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Politica

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto como gobernadora del Departamento de La Guajira para el periodo 2016 - 2019. 

La Corporación Judicial tomó la decisión al considerar que su elección violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

El alto tribunal acogió los argumentos que presentó el demandante quién aseguró que la gobernadora violó la prohibición contenida en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, según la cual, "quien resulte elegido alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes". 

Pinto elegida como alcaldesa del municipio de Albania, Guajira para el período 2012-2015 y ocupó dicho cargo hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada. 

Pese a lo anterior, Pinto Pérez el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira para las recientes elecciones territoriales de 2015. 

Entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen la Ley 617 de 2000. 

Esta decisión sentó jurisprudencia al determinar la definición del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7, 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, así como su alcance de la aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en materia electoral y los efectos de la declaratoria de nulidades electorales por vicios subjetivos.

 

Después de 6 horas de discusión, en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobaron en el último debate los cinco artículos del Acto Legislativo para la Paz, que incluyen el numeral cuatro con el texto que se acordó en La Habana para elevar los acuerdos a categoría “Especial” y blinda jurídicamente lo que se pacte con las Farc.

En medio de señalamientos del Centro Democrático sobre “la mermelada” del Gobierno para que los partidos respaldaran la iniciativa, y de la respuesta de varios de los congresistas que pidieron mostrar las pruebas y que se realicen ante las autoridades las denuncias correspondientes sobre las acusaciones que consideraron infundadas.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el artículo cuarto que se aprobó, busca de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, por lo que una vez se firme y entre en vigor, ingresará al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación.

Se determina además que el Acuerdo Final será considerado como un Acuerdo Especial en los términos de los convenios de Ginebra, pero entrará en vigor solo hasta que se refrende por los colombianos y entre en vigor el Acto Legislativo. Será incorporado al derecho interno, a través de una ley tramitada de manera especial por el Congreso de la República.

Para ello se modificó el artículo quinto, que señala que agregando que “el presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Este es el texto final que se aprobó el Congreso de la República y que pasará a revisión de la Corte Constitucional una vez se concilie entre Senado y Cámara.

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo transitorioProcedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República.

El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se regirá por las siguientes reglas:

a)Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz serán de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional, y su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera;

b)Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él;

c) El título de las leyes y los actos legislativos a los que se refiere este artículo, deberá corresponder precisamente a su contenido y a su texto procederá esta fórmula: “El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, DECRETA”;

d)El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que medie para ello solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las plenarias de cada una de las Cámaras;

e) Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley, según su naturaleza;

f) Los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días.

g) Los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta;

h) Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional;

i) Todos los proyectos y de acto legislativo podrán tramitarse en sesiones extraordinarias;

j) En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación;

k) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las Leyes Estatuarias tendrán control previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.

En lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República.

Artículo 2°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo transitorioFacultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos.

Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición.

Artículo 3°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo transitorio. Plan de Inversiones para la Paz. El Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales. El gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones.

Las autoridades departamentales, municipales y distritales tendrán la facultad de hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo para adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz durante los seis meses siguientes a la adopción de este.

Al inicio de cada legislatura el Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo presentarán al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones.

Artículo 4°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio:En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.

En desarrollo del Derecho a la paz, el Procedimiento Legislativo Especial para la aprobación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del Senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre comisión y plenaria será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el mismo artículo.

El control constitucional relacionado con la aprobación de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático.

Artículo 5°. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

 

Por 7 votos a favor y ninguno en contra fue aprobado por la Comisión Sexta del Senado de la República, el proyecto de ley que regula el cobro prejurídico que hace el ICETEX a los estudiantes que han solicitado crédito con esa entidad estatal.

La iniciativa, que pasa a estudio para último debate en la plenaria de esa corporación legislativa antes de convertirse en Ley de República, busca que esa entidad asuma los honorarios por la gestión de cobranza prejurídica que hoy deben asumir los estudiantes.

De esta forma, los gastos en que incurra el ICETEX por esta gestión de cobranza no podrán de ninguna manera ser transferidos a los estudiantes. Para una familia el costo del cobro pre-jurídico afecta su economía en por lo menos 20%, con lo que el Proyecto de Ley aliviaría esta carga y tendría un impacto mínimo sobre el presupuesto del organismo, pues ya hoy en día destina más de $9 mil millones para esta labor.

Ante los recientes anuncios del ICETEX, el Representante a la Cámara señaló lo siguiente: “Aunque esa entidad anunció que asumió desde el pasado 5 de abril la gestión del cobro prejurídico, eliminando la intermediación de las casas de cobranza, los estudiantes siguen asumiendo los gastos administrativos, es decir, los honorarios que debían cancelar a esas empresas”.

El Congresista aseguró que actualmente el ICETEX destina para la gestión del cobro prejurídico cerca de $6.500 millones de pesos. Estos recursos han servido para financiar el centro de contacto que contrató directamente la entidad. No obstante, a los estudiantes se les sigue cobrando entre el 6,5% y 8,5% de la deuda para cubrir los gastos administrativos.

“Esta decisión es insuficiente y no resuelve el problema de fondo que enfrentan más de 35 mil estudiantes, quienes seguirán viendo crecer de manera exagerada su deuda. Por eso continuaré adelante con el proyecto de ley que busca eliminar definitivamente el cobro prejurídico”, explicó.

Finalmente, Lara Restrepo confió en que antes de finalizar esta legislatura, el próximo 20 de junio, sea probada esta iniciativa que favorece a más de 652.000 beneficiarios del ICETEX.

 

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional el Gobierno Nacional en cabeza del presidente, Juan Manuel Santos, defenderá el Plebiscito para la paz, el cual es el mecanismo de refrendación propuesto por el ejecutivo para aprobar el acuerdo final que se firme en la Habana, entre el Gobierno y las Farc.

La audiencia pública comenzará a las 8 de la mañana y será el presidente Santos el primero en intervenir por espacio de 20 minutos.

Una vez finalice su intervención seguirá el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo y el jefe Negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

Luego intervendrá la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda; quien solicitará que se tumbe dicho proyecto de ley al considerar que el referéndum constitucional es el mecanismo idóneo para la refrendación.

Posteriormente intervendrá el defensor del Pueblo, Alberto Cajiao y el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas.

Después del mediodía se escucharán las intervenciones de académicos y constituyentes y finalizará con el fiscal General, Jorge Perdomo.

El presidente del Partido Conservador, David Barguil, anunció que las bancadas de Senado y Cámara condicionarán la aprobación del artículo que blinda jurídicamente los acuerdos de La Habana, que se incluyó en el acto legislativo para la paz. 

Según explicó representante a la Cámara y líder de la colectividad, “hemos decidido presentar una proposición que constituya en el blindaje para la sociedad colombiana de los acuerdos que se adelantan en La Habana”. 

Allí establecerán que lo pactado en Cuba con las Farc solo pueda ser elevado a ‘Acuerdo Especial’, “cuando se dé el desarme definitivo de las Farc y en tercera instancia con el cese de toda acción ilícita en especial la del narcotráfico”. 

Además de estas dos condiciones, piden que se incluya explícitamente que los acuerdos entren en vigor, “una vez se haya dado la refrendación por parte del pueblo colombiano que es un compromiso expreso delGobierno”. 

De esta manera los conservadores buscan incluir en el Acto Legislativo para la Paz estas condiciones, durante el séptimo debate que se iniciará este miércoles en el Congreso de la República.

El presidente Juan Manuel Santos empezó su alocución asegurando que el acuerdo que se alcanzó con las Farc la semana anterior sobre la implementación y refrendación de todos los acuerdos de La Habana, es un avance importante. “Es sencillamente la garantía de que los acuerdos se van a cumplir”, expresó.

E inició por aclarar los alcances del mismo. “Después de 50 años de estar combatiendo al Estado y sus instituciones, de desconocer nuestra Constitución y nuestras leyes, las Farc aceptaron que el procedimiento para dar vigencia a los acuerdos y garantizar su cumplimiento se debe pasar- precisamente- por la Constitución y por los tres poder que emanan de ella: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Para el mandatario, el hecho de que la guerrilla reconozca las leyes y el Estado que han combatido durante años, es- sin duda- un paso trascendental.

A este procedimiento se le agregó- como un seguro adicional- que el acuerdo final, una vez firmado (por Gobierno y Farc) se depositará ante el Consejo Federal Suizo “dándole el tratamiento de acuerdo especial, sin que esto signifique que se puedan obviar los procedimientos internos, ni que se le esté dando categoría de tratado, como algunos han sugerido”.

Se decidió- según Santos- que dicho acuerdo final se enviará a las Naciones Unidas para que se deje constancia expresa de su contenido ante el mundo.

“Lo que hay que resaltar es que se ha aceptado el procedimiento que contempla nuestra Constitución y que los acuerdos quedarán blindados para que el día de mañana no se cambie lo pactado”, aclaró el Presidente.

A los senadores y representantes les corresponderá aprobar el proyecto de acto legislativo en curso que establece procedimientos especiales para las leyes y las reformas necesarias para implementar los acuerdos.

“Y les corresponderá, además, la aprobación del Acuerdo Final de Paz para que quede incorporado en nuestra normatividad interna”.

Para mayor garantía, lo que apruebe el Congreso sobre el Acuerdo de Paz pasará automáticamente a control de la Corte Constitucional. “La Corte controlará que ese acuerdo de paz- que tanto esperamos los colombianos- respete nuestra Constitución y garantice nuestros derechos”.

Y lo más importante: los colombianos tendrán la última palabra para que aprueben o rechacen los acuerdos de paz en las urnas.

 “Los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente, como siempre lo he prometido, para que entren en vigencia. Estamos a la espera de la luz verde al plebiscito por parte de la Corte Constitucional. O sea: lo que se estableció no es otra cosa que la participación de todas las instancias y controles de nuestra democracia”.

Por esto- resaltó el mandatario- “es realmente absurdo hablar de golpe de Estado o que se les está entregando al país a las Farc, cuando es lo contrario: las Farc se someten a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

Y añadió: “¡Qué bueno poder decir ahora que de los 6 puntos de la agenda ya tenemos acuerdos sobre 5!”. Es decir, el punto sobre desarrollo rural, el de participación política, el punto sobre el problema de las drogas.

 “Se acordó también el punto clave para las víctimas que garantiza que sus derechos a la verdad, a la Justicia, a la reparación y a la no repetición. “Y dentro de ese punto está la justicia transicional para que esta paz sea una paz sin- repito- impunidad”.

 Lo que falta

Juan Manuel Santos anunció que falta el punto del fin del conflicto donde se acordará lo relativo al cese definitivo y bilateral del fuego y las hostilidades. Y desde luego, la dejación de armas.

 “Cuando esto se acuerde podremos decir que se terminó la guerra con este grupo armado y solo restaría acordar unos temas concretos y algunos protocolos como por ejemplo: definir quiénes designarán a los magistrados del Tribunal de Paz para poder decir que tenemos el acuerdo final.

Antes de culminar su discurso, Santos se refirió a la buena noticia de sacar a los niños de la guerra.

“Se acordó por fin porque llevamos mucho tiempo insistiendo en eso: la salida inmediata de los menores de 15 años de los campamentos de las Farc y la elaboración de una hoja de ruta para la salida progresiva de todos los menores de edad”.

No conozco- reiteró- ningún acuerdo de paz en el que un gobierno y una guerrilla hayan logrado esto antes de la firma del acuerdo final.

“Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que pronto terminará este capítulo doloroso de nuestra historia y comenzará uno nuevo: el de la paz y la reconciliación”, concluyó Santos.

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió inhibirse de estudiar a fondo una demanda que buscaba revivir la reelección presidencial en Colombia.

El Alto Tribunal tomó la decisión al considerar que la demanda estaba mal presentada por lo que no ameritaba un pronunciamiento de fondo.

Con esta decisión quedó en firme el artículo 9 de la polémica reforma de equilibrio de poderes el cual ha sido considerado la columna vertebral pues prácticamente cerró la puerta a que futuros presidentes puedan ser reelectos en sus cargos tal como ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe y con el actual mandatario Juan Manuel Santos.

Sin embargo la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante un referendo de iniciativa popular o una asamblea constituyente.

El artículo que había sido demandando dice textualmente "no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente".