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Politica

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, aseguró que ese organismo ya abrió formalmente las investigaciones para establecer si el dinero de la multinacional Odebrecht entró a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

La magistrada Ángela Hernández será la encargada de investigar al presidente Juan Manuel Santos, mientras que el magistrado Carlos Camargo hará lo mismo con Óscar Iván Zuluaga.

Cabe aclarar que estos procedimientos solo tienen alcance administrativo.

La próxima semana, algunos miembros del CNE viajarán a Brasil en compañía del fiscal Néstor Humberto Martínez para ampliar la información sobre este escándalo de sobornos a nivel internacional.

 

El Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar que anula la credencial del diputado del partido Verde, Manuel Mejía Pallares, proceso que surgió por la denuncia que hizo Omar Benjumea, aspirante a la Asamblea Departamental en las elecciones de 2015, sobre supuestos fraudes en los escrutinios.

La disputa de Mejía y Benjumea se remonta desde el 2015 cuando en las elecciones para la Asamblea del cesar, Manuel Mejía terminó con un porcentaje superior al 98% de los escrutinios a nivel departamental.

Según los últimos resultados, Manuel Mejía ocuparía la curul de los ‘verdes’ en la Asamblea del Cesar, con 7.177 votos de acuerdo con el reconteo, dejando por fuera a Benjumea con 7.145, quien el día de las elecciones había obtenido la mayor votación del Partido, sin embargo los escrutinios arrojaron un resultado diferente.

Desde que inició el proceso de escrutinios en Valledupar, Omar Benjumea aseguró que se le habían perdido unos votos, mientras que Manuel Mejía los aumentaba.

Luego de conocer el fallo que anuló la credencial de Manuel Mejía Pallares por el Consejo de Estado, a través de comunicado dijo que no hizo fraude y que seguirá usando recursos extraordinarios para defenderse, pero aclaró que acepta el fallo.

“Es evidente y así está demostrado en la actuación judicial, mi conducta transparente, responsable y respetuosa del mayoritario respaldo que me eligió Diputado en la lista del Partido Verde para el presente periodo. La aspiración de mis copartidarios y particularmente la convicción de quienes me eligieron su vocero en la Asamblea del Departamento del Cesar, ha estado suficientemente correspondida en mis actuaciones y ejecutorias públicas en defensa de los más altos intereses del Cesar”, dijo.

Sostuvo que durante toda la actuación judicial mantuvo el mayor respeto ante las decisiones de los jueces que arbitraron el proceso. “No obstante la adversa decisión convoco y asumo continuar la lucha por conquistar oportunidades en favor del pueblo Cesarense, especialmente de mí siempre querido Chiriguaná, desde la tribuna del ejercicio transparente de la política”, puntualizó.

 

El Presidente Juan Manuel Santos al presentar hoy a los colombianos el nuevo Código de Policía que regirá desde  este lunes, afirmó que la normativa satisface las exigencias sociales actuales y precisó que busca evitar que problemas de convivencia se transformen en procesos penales.

“Las reglas que tenemos para garantizar la convivencia, el respeto de los derechos de todos, están contenidas en el Código Nacional de Policía. Pero teníamos un Código que no se había ajustado desde hace más de 45 años”, indicó el Mandatario durante alocución televisada.

Subrayó que en la nueva normativa los principales beneficiarios son los ciudadanos, porque se trata de “un ‘manual de convivencia’ que contribuirá a la paz –a una mejor calidad de vida para todos–. No es nada distinto a un marco de derechos y deberes para vivir en sociedad, respetándonos los unos a los otros”.

El Jefe del Estado señaló, como ejemplos, que el nuevo Código de Policía contempla el cierre de “cualquier venta no autorizada de celulares”, como una de las  formas para combatir el hurto de esos aparatos.

Dijo que además habrá multas para “quien inicie o participe en riñas callejeras” y advirtió que “poner música a alto volumen y en horarios que puedan molestar a vecinos le puede costar a los ciudadanos casi 400.000 pesos”.

Así mismo, continuó, se sancionará  a las personas que arrojen basura en la calle, y quienes ingresen sin pagar a cualquier sistema de transporte masivo serán multados con 196 mil pesos.

También, si alguien daña las compuertas o los buses “tendrá que repararlos y además recibirá una multa”, agregó.

El Mandatario indicó que durante los próximos seis meses se desarrollará una etapa de enseñanza activa del Código y que las sanciones, en este lapso, serán pedagógicas.

Aseveró que tanto alcaldes como gobernadores deberán adoptar la normativa, socializarla con sus comunidades y que será fundamental que el Código “lo armonicen con la normatividad local y que trabajen en coordinación con la Policía”.

“Estoy convencido de que este nuevo Código es un paso importante para garantizar una convivencia más tranquila, armónica y pacífica en nuestra vida cotidiana”, concluyó el Presidente Santos.

El cesarense Faruk Urrutia, asumió la curul de senador de manera temporal en reemplazo de Paloma Valencia del Partico Centro Democrático, quien se encuentra en licencia de maternidad. Faruk se posesionó ante el presidente del Senado, Mauricio Lizcano. 

En sus primeras declaraciones Urriria dijo “Desde el Senado de la República vamos a trabajar con toda deferencia y respeto por la Constitución y la ley, representando al Cesar”.

Agregó “vamos a respetar todos los postulados del partido lo que hemos venido defendiendo a través de todo este tiempo en cuanto a la agenda política del país”.

El presidente Juan Manuel Santos anunció una “guerra contra la corrupción”, al presentar nuevas regulaciones para la contratación con las entidades sin ánimo de lucro, medidas para la transparencia de las entidades y 2 proyectos de ley para reducir beneficios a los implicados en casos de corrupción y conocer los verdaderos dueños detrás de las empresas.

El jefe de Estado lamentó la “impunidad” que se registra en estos casos en Colombia. Según un estudio del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, “el 50 % de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel”.

“El 25 % reciben el beneficio de casa por cárcel, ¡háganme el favor!, y el 25 % restante que va a la cárcel solo permanece recluido unos 22 meses. Así queda difícil combatir con eficacia la corrupción”, advirtió el mandatario.

Puso de ejemplo el caso reciente del ex viceministro de transporte Gabriel García, “el funcionario que fue capturado por la Fiscalía por el escándalo Odebrecht, este funcionario con la simple aceptación de cargos ya tiene derecho al 50 % de la rebaja de su pena”.

Proyectos de ley para reducir beneficios a corruptos y revelar propietarios de empresas 

Al presentar las cifras que alertan sobre el nivel de impunidad en Colombia, anunció 2 proyectos de Ley, que se radicarán en los próximos días en el Congreso para combatir la corrupción.

La primera norma buscará que los implicados en casos de corrupción no tengan rebajas de penas, ni derecho a la casa por cárcel.

“Pretende reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, es decir, cuando reconocen la responsabilidad y elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos”, explicó.

La segunda norma buscará que “toda empresa que opere en Colombia tiene que dar la información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa”.

“Es decir, sus beneficiarios reales, y así podemos prevenir que se usen empresas o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción”, justificó el presidente Santos que anunció que en los próximos días se radicarán en el Congreso de la República.

Al término de una reunión con Comisión Ciudadana de lucha Contra la Corrupción y luego de un encuentro con la Comisión de Moralización donde está el fiscal, el contralor, el procurador, el defensor del pueblo y demás instancias y organismos de control en Colombia, convocó a sus cabezas para declararle la guerra a la corrupción.

El Tribunal Administrativo del Cesar decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Número 218 del 20 de octubre de 2016, expedida por la Asamblea Departamental del Cesar, y en consecuencia separar del cargo al diputado Jairo Rafael Gómez Cervantes, del partido Cambio Radical.

En la sala realizada el pasado 19 de enero, los magistrados Viviana Mercedes López Ramos, Carlos Alfonso Guechá Medina, presidente del Tribunal Administrativo del Cesar y Doris Pinzón Amado, tomaron la decisión de separar del cargo a Gómez Cervantes, quien llegó a la Duma Departamental en reemplazo de Julio Casadiego, a quien le anularon la elección.

La demanda de nulidad electoral en contra de Jairo Gómez Cervantes, fue presentada por el abogado Edwin Alfredo Amaya Fuentes, quien solicitó como medida de control electoral, la suspensión provisional del diputado, ya que este aspiró a la Asamblea del Cesar en 2011 por el Partido de la U. y en el 2015 lo hizo por el Partido Cambio Radical, lo que para el demandante configura una doble militancia.

El proceso continúa con la audiencia de pruebas y alegatos en donde el diputado podrá defenderse de las acusaciones que pesan en su contra por doble militancia.

El Consejo de Estado a través de la Sección Quinta se pronunció este viernes sobre la demanda de nulidad electoral presentada en contra del gobernador Francisco Ovalle Angarita, por doble militancia. La demanda fue instaurada por el excandidato Arturo Calderón Rivadeneira.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de Calderón y mantiene en firme la elección de Ovalle Angarita.

En el texto del comunicado del Consejo de Estado indica: la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del Gobernador del departamento del Cesar por el Partido de La U, Francisco Fernando Ovalle Angarita, al desvirtuar las acusaciones que lo señalaban de haber incurrido en doble militancia

La Sala Electoral, por unanimidad y tras haber sido derrotada la ponencia de la doctora Rocío Araújo Oñate, consideró que no está probada la doble militancia, teniendo en cuenta las pruebas arrimadas al proceso y especialmente el análisis detenido de los estatutos del Partido Cambio Radical.

La demanda se fundamentaba en una inexistente doble militancia por varios motivos: en primer lugar, la labor desarrollada en su condición de coordinador de dicha colectividad en el departamento del Cesar del hoy gobernador Ovalle Angarita. Sin embargo, en concepto de la Sala, la coordinación no puede homologarse con un cargo de dirección, por lo que el señalamiento no prosperó.