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Politica

Este martes los tres candidatos para el remplazo del exmagistrado Jorge Ivan Palacio quien terminó su periodo constitucional hace varios meses en la Corte Constitucional, serán escuchados por el Senado y el miércoles se harán las votaciones para la elección.

Se trata de los abogados Judith Bernal de Valdivieso, Jhon Jairo Morales Alzate y Jose Fernando Reyes Cuartas, quienes han tenido experiencia en temas penales, precisamente se rumora en la Corte Constitucional que sus nombres gustan a los magistrados que la integran.

 Estos son los perfiles

 1. Judith Bernal de Valdivieso: 

Es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público, Gestión Judicial y Derecho Penal de la UNAB

Su carrera profesional ha estado ligada a la Rama Judicial, pues ha sido juez de carrera con ejercicio profesional en Bucaramanga, Barrancabermeja, Piedecuesta, Floridablanca, San Vicente de Chucurí, Cepitá, Matanza, Málaga y Puerto Wilches.

Pero también se ha desempeñado como jueza penal del circuito para adolescentes, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad, entre otros cargos.

2. John Jairo Morales Alzate: 

Es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial y Derecho Administrativo de esa misma institución. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes y Legum Magister de la Universidad de Konstanz (Alemania).

Ha sido conjuez de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también personero delegado.

Ha sido docente de las universidades Libre, Santo Tomás, Católica y de La Salle, entre otras. En los últimos años asumió el cargo de decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

3. José Fernando Reyes Cuartas:

Abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Estudios Penales de la misma institución.

Realizó estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Durante su trayectoria laboral ha sido Procurador Judicial y juez de la ciudad de Manizales. Y desde hace 13 años se ha desempeñado como magistrado del tribunal superior del distrito judicial de la capital del departamento de Caldas.

 

Chiriguaná se suma a los municipios del Cesar con movimientos de revocatoria a sus mandatarios en ejercicio. Los líderes del proceso contra la alcaldesa Zunilda Toloza Pérez sostienen que ella no ha cumplido con su plan de gobierno.

El movimiento de revocatoria elevó la solicitud del proceso a la Registraduría Nacional del Estado Civil y espera en por lo menos un mes recolectar las 1950 firmas necesarias para llegar hasta las urnas y consultar allí a los ciudadanos sobre si desean o no la continuidad de Toloza Pérez en el cargo.  

La postura política es asumida en coordinación por Jaime Jiménez Reales, excandidato a la Alcaldía de esa población, pero terminó sumado a la fuerza política de la hoy mandataria.

Otro de los argumentos expuestos para promover la revocatoria es que el verdadero poder dentro de la Administración Municipal estaría en manos del esposo de la alcaldesa, Carlos Torregrosa, y de uno de los hermanos de ella.

Se conoció que existe un mal ambiente dentro del mismo equipo de gobierno de Zunilda Toloza Pérez y con instituciones descentralizadas como la Comisaría de Familia.

Junto a Chiriguaná, en el Cesar están vigentes los procesos de revocatoria en Curumaní, Aguachica, Astrea y El agua de Ibirico, mientras que en El Copey el proceso llegó a la consulta de las urnas, pero el gobierno se mantuvo y en San Martín el proceso fue suprimido por la Registraduría. 

El Presidente de la República sancionó una ley que modifica las penas privativas de prisión, en unos casos, y eleva las multas en otros, para las conductas vulneratorias de los mecanismos de participación democrática.

Quienes violen los topes o límites de gastos en las campañas electorales y quienes utilicen recursos para la financiación de éstas de fuentes prohibidas enfrentarán penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 8 años, y altas multas.

En efecto, la Ley 1864 de agosto del 2017, sancionada en las últimas horas por el Presidente Juan Manuel Santos, introdujo modificaciones al Código Penal (Ley 599 del 2000) en el capítulo sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática.

La nueva normativa  respecto de la financiación señala: “El gerente de la campaña electoral que permitan en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

Además, en la misma pena “incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior”.

También en la “misma pena incurrirá el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral. En la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a la campaña electoral”.

Con respecto a la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, la mencionada ley indica: “El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

Según la norma, el delito de omisión de información del aportante significará para el responsable prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 smlmv.

Otras disposiciones

La Ley 1864 también introdujo variantes con respecto al delito de perturbación el sistema democrático, cuyos responsables aparte de la pena de prisión deberán pagar multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de constreñimiento al sufragante la norma adiciona la multa y aumenta la pena, que oscila entre 4 y 9 años, de la mitad al doble cuando “la conducta sea realizada por servidor público”.

Otro tanto ocurre con la conducta de fraude al sufragante, la pena que está entre 4 y 8 años de prisión “se aumentará de una tercera parte a la mitad” cuando el responsable sea servidor público y se aumentará de la mitad al doble “cuando la conducta este mediada por amenazas de pérdidas de servicios públicos estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales…”.

En torno del fraude en la inscripción de cédulas el responsable enfrentará prisión de entre 4 y 9 años, y multa de 50 a 200 smlmv. En este caso también “la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.

Sobre la elección ilícita de candidatos la norma ordena que quien resulte elegido n un cargo de elección popular “estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 200 a 800 smlmv”.

Con respecto al delito de corrupción al sufragante, la nueva norma prevé pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 smlv.

Alteración de resultados

Las penas para delitos como: alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y denegación de inscripción también fueron modificadas.

Así, el responsable de alterar resultados electorales purgará de 4 a 8 años de prisión y tendrá multa de 50 a 200 smlmv.

El ocultamiento y posesión ilícita de cédula será penalizado de 4 a 8 años de prisión, y habrá multa de 50 200 smlmv.

La denegación de inscripción señala que el servidor público a quien por ley corresponda la inscripción de un candidato o lista de candidatos para elecciones populares que “no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca” incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 smlmv.

La misma pena será aplicable por las conductas descritas cuando se trate plebiscito, referendo, consulta popular y revocatoria del mandato.

Igualmente, conductas como la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, el favorecimiento de voto fraudulento y el tráfico de votos.

Para el tráfico de votos la ley contempla prisión de cuatro a nueve años y multa de 400 a 1.200 smlmv. Así mismo, el responsable o responsables del voto fraudulento incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 smlmv.

Finalmente. el servidor público que no entregue oportunamente a la autoridad competente de documentos electorales purgará prisión de 4 a 9 años y enfrentará multa que oscila entre 50 y 200 smlmv.

 

15 conejales de Valledupar vuelven a perder la cómoda forma de dormir, al removerse el proceso que les inhabilitó y destituyó por 13 años, en primera instancia, pero que en segunda los absolvió ante la misma Procuraduría General de la Nación.

Ahora, a través del fallo a una acción de tutela, el Tribunal Administrativo del Cesar ordena al procurador general de la Nación, Fernándo Carrillo Flórez, que en cinco días hábiles “resuelva de fondo la solicitud de revocatoria directa presentada por Álvaro Molina Rodíguez el 5 de abril de 2017”.

Este proceso obedece a las supuestas faltas disciplinarias en las que habrían incurrido 15 de los 19 concejales de la ciudad, al elegir a Álvaro Luis Castilla Fragozo como contralor municipal y no a Omar Javier Contreras Socarrás, frente al posible conflicto de interés por ser el primero financiador de la campaña del hoy alcalde de Valledupar. Al final el Consejo de Estado ordenó, como en efecto ocurrió, dar posesión a Contreras Socarrás.

Los concejales implicados en el proceso son Luis Miguel Santrich, Víctor Julio Alvarado, José Amiro Araméndiz, Yesid Triana, Carlos Picón, Alex Pana, Wilfrido Ortiz, Jaime Bornacelly, Guido Castilla, Ciro Guzmán, Dorismel Celedón, José Gómez, Wilber Hinojosa, Gabriel Muvdi y Eudes Orozco.

El accionante de la tutela que remueve este caso es Álvaro Molina, un aspirante a ingresar al Concejo, luego de que lograra 1.378 votos, tras aspirar por el Movimiento Avanzar es Posible. Su colectividad perdería las dos curules logradas en las urnas, incluyendo la del actual presidente de la corporación, Luis Miguel Santrich.

 

“Aún sin partido Humberto de La Calle es la persona más idónea para liderar a quienes apoyamos el Sí y nos movilizamos a favor del acuerdo de paz, es el indicado para gobernar a Colombia en el posconflicto”, señaló el codirector del Partido de La U Armando Benedetti.

“Bienvenido a la contienda electoral, bienvenido al debate público, cada vez somos más los colombianos en coalición que queremos derrotar a quienes quieren volver trizas a Colombia, quiero debatir y competir con él, es un gran estadista, nos ayudó con la constitución del 91 y con el proceso de paz con las Farc”, dijo la senadora y precandidata presidencial de la Alianza Verde Claudia López.

“Me parece lógico pero resulta censurable el hecho de que muchas de las condiciones del proceso de paz estuvieran atadas al interés electoral que ahora demuestra Humberto de La Calle y que le quita objetividad y legitimidad a lo pactado en La Habana”, afirmó el senador de Cambio Radical Germán Varón.

“Veo un candidato con rodilleras, a la paz y al presidente Santos y a ese acuerdo que ayudo a construir, no le auguro ningún futuro a ese proyecto político”, manifestó la senadora y precandidata del uribismo María del Rosario Guerra.

El presidente, Juan Manuel Santos, designó a la secretaria de Educación de Barranquilla, Karen Abudinén, como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

La designada directora del ICBF es egresada de la facultad de Derecho de la Universidad del Norte y entre sus actividades profesionales se encuentra haber estado vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la ciudad de Washington.

Nació en la ciudad de Barranquilla y también fue directora nacional de Primera Infancia del Instituto de Bienestar Familiar y secretaria de Educación de la Capital del Atlántico.

 

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) se constituyen en la columna vertebral de la construcción de la paz en el país, porque priorizan la participación de las comunidades en la construcción e implementación de proyectos en los municipios más afectados por el conflicto, dijo este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos.

En este municipio del Cesar, el Primer Mandatario dijo que las comunidades organizadas van a tener voz y voto en la definición del tipo de desarrollo que quieren y la manera como se imaginan a su municipio en 10 o 15 años.

“Estos planes son la columna vertebral de la construcción de la paz que tenemos que hacer todos los días, en todo momento y en todo lugar. La paz se construye desde los territorios”, indicó el Jefe del Estado.

“La paz la debemos crear nosotros mismos, dejar los odios, la sed de venganza, los rencores y reconciliarnos. Reconciliarnos como sociedad, como seres humanos, como colombianos”, agregó.

¿Qué son?

Los planes se constituyen en un mecanismo creado en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, para implementar de manera rápida la Reforma Rural Integral en 11.000 veredas de 170 municipios priorizados por el Posconflicto, de los cuales 29 corresponden a las subregiones de los Montes de María (Bolívar y Sucre) y Sierra Nevada – Perijá (Cesar, La Guajira y Magdalena).

Pero el Presidente Santos dijo que ese programa no se limitará a esas localidades sino que cubrirá todo el país.

“Toda Colombia se va a beneficiar de esta paz. Hay planes concretos para que así sea. Lo que hemos hecho es priorizar los municipios más afectados como un ejercicio de reparación”, dijo.

“Tenemos que sanar esas heridas que la guerra nos ha abierto a tantos colombianos. Esas heridas se sanan de muchas formas y una de ellas es llevando desarrollo y progreso, abriendo oportunidades a familias y comunidades que tanto han sufrido la guerra”, agregó.

Los municipios de estas zonas priorizadas por contar con mayores índices de conflicto armado, pobreza, debilidad institucional y cultivos ilícitos son: El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano (Bolívar); Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Tolú Viejo (Sucre); Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Manaure Balcón del Cesar (Cesar); Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar (Guajira); Santa Marta, Aracataca, Ciénaga y Fundación (Magdalena).

Este programa será coordinado por la Agencia de Renovación del Territorio, en cabeza de Mariana Escobar Arango, quien estará presente en el lanzamiento de este PDET.

“Una forma de reconciliarnos es llevar progreso a las regiones y reconciliarlas. ¡Qué bueno estar aquí en un municipio con ese nombre tan lindo! Es lo que encarna lo que vamos a construir en toda Colombia. El que me suceda ojalá continúe con el mismo entusiasmo, pero son ustedes quienes se deben apropiar del proceso de construcción de paz y que nadie les quite ese derecho y ese privilegio”, puntualizó.