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Politica

Chiriguaná se suma a los municipios del Cesar con movimientos de revocatoria a sus mandatarios en ejercicio. Los líderes del proceso contra la alcaldesa Zunilda Toloza Pérez sostienen que ella no ha cumplido con su plan de gobierno.

El movimiento de revocatoria elevó la solicitud del proceso a la Registraduría Nacional del Estado Civil y espera en por lo menos un mes recolectar las 1950 firmas necesarias para llegar hasta las urnas y consultar allí a los ciudadanos sobre si desean o no la continuidad de Toloza Pérez en el cargo.  

La postura política es asumida en coordinación por Jaime Jiménez Reales, excandidato a la Alcaldía de esa población, pero terminó sumado a la fuerza política de la hoy mandataria.

Otro de los argumentos expuestos para promover la revocatoria es que el verdadero poder dentro de la Administración Municipal estaría en manos del esposo de la alcaldesa, Carlos Torregrosa, y de uno de los hermanos de ella.

Se conoció que existe un mal ambiente dentro del mismo equipo de gobierno de Zunilda Toloza Pérez y con instituciones descentralizadas como la Comisaría de Familia.

Junto a Chiriguaná, en el Cesar están vigentes los procesos de revocatoria en Curumaní, Aguachica, Astrea y El agua de Ibirico, mientras que en El Copey el proceso llegó a la consulta de las urnas, pero el gobierno se mantuvo y en San Martín el proceso fue suprimido por la Registraduría. 

El Presidente de la República sancionó una ley que modifica las penas privativas de prisión, en unos casos, y eleva las multas en otros, para las conductas vulneratorias de los mecanismos de participación democrática.

Quienes violen los topes o límites de gastos en las campañas electorales y quienes utilicen recursos para la financiación de éstas de fuentes prohibidas enfrentarán penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 8 años, y altas multas.

En efecto, la Ley 1864 de agosto del 2017, sancionada en las últimas horas por el Presidente Juan Manuel Santos, introdujo modificaciones al Código Penal (Ley 599 del 2000) en el capítulo sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática.

La nueva normativa  respecto de la financiación señala: “El gerente de la campaña electoral que permitan en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

Además, en la misma pena “incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior”.

También en la “misma pena incurrirá el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral. En la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a la campaña electoral”.

Con respecto a la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, la mencionada ley indica: “El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

Según la norma, el delito de omisión de información del aportante significará para el responsable prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 smlmv.

Otras disposiciones

La Ley 1864 también introdujo variantes con respecto al delito de perturbación el sistema democrático, cuyos responsables aparte de la pena de prisión deberán pagar multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de constreñimiento al sufragante la norma adiciona la multa y aumenta la pena, que oscila entre 4 y 9 años, de la mitad al doble cuando “la conducta sea realizada por servidor público”.

Otro tanto ocurre con la conducta de fraude al sufragante, la pena que está entre 4 y 8 años de prisión “se aumentará de una tercera parte a la mitad” cuando el responsable sea servidor público y se aumentará de la mitad al doble “cuando la conducta este mediada por amenazas de pérdidas de servicios públicos estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales…”.

En torno del fraude en la inscripción de cédulas el responsable enfrentará prisión de entre 4 y 9 años, y multa de 50 a 200 smlmv. En este caso también “la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.

Sobre la elección ilícita de candidatos la norma ordena que quien resulte elegido n un cargo de elección popular “estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 200 a 800 smlmv”.

Con respecto al delito de corrupción al sufragante, la nueva norma prevé pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 smlv.

Alteración de resultados

Las penas para delitos como: alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y denegación de inscripción también fueron modificadas.

Así, el responsable de alterar resultados electorales purgará de 4 a 8 años de prisión y tendrá multa de 50 a 200 smlmv.

El ocultamiento y posesión ilícita de cédula será penalizado de 4 a 8 años de prisión, y habrá multa de 50 200 smlmv.

La denegación de inscripción señala que el servidor público a quien por ley corresponda la inscripción de un candidato o lista de candidatos para elecciones populares que “no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca” incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 smlmv.

La misma pena será aplicable por las conductas descritas cuando se trate plebiscito, referendo, consulta popular y revocatoria del mandato.

Igualmente, conductas como la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, el favorecimiento de voto fraudulento y el tráfico de votos.

Para el tráfico de votos la ley contempla prisión de cuatro a nueve años y multa de 400 a 1.200 smlmv. Así mismo, el responsable o responsables del voto fraudulento incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 smlmv.

Finalmente. el servidor público que no entregue oportunamente a la autoridad competente de documentos electorales purgará prisión de 4 a 9 años y enfrentará multa que oscila entre 50 y 200 smlmv.

 

15 conejales de Valledupar vuelven a perder la cómoda forma de dormir, al removerse el proceso que les inhabilitó y destituyó por 13 años, en primera instancia, pero que en segunda los absolvió ante la misma Procuraduría General de la Nación.

Ahora, a través del fallo a una acción de tutela, el Tribunal Administrativo del Cesar ordena al procurador general de la Nación, Fernándo Carrillo Flórez, que en cinco días hábiles “resuelva de fondo la solicitud de revocatoria directa presentada por Álvaro Molina Rodíguez el 5 de abril de 2017”.

Este proceso obedece a las supuestas faltas disciplinarias en las que habrían incurrido 15 de los 19 concejales de la ciudad, al elegir a Álvaro Luis Castilla Fragozo como contralor municipal y no a Omar Javier Contreras Socarrás, frente al posible conflicto de interés por ser el primero financiador de la campaña del hoy alcalde de Valledupar. Al final el Consejo de Estado ordenó, como en efecto ocurrió, dar posesión a Contreras Socarrás.

Los concejales implicados en el proceso son Luis Miguel Santrich, Víctor Julio Alvarado, José Amiro Araméndiz, Yesid Triana, Carlos Picón, Alex Pana, Wilfrido Ortiz, Jaime Bornacelly, Guido Castilla, Ciro Guzmán, Dorismel Celedón, José Gómez, Wilber Hinojosa, Gabriel Muvdi y Eudes Orozco.

El accionante de la tutela que remueve este caso es Álvaro Molina, un aspirante a ingresar al Concejo, luego de que lograra 1.378 votos, tras aspirar por el Movimiento Avanzar es Posible. Su colectividad perdería las dos curules logradas en las urnas, incluyendo la del actual presidente de la corporación, Luis Miguel Santrich.

 

“Aún sin partido Humberto de La Calle es la persona más idónea para liderar a quienes apoyamos el Sí y nos movilizamos a favor del acuerdo de paz, es el indicado para gobernar a Colombia en el posconflicto”, señaló el codirector del Partido de La U Armando Benedetti.

“Bienvenido a la contienda electoral, bienvenido al debate público, cada vez somos más los colombianos en coalición que queremos derrotar a quienes quieren volver trizas a Colombia, quiero debatir y competir con él, es un gran estadista, nos ayudó con la constitución del 91 y con el proceso de paz con las Farc”, dijo la senadora y precandidata presidencial de la Alianza Verde Claudia López.

“Me parece lógico pero resulta censurable el hecho de que muchas de las condiciones del proceso de paz estuvieran atadas al interés electoral que ahora demuestra Humberto de La Calle y que le quita objetividad y legitimidad a lo pactado en La Habana”, afirmó el senador de Cambio Radical Germán Varón.

“Veo un candidato con rodilleras, a la paz y al presidente Santos y a ese acuerdo que ayudo a construir, no le auguro ningún futuro a ese proyecto político”, manifestó la senadora y precandidata del uribismo María del Rosario Guerra.

El presidente, Juan Manuel Santos, designó a la secretaria de Educación de Barranquilla, Karen Abudinén, como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

La designada directora del ICBF es egresada de la facultad de Derecho de la Universidad del Norte y entre sus actividades profesionales se encuentra haber estado vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la ciudad de Washington.

Nació en la ciudad de Barranquilla y también fue directora nacional de Primera Infancia del Instituto de Bienestar Familiar y secretaria de Educación de la Capital del Atlántico.

 

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) se constituyen en la columna vertebral de la construcción de la paz en el país, porque priorizan la participación de las comunidades en la construcción e implementación de proyectos en los municipios más afectados por el conflicto, dijo este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos.

En este municipio del Cesar, el Primer Mandatario dijo que las comunidades organizadas van a tener voz y voto en la definición del tipo de desarrollo que quieren y la manera como se imaginan a su municipio en 10 o 15 años.

“Estos planes son la columna vertebral de la construcción de la paz que tenemos que hacer todos los días, en todo momento y en todo lugar. La paz se construye desde los territorios”, indicó el Jefe del Estado.

“La paz la debemos crear nosotros mismos, dejar los odios, la sed de venganza, los rencores y reconciliarnos. Reconciliarnos como sociedad, como seres humanos, como colombianos”, agregó.

¿Qué son?

Los planes se constituyen en un mecanismo creado en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, para implementar de manera rápida la Reforma Rural Integral en 11.000 veredas de 170 municipios priorizados por el Posconflicto, de los cuales 29 corresponden a las subregiones de los Montes de María (Bolívar y Sucre) y Sierra Nevada – Perijá (Cesar, La Guajira y Magdalena).

Pero el Presidente Santos dijo que ese programa no se limitará a esas localidades sino que cubrirá todo el país.

“Toda Colombia se va a beneficiar de esta paz. Hay planes concretos para que así sea. Lo que hemos hecho es priorizar los municipios más afectados como un ejercicio de reparación”, dijo.

“Tenemos que sanar esas heridas que la guerra nos ha abierto a tantos colombianos. Esas heridas se sanan de muchas formas y una de ellas es llevando desarrollo y progreso, abriendo oportunidades a familias y comunidades que tanto han sufrido la guerra”, agregó.

Los municipios de estas zonas priorizadas por contar con mayores índices de conflicto armado, pobreza, debilidad institucional y cultivos ilícitos son: El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano (Bolívar); Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Tolú Viejo (Sucre); Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Manaure Balcón del Cesar (Cesar); Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar (Guajira); Santa Marta, Aracataca, Ciénaga y Fundación (Magdalena).

Este programa será coordinado por la Agencia de Renovación del Territorio, en cabeza de Mariana Escobar Arango, quien estará presente en el lanzamiento de este PDET.

“Una forma de reconciliarnos es llevar progreso a las regiones y reconciliarlas. ¡Qué bueno estar aquí en un municipio con ese nombre tan lindo! Es lo que encarna lo que vamos a construir en toda Colombia. El que me suceda ojalá continúe con el mismo entusiasmo, pero son ustedes quienes se deben apropiar del proceso de construcción de paz y que nadie les quite ese derecho y ese privilegio”, puntualizó.

Así anunció Juan Manuel Santos, esta mañana, los cambios decididos en su equipo de gobierno:

"A Maria Claudia Lacouture, quien me ha acompañado desde el inicio de mi gobierno como directora de Procolombia y Ministra de Comercio, Industria y Turismo, la remplaza Maria Lorena Gutierrez, ex decana de la facultad de administración de la Universidad de los Andes, ex secretaria general de la presidencia y actual embajadora en Alemania. 

A Elsa Noguera, ministra de Vivienda, la remplaza Jaime Pumarejo, ex secretario de desarrollo del Atlántico y actual gerente de desarrollo urbano de la alcaldía de Barranquilla, quien cuenta con un Master en Administración del Instituto de Empresas de Madrid.

A Jorge Rojas, ministro de Transporte, lo sucederá Germán Cardona, mi primer ministro de esa cartera y quien diseñó y puso en marcha la gran revolución de la infraestructura que se está realizando. 

He aceptado con gran pesar la renuncia de Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura para que asuma la dirección de su partido. Le he pedido sin embargo que se mantenga en el cargo mientras se controla el brote de aftosa. 

En el ICBF, en remplazo de Cristina Plazas, he designado a Juan Carlos López, actual Gerente General de Colombia Mayor. 

En Findeter he designado, para suceder a Luis Fernando Arboleda a Carlos Correa, actual Alto Consejero para las Regiones. 

En su remplazo en esta alta consejería, he nombrado al exsenador Camilo Sanchez. 

Para ocupar el cargo de Directora de la Unidad de Víctimas en remplazo de Alan Jara, he designado a Yolanda Pinto, viuda del asesinado gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria. 

Al frente del ICFES, he nombrado a Jorge Eliecer Lara, Doctor en Economía, con especialización en Pedagogía y Docencia, en remplazo de Ximena Dueñas. 

Para la Superintendencia de Notariado y Registro, he designado a la abogada Juana Bazán ex procuradora delegada para asuntos de familia. 

Al frente de Fiduagraria he nombrado a Martha Lucia Rodriguez, quien cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Voy a presentar a la Junta Directiva de Bancoldex a Mario Suarez Melo, ex rector de la Universidad del Rosario y ex presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, como presidente del banco en remplazo de Luis Fernando Castro. 

Al frente de RTVC, en remplazo de John Jairo Campo, quien pasa a reforzar el equipo de comunicaciones de palacio, he nombrado José Jorge Dangond, con amplia trayectoria en televisión y medios de comunicación. 

He aceptado la renuncia del director de Fonade, Ariel Alfonso Aduen. He encargado de esta dependencia al Director del DNP, Luis Fernando Mejía".

 

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