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Nacionales

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos a la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli y anunció que solicitará ante el Tribunal Superior de Bogotá, que se le prohíba salir del país.

La decisión fue adoptada dentro de la investigación por los supuestos sobrecostos en el arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría ubicada en el barrio El Salitre de Bogotá.

El anuncio lo hizo Camilo Burbano, director nacional del Sistema Penal Acusatorio, quien señaló que en este caso la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento no privativa de la libertad. 


"La posición de la Fiscalía, garante absoluto de los derechos fundamentales es que la imposición de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tienen carácter excepcional, en ese orden para el caso concreto, se solicitará que el honorable Tribunal Superior de Bogotá imponga una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad a Morelli Rico, en este caso la prohibición de salir del país", afirmó el funcionario.

Burbano señaló que para la Fiscalía General la medida restrictiva para salir del país a la Contralora se juzga (de manera) suficiente para asegurar la comparecencia al proceso penal por parte de Morelli.

La decisión contra la funcionaria se produce como medida complementaria al anuncio de la Fiscalía de solicitar audiencia para imputación de cargos a la Contralora, como supuesta autora del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

A partir de este lunes se cerrará la frontera colombo-venezolana, por una decisión programada por los gobiernos de los dos países.

Con la medida se busca combatir el contrabando que causa millonarias pérdidas al país que tiene la gasolina más barata del mundo y controla precios de alimentos y productos básicos.

El paso estará prohibido por las noches a partir del lunes, entre las 10:00 pm (9:30 p. m. hora colombiana) y las 5:00 de la mañana (4:30 a. m. hora colombiana) del día siguiente.

El cierre de la frontera tiene el propósito de reforzar las políticas soberanas para enfrentar el contrabando de extracción desde Venezuela hacia Colombia", detalló una nota de prensa de la agencia estatal de noticias AVN (Agencia Venezolana de Noticias).

Según el gobierno venezolano, el cierre de fronteras fue acordado entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro durante el encuentro que sostuvieron el 1 de agosto en Cartagena y en el que el contrabando fue el punto central de la agenda.

"Se trata de un cierre a lo largo de toda la frontera, es decir los 2.200 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia", indicó el mando militar a cargo del operativo, Vladimir Padrino López, desde el estado fronterizo de Zulia y uno de los principales puntos de paso del contrabando.

Maduro designó el viernes a Padrino López, jefe del comando estratégico de la Fuerza Armada; y al vicepresidente Jorge Arreaza al frente del Estado Mayor Fronterizo cívico-militar, que se encargará del combate al contrabando.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, tiene la gasolina más barata del orbe y llenar el tanque de un automóvil cuesta menos que un caramelo o una botella de agua, lo que desde hace años ha propiciado un contrabando de combustible hacia Colombia.

En el último año se ha multiplicado también el envío hacia Colombia de alimentos y productos básicos, muchos de ellos importados y a precio controlado y cuyo costo puede variar hasta 10 veces de un país a otro.

Según el gobierno venezolano, el contrabando a través de la frontera de 2.219 km abarca 40% de los productos básicos, además de 100.000 barriles diarios de petróleo, equivalentes a pérdidas anuales de 3.650 millones de dólares.

El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc en Cuba, Humbertode laCalle y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, confirmaron que asistirán el próximo miércoles 6 de agosto, a la Comisión Primera de la Cámara para responder las inquietudes que tiene el legislativo frente al tema del viaje de las víctimas a La Habana y en especial los avances y reto del proceso de paz.

“Todos han confirmado su asistencia. El cuestionario gira alrededor de las víctimas, que es el punto que ocupará a las partes en la siguiente ronda de negociaciones que se cumple en Cuba”, informó el presidente de la Comisión Primera, el representante Jaime Buenahora.

A la misma sesión fueron citados el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón y la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Paula Gaviria.

Aseguró Buenahora que “nuestro papel en el Congreso es el de hacer un seguimiento exhaustivo a la forma en que las víctimas serán tenidas en cuenta dentro del proceso de paz. Aquí aprobamos una Ley al respecto, y como ponente de esa iniciativa, considero que debemos adelantar el seguimiento respectivo”.

El gobierno Nacional conjuró el paro de Asonal Judicial luego de anunciar que realizará un traslado presupuestal por $170.000 millones para descongestionar la justicia en el país. 

La confirmación fue hecha por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien explicó que el acuerdo se logró tras una cumbre entre los presidentes de las altas cortes, el procurador Alejandro Ordóñez y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Explicó que de esta forma se conjura el paro de Asonal que se tenía proyectado para los próximos días.

Dijo que para el próximo año se aportaran otros 500.000 millones de pesos para atender los requerimientos del sector.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que busca que los terrenos baldíos sean adjudicados a las familias campesinas más pobres, así como evitar la concentración de la tierra, estableciendo las características de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que deben ser entregadas.
 
“Los terrenos baldíos objeto de la presente ley, serán adjudicados exclusivamente a familias pobres”, establece la ley 1728 de 2014, donde se fija el límite además en hectáreas que tendrá cada uno de los terrenos entregados.
 
De esta manera y a partir de la fecha, “salvo las excepciones que establezca el Consejo Directivo del Incoder, las tierras baldías se titularán en Unidades Agrícolas Familiares”.

 
La ley modifica el artículo 67 de la ley 160 de 1994 y señala las extensiones máximas y mínimas adjudicables de los baldíos productivos en estas UAF, y declara, “en caso de exceso de área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de tierras dela Nación”.
 
La ley establece que en caso de identificarse estos terrenos que excedan el tamaño dela Unidad Agrícola Familiar, establecidas en estas zonas, “se les dará el carácter de baldíos reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos”, de esta manera se garantiza que no exista concentración de la tierra.
 
Señala además que será el Incoder, el encargado de expedir las reglamentaciones y deberá tener en cuenta, “las condiciones agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de 3.000 habitantes, vías de comunicación de las zonas correspondientes y la concentración de la propiedad territorial entre otros”.
 
Así mismo precisa los terrenos que no serán adjudicables, tratándose de los “baldíos ubicados dentro de un radio de 2.500 metros alrededor de zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables”.
 
Tampoco se adjudicarán aquellos terrenos que estén en zonas aledañas a carreteras que hagan parte del sistema nacional vial.
 
De esta manera el jefe de Estado aprueba una de las normas más importantes, dentro del paquete que anunció para beneficiar el agro colombiano.