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Politica

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que se gestionan importantes recursos desde su Gobierno, como una ratificación del respaldo desde su país a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

Explicó que, la declaración común que firmó con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, "busca favorecer nuestra cooperación y el financiamiento de proyectos, por un monto de $350 millones de euros".

Estos recursos se destinarán, "para acompañar a Colombia en esta fase tan importante y delicada que es la implementación del acuerdo de paz concluido con las Farc”.

Al tiempo el presidente Santos destacó el proceso de desarme que se desarrolla con las Farc, dijo que comparte con París, "la mejor noticia de Colombia... las Farc dejaran de existir como grupo armado y América será un hemisferio de paz".

Los recursos se entregarán a Colombia en forma de créditos, con un periodo de gracia de 3 años y financiación a 15 años, para apoyar la implementación de los proyectos para la paz.

Francia se comprometió además a continuar apoyando el desminado humanitario, como parte de la cooperación en materia de posconflicto.

 

Carlos Fernando Motoa - Presidente de la Comisión Primera del Senado

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, presentó ante esta comisión el Informe de Ponencia del Proyecto de Acto Legislativo, que fue aprobado por unanimidad con 12 votos en primer Debate.

Las medidas propuestas en este informe, pretenden crear una asignación del 7% de los ingresos del Sistema General de Regalías, por un término de 20 años, destinada a financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final. Dicho porcentaje se logra reduciendo durante el mismo periodo el aporte del SGR al ahorro pensional territorial en 3% y el 4% restante de los ingresos del SGR, resultarían de un menor ahorro en el FAE.

Así mismo, busca autorizar la destinación de los recursos del ahorro pensional territorial, que excedan el cubrimiento de este pasivo, a la financiación de proyectos de inversión cuyo fin será la implementación del Acuerdo Final.

Otra de las medidas que contempló este informe, tienen que ver con las destinación de manera parcial y por una única vez de los recursos no aprobados del FCTI al 31 de diciembre de 2016, exclusivamente a proyectos de inversión en infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo Final.

Por último, el informe presentado por el Senador Motoa contempla la creación de un OCAD encargado de definir los proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final.

Este proyecto responde a la necesidad de adoptar medidas presupuestales para la implementación del Acuerdo Final, refrendado por el Honorable Congreso de la República el pasado 30 de noviembre de 2016, donde se definieron los objetivos y metas que se deben alcanzar en los próximos veinte (20) años, a corto y mediano plazo necesarios para avanzar en la consolidación de las disposiciones pactadas y se compone por seis puntos a saber: 1) Reforma Rural Integral; 2) Participación Política; 3) Fin del Conflicto; 4) Solución Integral al Problema de las Drogas Ilícitas; 5) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto y 6) Implementación, Verificación y Refrendación.

Aunque se dio un álgido debate por este tema en específico donde conservadores, uribistas, Cambio Radical y la senadora Vivianne Morales propusieron quitar ese veto argumentando que no se puede limitar la democracia en zonas específicas del país.

Sin embargo la mayoría funcionaron y no solo se derrotó la ponencia negativa sino que también se aprobó la votación en bloque lo que permitió sacar adelante el proyecto de acto legislativo sin inconvenientes.

“Serán 16 nuevas curules en la cámara de representantes, pero no para las Farc, ellos también tienen prohibido presentar o apoyar candidatos allá, son para las víctimas, para quienes han padecido el conflicto, para quienes nunca han tenido voz”, señaló el coordinador ponente Roy Barreras.

Para el senador Hernán Andrade el problema no es que no puedan participar los partidos sino las condiciones sociales y de seguridad que se presentan en esas regiones y donde además de los cultivos ilícitos, la presencia de las bandas criminales puede llegar a influir en las elecciones.

Estas 16 curules en la cámara empezarán a funcionar a partir de 2018 y por dos periodos legislativos hasta 2026.

“Fue un debate de más de seis horas, se evaluaron las propuestas de todos los parlamentarios, se votaron, se mejoró el texto pero la buena noticia es que el proceso de paz avanza y se sigue implementando con éxito”, dijo el viceministro del interior Luis Ernesto Gómez.

 

José Alfredo Gnecco Zuleta, senador de la República, lamentó el deceso del patricio liberal José Guillermo ‘Pepe’ Castro, a quien calificó como una de las figuras más destacadas de la política cesarense.

“El fallecimiento de ‘Pepe’ Castro comienza a escribir el colofón de una historia de grandes políticos, que trascendieron y permanecerán en la memoria de los cesarenses por sus trayectorias, sus espíritus altruistas e infatigables tareas en las que prevalecieron el servicio a la gente y sus ininterrumpidas participaciones en la edificación de una sociedad progresista y equilibrada”, expresó el senador Gnecco Zuleta.

Añadió que ‘Pepe’ Castro es el paradigma del líder cívico y del dirigente permanentemente comprometido con las causas sociales. “Su muerte significa la pérdida de un cesarense humanitario, protagonista de nuestra historia política”, subrayó el Congresista.

También envió un abrazo cálido y condolencias a la familia del patricio liberal y a todos los cesarenses, que hoy con profundo dolor  lamentan la partida de Castro Castro.

“’Pepe’ Castro será recordado por su condición innata de líder popular y por las persistentes acciones que posibilitaron el progreso y la unidad de nuestro departamento”, puntualizó José Alfredo Gnecco Zuleta.

Por todo ello, no cabe duda que la pérdida de Miguel Meza Valera es dolorosa para su familia, su tierra y las generaciones de políticos jóvenes que en él reconocimos y reconoceremos un cúmulo de valores.

 

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó este lunes al excanciller Camilo Reyes Rodríguez como Embajador de Colombia en Estados Unidos, luego de que renunciara de Juan Carlos Pinzón en la Embajada en Washington.

“He designado al excanciller Camilo Reyes como embajador de Colombia en Washington. Seguirá afianzado nuestra alianza estratégica con EEUU”, manifestó el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Reyes, quien fue diplomático de carrera por 35 años, es licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y realizó estudios de asuntos internacionales en Roma y de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes.

Fue Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador en Praga, y Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así mismo, se desempeñó como representante de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra y presidió la Conferencia de la ONU sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, y la Conferencia para el Desarme en 2001.

Camilo Reyes Rodríguez también ha sido catedrático de las universidades del Rosario y Jorge Tadeo Lozano

Desde el 2010 dirigía la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham).

Fredys Miguel Socarrás - Exalcalde de Valledupar

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Fredys Miguel Socarrás, en su condición de alcalde de Valledupar para el período constitucional 2012-2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica.

De acuerdo con la investigación, los disciplinables habrían cometido irregularidades en el contrato de prestación de servicios nro. 552 de 2015 por valor de $1.400’000.000, celebrado entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS) con el objeto de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.

A Fredys Socarrás se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave.   

En el cargo formulado a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus se le reprocha el, presuntamente, haber certificado que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con Natalia Springer, su representante legal, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista.

En esta etapa del proceso la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima.

La primera de las dos faltas que se le endilgan a Carlos Mario Céspedes Torres, quien fue objeto de dos imputaciones consistió en certificar que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el objeto contractual, cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por SVSCS, firma que presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida, y Bimedia Studio, sin vincular entidades que por su perfil se adecuaban a las necesidades que originaron el proceso contractual en el municipio y recomendar la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales.

En segundo lugar se le cuestiona al exsecretario de Gobierno de Valledupar y supervisor del citado contrato, el no exigir la calidad de los servicios adquiridos por la entidad estatal, pese a las evidentes diferencias numéricas de los asistentes, al eventual sobrecupo en el auditorio donde se llevaron a cabo las capacitaciones, a las fechas en las que se dice fue alquilado el recinto y a la falta de informe sobre las algunas obligaciones contenidas en el contrato.

Las conductas del entonces secretario de Gobierno fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo y de culpa gravísima, respectivamente.

A Mery María Romero Mestre se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios.

Su falta se calificó en esta etapa como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que situaciones como la presentada generan una imagen negativa a la administración y generan desconfianza de los ciudadanos, poniendo en entredicho la buena fe con que deben actuar todos los servidores del Estado.

 Finalmente el órgano disciplinario señaló que los sujetos procesales podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren conducentes para su defensa.

 

Por decisión del Presidente la comisión IV, Luis Eduardo Díaz Granados el Representante Eloy Chichí Quintero Romero fue designado coordinador ponente en comisión IV de esta afición presupuestal, lo cual indica que el congresista será quien además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará al Presidente en el trámite del proyecto respectivo y además es el encargado de liderar la discusión de este proyecto de adición presupuestal que consta de cuatro debates, dos en Senado y dos en Cámara para lo cual son necesarios varios ponentes encargados de sustentar la iniciativa y también tendrán la facultad de proponer modificaciones.

El término para la presentación de las ponencias será fijado por el Presidente respectivo y estará definido entre cinco (5) a quince (15) días de acuerdo con la significación, volumen normativo de la propuesta y de la categoría de ley de que se trate, así como lo indica el artículo 150 de la ley 5 de 1992.

Con este proyecto de ley de adición lo que se busca es adicionar recursos al presupuesto aprobado para la vigencia el año 2017 y se suman recursos cercanos a los 7.7 billones de pesos con los que se pretende cumplir algunos compromisos sociales y del posconflicto.

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