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Politica

El presidente de la Cámara Alejandro Chacón confirmó que este jueves posesionará en la curul del Atlántico a Benedicto de Jesús González de la Farc después del fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenó llamar al siguiente en la lista de ese partido que quedó después de Jesús Santrich en las pasadas elecciones al Congreso.

“Será mientras se decide de fondo en el Consejo de Estado el caso de Santrich. Así que esperamos este jueves en la mañana cumplir con ese trámite”, dijo Chacón.

Benedicto de Jesús González manifestó que estará en esa curul temporalmente porque confían en que Santrich saldrá de la cárcel y asumirá sus responsabilidades políticas.

“Fuimos notificados por el Tribunal y conversé con el presidente de la Cámara para la posesión. Es un triunfo del partido porque se queda con la curul y se reconoce un derecho ya que el partido tiene 10 curules”.

A su turno el senador Pablo Catatumbo de la Farc, manifestó que la decisión que tomó el Tribunal fue acertada y que lo importante es que el partido conservará esa curul. “Es una buena noticia y un reconocimiento de que somos un partido legal al que se le deben respetar todos sus derechos políticos”.

Benedicto de Jesús González es un militante del partido, en tránsito a la legalidad, que perteneció al Bloque Caribe y fue conocido durante la guerra como Alirio Córdoba.

 

La elección del Senado de la República de forma mixta y la creación de la figura del vicegobernador, son algunas de las principales novedades que se tienen en la reforma política que se empezará a discutir desde este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Esta, por ser una reforma constitucional, cumple su cuarto debate y de ser aprobada alcanzará la primera vuelta, y es además uno de las tres enmiendas constitucionales que llevó el gobierno de Iván Duque al Congreso tras su llegada al poder en agosto pasado.

Las otras dos fueron la reforma a la justicia, que ya se hundió, y la reforma que prohíbe que los delitos de secuestro y narcotráfico sean amnistiables en un proceso de paz.

Entre el pliego de modificaciones que están en la ponencia para segundo debate está la que determina que el Senado de la República se elija de forma mixta. Un senador por cada uno de los 32 departamentos y Bogotá y el resto, 67, se darán por circunscripción nacional, tal y como se realiza en la actualidad.

Otra norma que se lleva, como nueva para el debate, es que se crea la figura del vicegobernador, que será el compañero de fórmula del candidato a gobernador. Este vicegobernador ocupará una secretaría en el gabinete y además reemplazará al gobernador en los casos de ausencia.

Un punto más y que no es compartido por el Gobierno Nacional, es la que habilita a los congresistas a renunciar para que hagan parte del poder ejecutivo, es decir ministros o embajadores. En la discusión de la Comisión Primera se había determinado que hubiese una inhabilidad de un año, pero ahora para la plenaria de la Cámara se redujo a sólo seis meses.

 

A sus 95 años, afectado por problemas renales, falleció el expresidente Belisario Betancur Cuartas, quien gobernó a Colombia entre 1982 y 1986. La historia dirá que fue el primer mandatario que decidió apostarle a la negociación política como la fórmula para terminar con el conflicto armado entre el Estado y la insurgencia; pero también se recordará siempre como el jefe de Gobierno a quien le correspondió afrontar el hecho judicial más grave ocurrido en el país después de El Bogotazo de 1948: la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Desde esa perspectiva histórica, la evaluación de su paso por el poder quedó signada por los acontecimientos.

Nacido en la vereda El Morro de la Paila, del municipio de Amagá (Antioquia) en febrero de 1923, sus primeros años los pasó becado en el Seminario de Misiones de Yarumal (Antioquia), pero se graduó como bachiller en el colegio de la Universidad Católica Bolivariana de Medellín en 1941. Luego, estudió Derecho y Economía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y obtuvo su grado en 1947 con la tesis titulada “El orden público-económico”. Ya en ese momento incursionaba en la política electoral, al punto de que, entre 1945 y 1947, ejerció como diputado conservador a la Asamblea de Antioquia.

Eran los años en los que la violencia partidista entre conservadores y liberales causaba estrago en varias áreas rurales del país, y el poder político regresaba a los conservadores tras la victoria electoral de Mariano Ospina Pérez en 1946. Además de su intensa actividad política, incursionó con éxito en el periodismo, lo que le permitió proyectarse políticamente a nivel nacional. Tras la caída del gobierno de Laureano Gómez en 1953, inicialmente entró a ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente que sustituyó al Congreso entre 1953 y 1957, pero luego se convirtió en uno de los principales opositores del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, al punto de que le costó la privación de la libertad por un tiempo.

Al iniciarse el Frente Nacional, siempre dentro de la militancia conservadora y de la línea laureanista, saltó a las grandes lides del Poder Ejecutivo cuando fue designado como ministro de Trabajo del presidente conservador Guillermo León Valencia en 1963. En esa misión, Betancur se vio forzado a enfrentar uno de los hechos más polémicos de la época: la denominada ‘masacre de Santa Bárbara’. Por esos días había estallado una huelga de trabajadores de la cementera El Cairo en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), y la Fuerza Pública intervino causando la muerte de 12 trabajadores y heridas a 39. Como ministro de Trabajo, tuvo que afrontar encendidos debates en el Congreso, en momentos en que el orden público empezaba a complicarse.

Para el año de 1970, decidió aspirar por segunda vez a la Presidencia de la República en una accidentada justa electoral que quedó manchada para la historia por la sombra del fraude. Aunque el oficialismo liberal y conservador apoyaron la candidatura de Misael Pastrana Borrero, los candidatos Evaristo Sourdís y Belisario Betancur decidieron sostener sus candidaturas. Ante la división de caminos en el conservatismo, cobró fuerza la aspiración política de Gustavo Rojas Pinilla. La jornada del 19 de abril de 1970 quedó marcada por la declaratoria del estado de sitio y el toque de queda, para garantizar el veredicto de la Registraduría con la victoria de Pastrana. Entonces, Betancur comenzó a distanciarse de su propio partido.

En los años siguientes, fue embajador de Colombia en España y creador de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en espera de una nueva postulación, la cual llegó en 1978. En esta ocasión, con el respaldo del conservatismo, enfrentó al candidato liberal Julio César Turbay Ayala, quien le ganó por un estrecho margen. Por esta razón, en los círculos políticos, fue claro que iba a repetir candidatura cuatro años después. Como finalmente ocurrió. Sin embargo, en 1982 no se presentó como candidato conservador sino como jefe de un movimiento nacional suprapartidista que aprovechó la división liberal entre Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán, para alzarse con la victoria en mayo de ese año.

Como lo había prometido, su primera gestión de gobierno fue conformar una comisión de paz de 34 miembros, planteada para iniciar diálogos con los grupos alzados en armas. De manera simultánea, su política exterior marchó por la misma vía, al punto de que decidió impulsar el llamado Grupo de Contadora que apostó por imponer la paz en América Central. Esta iniciativa le significó la concesión del Premio Príncipe de Asturias, en España, además por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el país europeo. No obstante, en el plano interno, no solo la paz significó de entrada su primer reto como gobernante, sino que tuvo que debutar afrontando las consecuencias de la llamada ‘crisis financiera de los años 80’.

Entonces, en octubre de 1982 decretó la emergencia económica y en desarrollo de ella, expidió el decreto 2920 de 1982 que dio vía libre para la nacionalización de empresas afectadas por la crisis, y le dio dientes a la justicia para enfrentar a los banqueros que habían propiciado la crisis. Mientras trataba de darle remiendos a la crítica situación del sector financiero, a través de 10 decretos lanzó el Plan de Rehabilitación, un ambicioso programa de ayuda para las zonas de conflicto. De paso, impulsó en el Congreso la que se convirtió en la Ley 35 de 1982 o Ley de Amnistía, primer paso hacia el proceso de paz, pero también el primer detonante de una dura confrontación pública con sectores cercanos a las Fuerzas Militares.

En virtud de la Ley de Amnistía, la mayoría de los guerrilleros que estaban presos a raíz del Estatuto de Seguridad de la era Turbay Ayala, quedaron en libertad. Esa decisión, sin contraprestación por parte de la insurgencia, provocó airados reclamos de sectores de oposición. En particular el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, declaró públicamente que el país debía acostumbrarse a escuchar a sus generales. Las tensiones crecieron en febrero de 1983 cuando el procurador Carlos Jiménez Gómez reveló que al interior del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), que ya desangraba a Colombia, había miembros activos de las Fuerzas Militares. El país entró en una peligrosa polarización política.

A finales de mayo de ese difícil 1983, renunció a la presidencia de la Comisión de Paz Otto Morales Benítez y su mensaje de dimisión, que pasó a la historia, dejó clara la dificultad para avanzar hacia la concordia.Fue Morales Benítez quien señaló a los “enemigos agazapados de la paz, por dentro y fuera del gobierno”, como los responsables de la crisis. “Esas fuerzas reaccionarias en otros tiempos lucharon, como hoy, con sutilezas contra la paz y lograron torpedearla. Por ello, nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”, escribió Morales. Y como si fuera un hecho premonitorio, eso fue lo que terminó imponiéndose en materia de paz. Desde el gobierno, mucho apoyo, pero en la realidad, demasiada oposición.

En busca de aliados para sacar adelante sus iniciativas de gobierno, en agosto de 1983 Betancur promovió un cambio en su gabinete ministerial, y entró a fortalecerlo el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Con el propósito de enfrentar el otro coloso de la guerra, el narcotráfico, llegó al Ejecutivo, en calidad de ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.Apenas dos semanas después ya el Congreso era un hervidero político. El ministro Lara encaró al representante a la Cámara por Antioquia Pablo Escobar Gaviria, señaló a otros narcotraficantes que se habían colado en el fútbol, la política o la economía, y fue Troya. En breve, el enfrentamiento político derivó en la guerra que le plantearon el país los llamados ‘extraditables’.

A pesar de que el ambiente se complicó al extremo, Betancur no declinó en su interés por sacar adelante el proceso de paz. Fue así como en octubre de 1983, durante un viaje por Europa, se reunió con los líderes del M-19 Álvaro Fayad e Iván Ramiro Ospina, con el propósito de avanzar hacia el cese de fuegos. Pero como todo en aquella época de los años 80, las noticias malas seguían causando dificultades adicionales. La de finales del año fue el robo de 13,5 millones de dólares de una cuenta colombiana en el Chase Manhattan Bank, de Estados Unidos. Aunque el autor del robo, Roberto Soto Prieto, lo hizo a título personal, no faltaron los debates contra el gobierno, a quien se responsabilizaba de toda la crisis social o económica.

Y llegó el año 1984 rodeado de contrastes. Primero, con la declaratoria del estado de sitio en los departamentos del Caquetá, Huila, Meta y Cauca debido a los rigores del orden público. Después, con el anuncio de que la Policía Antinarcóticos había desmantelado el laboratorio de Tranquilandia, una gigantesca factoría de producción de cocaína en los llanos del Yarí, en el Caquetá. A pesar de las noticias de guerra, el 28 de marzo de 1984, el gobierno logró el mayor avance en su negociación de paz: la firma de los acuerdos de La Uribe, que permitió el cese al fuego con las Farc. La tregua quedó pactada para iniciarse el 28 de mayo. Lo que no esperaba nadie en el país es que la otra guerra, la del narcotráfico, iba a agregar un detonante mayor.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Al día siguiente, en Neiva, durante las exequias del alto funcionario, el presidente Betancur anunció su ofensiva total contra el narcotráfico y la aplicación del tratado de extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos en septiembre de 1979. De ahí en adelante, mientras las comisiones verificadoras de la paz trataban de imponerla en las zonas de violencia, o al tiempo que se lograba firmar acuerdos de cese al fuego con el M-19, el EPL, el Movimiento Autodefensa Obrera, y otros grupos guerrilleros, la guerra del narcotráfico contra la sociedad y el Estado cobró forma. En el río revuelto de la violencia, también la guerra sucia empezó a hacer estragos.

Aunque a través de su comisionado de paz, John Agudelo Ríos, el gobierno quiso darle toda su fuerza a la Comisión de Verificación de los acuerdos de paz, empezaron a caer asesinados líderes de izquierda o amigos del proceso de paz. Entre ellos, el médico, excongresista e ideólogo del M-19, Carlos Toledo Plata, asesinado el 10 de agosto de 1984. Al mismo tiempo, Betancur creó 10 subcomisiones de diálogo para concertar avances en temas agrarios, laborales, educativos, de salud pública y desarrollo económico, siempre pensando en que era el camino para asegurar la paz que había concertado, pero los “enemigos agazapados” resultaron más incidentes y el ambiente se tensionó a tal punto que se precipitó la desgracia.

Sin la fortaleza política de sus tiempos iniciales, el gobierno tuvo que ser testigo de cómo la polarización política se fue convirtiendo en violencia selectiva. Para tratar de darle confianza a los grupos guerrilleros con los que había negociado la paz, Betancur posibilitó la creación de grupos políticos como la Unión Patriótica, el Frente Popular o el movimiento A Luchar. No obstante, casi desde sus orígenes, sus principales dirigentes empezaron a caer asesinados. Luego de un atentado al dirigente del M-19 Antonio Navarro Wolf en mayo de 1985, se rompió la tregua con el M-19. Los otros grupos guerrilleros también se abrieron del proceso. Las Fuerzas Militares se llenaron de argumentos para denunciar el fracaso de la tregua.

El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia, con el propósito de hacerle un juicio público a Belisario Betancur por sus supuestos incumplimientos en el proceso de paz. La reacción de las Fuerzas Militares y lo que ya conoce el país, no solo dejó un saldo lamentable de 97 víctimas mortales, sino la sepultura definitiva de las intenciones de paz del gobierno. Políticamente, el gobierno Betancur quedó sin aliento y el M-19 liquidado. No obstante, ante una denuncia de la Procuraduría, la Comisión de Acusación de la Cámara no encontró razones para evaluar la conducta del presidente, quien públicamente asumió la responsabilidad de todo lo que había sucedido.  

Para colmo de males, una semana después del holocausto del Palacio de Justicia, sobrevino la tragedia de Armero, donde perdieron la vida cerca de 30.000 personas. De nuevo, el gobierno de Belisario Betancur quedó en la mira del país ante los señalamientos de que había sido una tragedia anunciada. En el ocaso de su gobierno, Betancur no declinó en sus últimos esfuerzos por tratar de dejar una ruta de paz, y los más importantes de ellos fueron la reforma constitucional que creó la elección popular de alcaldes, que se estrenó en 1988; y la formalización del partido político de la Unión Patriótica, para que iniciara su vida electoral en las elecciones legislativas de marzo de 1986. Con esos actos, selló su obra de gobierno.

En materia de realizaciones, los analistas de su gestión como primer mandatario le añaden haber impulsado reformas a los regímenes departamental y municipal; la creación del Estatuto de Televisión, la expedición del nuevo Código Contencioso Administrativo; la promulgación del Estatuto Básico de los partidos; y el impulso a los canales de televisión regionales. Cuando dejó la Casa de Nariño, como bien lo describió el expresidente Alfonso López, era claro que la historia contemporánea de Colombia tenía desde ese momento un antes y un después. El gobierno de Belisario Betancur partió en dos la vida de las últimas generaciones del siglo XX y la paz con las Farc firmada en 2016, tuvo realmente su primer capítulo con este gobierno.

Después de su paso por la Presidencia de la República, a diferencia de los demás exmandatarios, Belisario Betancur se mantuvo totalmente alejado de la escena política. De vez en cuando rompió su silencio en coyunturas particulares, como el apoyo que le dio al proceso de paz de Andrés Pastrana a partir de 1998, y en general, a todas las iniciativas relacionadas con la búsqueda de la negociación política del conflicto armado. En contraste, con su silencio político, mantuvo una activa vida cultural, a través de la fundación Santillana, el Museo de los Niños, la Casa de Poesía Silva o el Museo de Arte Moderno. Su producción intelectual se mantuvo y hasta su deceso se le vio en importantes eventos de naturaleza cultural. 

 

Según aprobó la Cámara en tercer debate, habrá listas cerradas y con alternancia entre hombre y mujer para las elecciones de 2019.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de reforma política, que incluyó propuestas como la lista cerrada de candidatos para las elecciones y la financiación totalmente estatal de las campañas a partir del 2019.

Habrá paridad de género, es decir, las listas estarán conformadas en un 50% por mujeres que se ubicarán en alternancia con los hombres.

La representante Juanita Goebertus dijo que “se incluyó la paridad y alternancia, eso significa que las listas estarán compuestas mujer-hombre-mujer-hombre, de tal forma que realmente avancemos hacia la equidad en la participación entre hombres y mujeres, nosotras somos más del 50% de la población, pero somos menos del 20% en los escenarios de participación política”.

También se le dio vía libre a un artículo nuevo que elimina la inhabilidad que actualmente tienen los congresistas para ocupar un cargo en el Gobierno.

Según se aprobó, los parlamentarios tendrían la posibilidad de abandonar su curul en cualquier momento para convertirse en ministros; lo mismo aplicaría en el caso de los concejales y diputados que quieran ocupar una Secretaría Municipal o Departamental.

El representante Juan Carlos Wills, uno de los ponentes, explicó que “hoy se está trabajando por debajo de la mesa y lo que queremos es que haya una representación política de los partidos, el Congreso requiere de representación en el Ejecutivo, así que el Ejecutivo también necesita del Legislativo. Lo que queremos es que haya más transparencia”.

Otro de los artículos que se aprobó dentro de la reforma política tiene que ver conla autonomía que tendrá el Congreso sobre el manejo del 20% del presupuesto nacional.

El representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, se opuso a esta propuesta argumentando que eso revive la mermelada para los parlamentarios.

“El Congreso no debe tener nada que ver con el presupuesto, mezclar votos con plata en este país ha demostrado ser nefasto y esto lo único que hace es volver la mermelada legal, que ahora va a venir en tarros pequeños en un 20%, con el registro Invima que es una ley y transparente porque el país lo va a conocer”, manifestó.

La reforma política también incluyó algunas propuestas como al de establecer que el Senado será en un 33% de carácter regional y la limitación a tres en el número de periodos de los congresistas.

La Alianza Verde dejó una constancia para tratar de revivir durante la discusión en la plenaria de la Cámara, la propuesta de eliminar el Consejo Nacional Electoral y reemplazarlo con un Tribunal Electoral que tenga dientes para combatir la corrupción en las campañas políticas.

 

El Cesar aparece en la segunda lista divulgada por la MOE, entre los departamentos donde les entregaron contratos a empresarios políticos,  por financiar campañas electorales.

En esta lista también se menciona a los departamentos de Boyacá, Cauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila y por último Atlántico con cuatro donaciones por $37 millones, de parte de tres donantes.

En la primera lista están los departamentos de Vichada, Bogotá, Arauca, Risaralda, Magdalena, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Meta.

La MOE encontró que hicieron 534 aportes a campañas políticas por $4.400 millones a candidatos a alcaldías y gobernaciones, y recibieron en contratación $169.000 millones.

En el marco del lanzamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE) para elecciones locales de 2019, la entidad entregó el informe de financiación de campañas del 2015, en el que asegura que en 183 municipios los actuales mandatarios entregaron contratación a sus financiadores.

La entidad encontró que 485 donantes hicieron 534 aportes a campañas políticas por una cifra cercana a los $4.400 millones a candidatos a alcaldías y gobernaciones, y recibieron en contratación $169.000, que equivale a 39 veces el dinero donado a las campañas.

Según la MOE, las modalidades a través de las cuales se beneficiaron los financiadores de campañas fueron la adjudicación directa de contratos a personas naturales, contratación en municipios pertenecientes al departamento del gobernador financiado, y financiadores de campañas a la alcaldía que recibieron contratos en distintos municipios del mismo departamento.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, aseguró que “el 65% de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña. Solo el 34% restante fueron licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos.”

La entidad también encontró que el 87% del monto fue contratado en los dos primeros años de gobierno. “Los mandatarios electos tienden a adjudicar de forma rápida a quienes financiaron la campaña”, agregó Barrios y llamó la atención sobre la duración de los contratos, los cuales en el 83% de los casos se ejecutan en menos de 5 meses.

Según la MOE, Antioquia, que encabeza el ranking de los municipios que adjudicaron recursos, recibió 112 donaciones por $663 millones de 103 donantes en 26 municipios. Después, a los financiadores les fueron otorgados un total de 616 contratos por $85 millones, que significa 129 veces la donación.

En la lista realizada por la entidad siguen en orden: Vichada, Bogotá, Arauca, Risaralda, Magdalena, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Meta. Más atrás se encuentran Cesar, Boyacá, Cauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila y por último Atlántico con cuatro donaciones por $37 millones, de parte de tres donantes.

“Estamos ante la posibilidad de ver de cerca la relación entre contratación y financiación de campañas, desde una metodología innovadora que podría servir a las autoridades para identificar cuándo la financiación de campañas busca empeñar la administración local a favor de redes de clientelismo y corrupción en los municipios”, dijo Alejandra Barrios.

Según los resultados de la investigación realizada por la MOE, 423 financiadores privados donaron cerca de $3.500 millones y recibieron contratos por $15.131 millones en los municipios.

En cuanto a los departamentos, la investigación identificó que 18 de las 32 gobernaciones del país (56%) dieron al menos un contrato a aquellas personas que ayudaron a financiar sus campañas electorales. En estos departamentos se encontró que 62 personas naturales o jurídicas donaron 840 millones de pesos y recibieron 18 mil millones de pesos.

De acuerdo con la MOE, de los 485 financiadores de campañas que recibieron contratos públicos, 267 (55%) superaron el límite máximo de donaciones del 2%. Es decir, no podían contratar con el Estado salvo que el objeto fuera prestación de servicios profesionales. La MOE encontró 138 municipios en los que los datos indican que se sobrepasó este tope.

“Estamos ante un panorama en el que cerca de 100 mil millones de pesos fueron dados a personas posiblemente inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero lo más grave es que a pesar de esto no existe en la reforma política ningún tipo de abordaje a este problema”, sostuvo Barrios.

¿Cómo se hizo?

Para la investigación de la MOE tomó la información entregada por el Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación reportada por 1.095 alcaldes y 32 gobernadores elegidos en el 2015 y la cruzó con la totalidad de la contratación reportada en el portal Colombia Compra Eficiente para los años 2016, 2017 y 2018.

Según la entidad, los análisis y datos encontrados ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicien las investigaciones pertinentes. Por otra parte, la MOE sostendrá reuniones con otras autoridades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, Colombia Compra Eficiente y el Consejo Nacional Electoral para tratar en detalle los resultados de la investigación.

“Entregamos unas posibles mallas de contratación a la Fiscalía que están completamente identificadas con números de contrato y con la identificación de quiénes hicieron las donaciones y recibieron a cambio contratos que equivaldrían al 90%, de la donación entregada”, añadió Barrios.

Para las elecciones locales del 2019, la MOE desplegará en todo el territorio nacional alrededor de 4.000 observadores.

La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la Reforma a la Justicia que estuvo agonizando por cuenta del retraso en su aprobación y ahora pasará a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

La ministra de justicia Gloria María Borrero lamentó que no se haya eliminado el Consejo Superior de la Judicatura y explicó algunos puntos de los aprobados. 

“Se cayó una de las banderas de la Reforma a la Justicia que era la transformación del CSJ, pero se aprobaron temas importantes como las facultades electorales que se les quitan a las cortes, cada cuatro años habrá más presupuesto para la rama, se aumentan los requisitos para ser magistrados, se aumenta la inhabilidad a cuatro años para los magistrados que quieran llegar a cargos de elección popular y el Gobierno insistirá en la eliminación del CNE”. 

A su turno la senadora Paloma Valencia indicó que es lamentable que no se haya aprobado el tribunal de aforados. 

“Es muy grave que en este país los escándalos como el del cartel de la toga no terminen nunca en nada. Colombia necesita justicia y los de cuello blanco no puede seguir delinquiendo”.

Para el senador Germán Varón Cotrino uno de los puntos importantes es el cambio que habrá para la elección del Contralor y el auditor. 

“Para la Contraloría se mantendrá el procedimiento en la que una Universidad participa en la postulación, para el Auditor será el Consejo de Estado y la Corte Suprema mientras se encuentra un mecanismo para quitarles esa función y que permita que sea también por concurso de méritos”.

El presidente del Congreso Ernesto Macías indicó que los tiempos están ajustados pero que antes del 16 de diciembre esta reforma superará los cuatro debates como lo ordena la ley. Así las cosas en 15 días se hará el tercer debate en la Cámara.

Luego de que la semana pasada se completaran los 11 diputados del departamento del Cesar, con la llegada de Jairo Rafael Gómez Cervantes en reemplazo de Julio Cesar Casadiegos Navarro, quien renunció de manera irrevocable, los diputados debían elegir nuevo Primer Vicepresidente, teniendo en cuenta que el cargo era ocupado por Casadiegos Navarro.

La elección se llevó a cabo durante la plenaria del día 6 de noviembre, donde los corporados postularon el nombre de Alfredo Pinto, diputado por el partido Liberal, quien aceptó y fue escogido con 10 votos positivos.

De esta manera el presidente de la Duma, José Mario Rodríguez Barriga le tomó juramento y posesionó al nuevo miembro de la Mesa Directiva de dicha corporación.

“Acompañaremos a la Presidencia para poder cumplir el cronograma que se tiene establecido. Hay unos temas importantes que estamos estudiando como autorizaciones al Gobernador, el presupuesto que inicia socialización y debates de control político que lideran los compañeros.  Comprometidos vamos a seguir trabajando”, expresó Alfredo Pinto tras su elección.

El diputado Liberal estará en el cargo durante lo que resta del periodo 2018, teniendo en cuenta que antes de finalizar este tercer periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Departamental del Cesar elegirá a los miembros de la mesa directiva para el periodo 2019.

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