materia de gestión administrativa y de impulso del Nuevo Enfoque del Control Fiscal, después de un año, y gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda que asignó los recursos necesarios, en una cuantía de $308 mil millones, se vio materializada la nueva sede central de la Contraloría General de la República, que alberga 2.500 funcionarios

*Además, en la presente vigencia inició la ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Entidad, el cual se financia con recursos de un préstamo otorgado por el BID por US$ 30 millones de dólares, y también con recursos de la cooperación internacional como la Unión Europea y el Gobierno Suizo.

En lo que respecta a los recursos del BID, para la vigencia 2016,  se vienen ejecutando US$5.6 millones de dólares equivalentes a  $17 mil millones asignados en el marco de la operación,  para lograr, entre otros aspectos:

*Se destaca también la creación del Centro de Estudios Fiscales mediante la Ley 1807 de 2016, el cual permitirá fomentar y realizar la investigación, formación y capacitación  como soporte del conocimiento en materia de la vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, mejorando el perfil, calidades, capacidades y competencias de nuestro talento humano.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, reveló que en esta semana que viene estarán listas 17 zonas para que las FARC hagan su tránsito a esas zonas para cumplir con el cronograma que se pactó entre las partes.

“Para esta semana estarán listas aproximadamente la mitad de las zonas veredales, 17 ya tendrán los terrenos listos, organizados, esto no ha sido fácil porque recordemos que son zonas temporales de 180 días máximo”.

Jaramillo contó que el trabajo se ha hecho tal y como está en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y que por esa razón la Unidad de Gestión del Riesgo entregará los materiales de construcción a la guerrilla para que adecuen sus campamentos en donde se hará el proceso de dejación de armas.

Aunque las FARC serán las que construyan los campamentos, habrá acompañamiento todo el tiempo para que la estructuración de esos espacios se haga lo más pronto posible.

Alcaldes y gobernadores enviarán constantemente al Gobierno información sobre los avances en las zonas transitorias de normalización.

El equipo del monitoreo tripartito estará este sábado en la Guajira para entregar el primer balance sobre el trabajo de las partes en el terreno.

Martes, 13 Diciembre 2016 06:17

Debaten en sala plena en la Corte el fast track

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Los 9 magistrados de la Corte Constitucional en pleno debaten la ponencia de la magistrada María Victoria Calle que avala la vía rápida de implementación de los acuerdos en el Congreso pero no tiene en cuenta el método de refrendación popular para ello.

La demanda refiere a los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo pero que están sujetos al artículo 5 que condiciona esa vía rápida o fast track a que haya habido una refrendación popular. Entonces la Corte en pleno estudia si la refrendación pasada en el Congreso equivale a una refrendación popular o si sólo lo es un mecanismo de participación directa como el Plebiscito.

Esa duda, sobre si se puede aplicar el fast track o no tiene frenadas la ley de amnistía para los guerrilleros y la reforma para crear la justicia especial para la Paz.

Las posiciones de la sala al parecer están bien divididas, por un lado para el magistrado Luis Guillermo Guerrero, la refrendación popular solo se da vía plebiscito o referendo. En la misma línea estaría Aquiles Arrieta

Por otro lado están los magistrados Alejandro Linares, y Alberto Rojas quienes dicen que debe unirse los artículos 1 y 2 con el 5, como lo sugirió el exministro Yesid Reyes para avalar la refrendación e implementación vía Congreso que también representaría la voz del pueblo.