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Avianca radicó éste lunes, 25 de septiembre, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades adelantado por los pilotos de la compañía pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC. 

De acuerdo con la Compañía la huelga ha generado serias y graves afectaciones a la conectividad y a los viajeros, así como a la economía y la competitividad nacional. 

En una comunicación Avianca explicó las razones presentadas por la compañía que parten de la Ley 336 de 1996 que en sus artículos 5 y 68 establece claramente que el transporte aéreo es un servicio público esencial, que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país, siendo la huelga un acto de incumplimiento que da prelación al interés particular sobre el interés general. 

También la Aerolínea anunció que se anexan pruebas que demuestran los vicios de procedimiento en la convocatoria de ACDAC, como el no haber indicado expresamente en la citación de la Asamblea que la votación era para la convocatoria a huelga, no haber invitado a dicha Asamblea a todos los trabajadores de la compañía, y ejecutar el cese de actividades con una votación claramente minoritaria, en la que solo participaron algunos de los afiliados de ACDAC, desconociendo con ello que la huelga en términos legales y constitucionales exige la votación a favor de ésta, de la mitad más uno de todos los trabajadores de Avianca S.A. 

Según Avianca, como consta en los registros oficiales, entre el 20 y el 24 de septiembre, y como producto del paro de los pilotos de ACDAC, Avianca se ha visto en la obligación de cancelar un total de 1.088 vuelos, que equivalen al 49% del itinerario programado para esas fechas, afectando con ello 97.768 pasajeros y otros 12.877 pasajeros que han debido ser reacomodados en otras aerolíneas. 

De igual manera se ha venido afectando de manera sensible el traslado de medicamentos, vacunas, órganos humanos y alimentos a zonas alejadas del país, como quiera que Avianca constituye en muchos casos la principal transportadora de víveres y fuente de abastecimiento de ciudades fronterizas y distantes de la capital de Colombia. 

En el comunicado la compañía está a la espera de las determinaciones que deba tomar el Ministerio de Trabajo en torno a la convocatoria del tribunal de arbitramento, que para el caso de los servicios públicos esenciales en el único medio que prevé la ley para resolver los conflictos colectivos. 

De declararse la ilegalidad del cese de actividades se darían consecuencias en materia laboral, civil y penal, a todos aquellos que, excediendo la Ley, convocaron y secundaron el cese de actividades que se viene adelantando, y que está generando graves daños y perjuicios, todos ellos irreparables a los viajeros, a la empresa y al país.

Publicado en Nacionales