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Politica

Miércoles, 29 Noviembre 2017 19:39

Se hundió la reforma política

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Se agotó el tiempo y no hubo ambiente político para aprobarla y por esa razón se decidió que no se tramitaría, considerando que los partidos no querían cambiar las reglas electorales a tres meses de las elecciones de Congreso.

Aunque el senador Roy Barreras eliminó siete de los ocho artículos, no fue posible convencer al Senado y por esa razón el ministro del Interior, Guillermo Rivera, solicitó al Senado el archivo de la iniciativa.

La reforma que se ideó en el acuerdo de paz se fue deformando con el paso de los debates, hasta que terminó en un articulado que solo beneficiaba a los partidos tradicionales, lo que incluso generó que las propias Farc pidieran su hundimiento.

Con 68 votos, la votación más alta que ha tenido cualquier proyecto de paz, el Senado archivó esta iniciativa que ya quedó para el próximo Gobierno y el próximo Congreso.

Después de varias sesiones y fuertes debates la Cámara de Representantes aprobó en último debate la ley estatutaria de la JEP que pondrá en funcionamiento el nuevo tribunal de paz al que acudirán los exintegrantes de las FARC, Agentes del Estado y civiles pero estos de manera voluntaria.
La noticia, sin duda, fue la exclusión de beneficios para aquellos exguerrilleros que se les compruebe un delito sexual contra menores de edad.

En ese caso las penas serán mayores según lo aprobado por mayorías en la corporación.

 “Ante la JEP es una realidad que los violadores y asesinos de niños miembros de las FARC recibirán las penas de la justicia ordinaria, con penas en centros carcelarios, y no los beneficios de la jurisdicción de paz con penas bajas y trabajo restaurativo.Así defendemos y reparamos a todos esos niñas y niñas que fueron abusados sexualmente mientras estuvieron en manos de la guerrilla, una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado”, dijo el representante Efraín Torres.

La participación en política también quedó en firme siempre y cuando haya un compromiso de sometimiento por parte de los exguerrilleros, si la presidencia de la JEP certifica esa comparecencia se podrá ejecutar la posesión a un cargo público.

En el régimen de inhabilidades también hubo cambios y se modificó lo aprobado en el Senado, terminando así la polémica que se había generado. Ahora sencillamente se aplicarán las normas a las que se someten los togados de las altas cortes.

“Quienes se sometan a la JEP podrán recusar a los magistrados que estén conociendo de los procesos, así como los propios magistrados tendrían la posibilidad de declararse impedidos por creer que han tenido injerencia en algún caso en específico. Los que están elegidos se mantienen”, explicó el ponente Hernán Penagos.

La pretensión de evitar la comparecencia de los altos mandos militares a la JEP se eliminó y el fuero Constitucional se mantiene solamente para los expresidente de la República. Así las cosas todos los integrantes de las Fuerza Pública deberán acudir, si así se amerita, al nuevo tribunal de paz.

Ahora el texto deberá ser conciliado antes de pasar a la revisión constitucional y por eso el ministro del interior Guillermo Rivera aseguró que confía en que se mantenga lo aprobado para garantizar los derechos de las víctimas.

Estos son los aspectos más importantes de la implementación:

1. Se cierra la puerta a que los graves crímenes queden en la impunidad. No se podrá renunciar a la acción penal, independientemente de quien sea el sancionado, será investigado y sancionado en la JEP.

2. Se garantiza que el régimen de condicionalidad establecido por la Corte Constitucional se cumpla de tal manera que quienes incumplan sus obligaciones como decir la verdad o no volver a cometer delitos deban inmediatamente perder los beneficios.

3. Se establece que los listados de miembros de las Farc queden cerrados, es decir, que no puedan incluirse más personas si no aquellas que hayan sido acreditadas por el Gobierno Nacional.

4. Para efectos de los terceros y los agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública, se crea un procedimiento para ejercer su derecho de asistir o NO a la JEP y se ponen barreras para que los procesos no queden en suspenso y se eviten así prescripciones.

5. En delitos de ejecución permanente como el narcotráfico, cualquier acto de continuidad del mismo, que haya sido ejecutado después del 1 de diciembre de 2016, dará lugar a la pérdida de los beneficios de la JEP.

6. La plenaria aprobó por mayoría que los perpetradores de delitos sexuales contra menores quedan excluidos de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Tendrán que ser juzgados por la justicia ordinaria.

7. Los condenados por delitos sexuales contra menores perderán todos los beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos en la JEP, incluyendo todos aquellos que se establecen en la justicia para los actores del conflicto armado.

8. Los miembros de las Farc tienen garantizada su participación política en las próximas elecciones. La plenaria determinó que los excombatientes podrán ser elegidos al Congreso, posesionarse y mantenerse en sus curules, cumpliendo algunas condiciones, entre las que se cuentan presentarse ante la JEP. Con esta decisión se cumple con uno de los puntos más importantes contemplados en el acuerdo de paz firmado entre el grupo y el gobierno del presidente Juan Manuel santos.

9. Los miembros de las Farc que sean condenados mientras ejercen sus curules en el Congreso, deberán dejarlas en caso de que sus penas deban cumplirse en establecimientos penitenciarios.

10. El juez de la JEP evaluará de qué manera se pueden hacer compatibles la sanción y el ejercicio de los derechos políticos. Si no hay verdad no se podrán ejercer derechos políticos.

11. Las víctimas tendrán protección especial de sus vidas y podrán declarar libremente ante la JEP. La plenaria determinó que las víctimas, testigos e intervinientes puedan acceder al programa de la Unidad Nacional de Protección para garantizar sus derechos.

12. Las inhabilidades para los magistrados de la JEP se mantienen como venían en la ponencia original, es decir, serán las mismas que tienen hoy las altas cortes.

13. Quienes se sometan a la JEP podrán recusar a los magistrados que estén conociendo de los procesos, así como los propios magistrados tendrían la posibilidad de declararse impedidos por creer que han tenido injerencia en algún caso en específico.

14. Se mantienen los fueros como lo establece la Constitución en su artículo 235.

 

El registrador nacional Juan Carlos Galindo entregó los primeros resultados de la consulta liberal realizada este domingo para conocer quién será el candidato presidencial por el Partido Liberal en las elecciones 2018.

La afluencia de votantes ha sido baja en estas elecciones pese a que se habilitaron 9439 mesas en las cabeceras municipales del país.

Los resultados parciales afirman que Humberto de La Calle lidera las elecciones con 362.229 votos ( 53,05%) y Juan Fernando Cristo obtuvo Cristo, 320.496 (46,94%), según el cuarto boletín informativo emitido por la Registraduría, que hasta el momento el 98.54% de las mesas han sido escrutadas.

Además, se registraron 40.961 votos nulos y 13.125 no marcados

 

Durante la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Cámara de Representantes apruebe la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz para "cumplirle a la contraparte, a la comunidad internacional pero sobre todo a las víctimas".

El presidente también dio las gracias al Senado por haber aprobado el proyecto. "Ayer no más el Senado, en algo que agradezco, aprobó finalmente la ley estatutaria que le da vida a la JEP. Quiero agradecerles a los senadores que cumplieron con su función y responsabilidad, ahora le corresponde a la Cámara hacer lo propio. Es muy importante que la Cámara cumpla sus responsabilidades, para un proceso de paz donde se pueda ejercer la justicia, pues la justicia es la base de la paz", afirmó Santos.

Tras cuatro jornadas de discusión plena, la Corte Constitucional avaló la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP y aclaró que los miembros de las FARC podrán participar en política.

“La Corte encontró que el artículo 20 transitorio permite, por un lado, la participación política de las FARC en la medida de que suspenden las condenas que estén en este momento rigiendo, pero la Corte señaló que esa circunstancia está gobernada por las condicionalidades que el acto legislativo creó”, dijo el presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero.

Específicamente dijo, sobre la participación política y el pago de las condenas simultáneamente, que se deja la decisión en manos de la Jurisdicción Especial para La Paz.

“Se determinó que es la propia JEP la que deberá determinar las condiciones que deberá cumplirse la condena y de qué manera esa condena es compatible con el ejercicio de funciones políticas. En ese materia no queda tema definido”, dijo.

Con el acta de sometimiento ante la JEP los candidatos de las FARC podrán participar en política, y una vez se vaya ampliando la aplicación de la Jurisdicción se debe ir evaluando si los candidatos elegidos cumplen a cabalidad con las condiciones de reparación y no repetición.

Acerca de la competencia sobre los terceros, la Corte Constitucional señaló que no podrán ser llamados de manera obligatoria, solo podrán ser llamados si voluntariamente se quieren acoger y en calidad de testigos.

La Corte también estableció que la extradición se podrá llevar a cabo si hay incumplimientos por parte de quienes se sometan a la JEP; que los presidentes, los procuradores, los magistrados y los fiscales no podrán ser juzgados por este tribunal.

Sobre la participación de juristas extranjeros, "que de acuerdo con el acto legislativo se incorporaban con los debates que se surtieran en las salas y en el tribunal de la JEP la Corte encontró que si bien esos jurisitas podría acudir como 'amigos de la Corte' para aportar su concepto experto no era compatible con la constitucional que participaran también en los debates de la Jurisdicción".

Y sobre la tutela la Corte determinó que será esta corporación la que decidierá al respecto y no la Jurisdicción Especial como se planteaba en el acuerdo firmado con las FARC.

Pero además, señaló que la JEP puede funcionar máximo por 20 años. Primero por 10 años y prorrogarse por el mismo tiempo.

 

La Procuraduría Regional del Cesar, le abrió una indagación preliminar y de oficio al Diputado del partido ASI, Jimmy Watson Briceño, por presuntas ausencias a las sesiones ordinarias de la duma departamental en los periodos 2016 y 2017.

La Procuradora Regional, Margarita Cuenca Urbina solicitará a través de un derecho de petición a la secretaría general de la corporación cuantas veces ha fallado Watson Briceño, sin justificación, aunque la Tribuna del Cesar conoció que el Ministerio Público ya tiene conocimiento del dato.

Jimmy Watson Briceño, quien fue denunciado en las sesiones plenarias de la Asamblea por el diputado Eduardo Santos Flórez, se le escuchará por la Procuraduría en versión libre una vez sea notificado de la indagación preliminar.

Se estableció que en el presente periodo sin incluir el pasado, el Diputado de ASI ha fallado a 14 sesiones.

Para darle agilidad a la investigación se conoció que el proceso contra Watson Briceño será verbal.

 

La Ley de Garantías entró en vigencia a partir del 11 de noviembre del 2017 para convenios y contratos interadministrativos y el 27 de enero de 2018 para contratación directa. Colombia Compra Eficiente -CCE-, la Agencia Nacional de Contratación Pública en su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación, explica cómo se aplica esta norma.

“Es importante recordar que la Ley de Garantías está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el domingo 11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz” señaló Juan David Duque, director de CCE.

Asimismo, la Agencia analizó los datos en contratación antes y durante la aplicación de la pasada Ley de Garantías y encontró que, en el primer semestre de 2014, con la entrada en vigencia de esta Ley, la contratación directa fue de $21 billones para un total de 238.339 contratos. Encontrando aumentos en el volumen de las contrataciones una vez terminada la vigencia de la Ley